"De acuerdo con estos informes, ni siquiera podemos ofrecerles lo que les ofrecimos antes de que se iniciara la huelga". Eso es lo que ha anunciado este martes el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, que ha reconocido que la dirección de la empresa trasladó a los trabajadores de los Centros Turísticos una oferta que sería "ilegal".
Los nuevos informes fueron solicitados por San Ginés hace solo dos semanas, después de que la oposición en bloque reclamara un Pleno extraordinario con una propuesta para poner fin al conflicto de los Centros. Fue la solicitud de ese Pleno lo que llevó a los trabajadores a suspender la huelga, a la espera de que se celebrara la sesión, y también la que motivó la solicitud de esos informes.
Ahora, San Ginés ha comparecido ante los medios para sostener que la propuesta de la oposición sería "ilegal", y que cualquier posible acuerdo que se adoptara en ese Pleno sería "nulo". Sin embargo, también ha tenido que admitir que una de las condiciones que sí estaba dispuesta a asumir la empresa antes de que se iniciara la huelga incumplía igualmente la ley de presupuestos del Estado.
"Tienen menos de lo que la dirección llegó a ofrecer"
"Hoy, con los informes en la mano, los trabajadores tienen menos de lo que la dirección llegó a ofrecer", ha afirmado el presidente durante la rueda de prensa, en la que ha cargado especialmente contra su ex socio de gobierno, el PSOE, y contra el asesor laboral de los trabajadores, Andrés Barreto. "Todo esto agradézcanselo a Andrés Barreto, María Dolores Corujo y Carlos Espino", ha afirmado lanzando un mensaje a los trabajadores. "Lamentablemente para ellos, finalmente se forzaron informes jurídicos de la propia institución que han revelado que ni siquiera lo ofrecido en su día, en los términos en los que está redactado el ofrecimiento, sería legal", ha señalado en otro momento de su comparecencia, tras admitir que ya entonces tenían la "duda" de si esa oferta cumplía la legislación.
Lo que no ha explicado San Ginés es por qué no solicitó antes estos informes, para determinar si lo que reclamaba el Comité de Huelga y lo que llegó a ofrecer la empresa se ajustaba a la legalidad. "Porque se han pedido ahora", se ha limitado a responder cuando este medio le ha planteado esa pregunta. "Usted quiere poner los focos donde los quiere poner y yo los he puesto donde está lo importante", ha contestado al volver a preguntarle por qué no se pidieron esos informes antes.
En cuanto al dictamen de Intervención al que se aferraba durante la huelga para sostener que lo que reclamaban los trabajadores era ilegal, el presidente ha vuelto a reconocer que era solo un dictamen "genérico", tal como publicó en su día La Voz. Y es que entonces, San Ginés se limitó a preguntar a la interventora si la EPEL de los Centros debía cumplir la ley estatal de estabilidad presupuestaria, pero no si lo que reclamaba el Comité de Huelga incumplía o no esa ley.
San Ginés intentó sin éxito llevar su propuesta a Pleno
Ahora, con el nuevo informe solicitado a Intervención –y otros dos encargados a los servicios jurídicos y a Recursos Humanos- San Ginés ha reconocido que también tendrá que modificar la propuesta que él mismo pretendió llevar a Pleno el pasado 1 de septiembre. Aquella sesión extraordinaria ni siquiera llegó a celebrarse, ya que la oposición votó en contra de la urgencia, al no haberse especificado en el orden del día qué se iba a votar ni haberse entregado informes.
Desde entonces, el presidente ha venido afirmando que volvería a convocar esa sesión, pero en su comparecencia de este martes ha señalado que no sabe si finalmente lo hará o no. "¿Y qué propuesta llevará en caso de convocar ese Pleno?", se le ha preguntado. "Será la que figure el día que se convoque", ha espetado sin responder a la pregunta. Lo que sí ha confirmado es que, a la luz de los nuevos informes, "obviamente" no será "la misma" que pretendía que se aprobara hace tres semanas.
"Sabemos que la sensación que se le puede quedar a un trabajador, cuando ha estado 20 días sin trabajar, cuando se le está diciendo que ahora sobre la mesa, y legalmente, lo que hay es menos de lo que se le ofreció antes de la huelga. Es bastante duro de digerir, y ahora a lo que estamos dispuestos es a explorar fórmulas que nos permitan alcanzar aquel objetivo, siempre que se encuentre el marco legal. Pero en los términos en los que fue planteado, no es posible", ha afirmado San Ginés.
Pide que "impere la sensatez"
En cuanto al Pleno extraordinario solicitado por la oposición, ha señalado que se celebrará el 9 de octubre, tras agotar los plazos legales para convocarlo. No obstante, ha pedido a los partidos que lo solicitaron que "reflexionen", para que "impere la sensatez". Además, les ha lanzado un desafío, afirmando que si el acuerdo que proponían sale adelante, "delegará" la ejecución de ese pago que reclaman los trabajadores "en cualquiera de los miembros de la oposición" que se "atreva a malversar".
Respecto a esos importes, uno -el que la empresa estaba dispuesta a aceptar y ahora afirma que tampoco es legal- hace referencia a los pluses de transporte, lavado de ropa y disponibilidad, y al modo de ejecutar la sentencia que daba la razón a los trabajadores. El otro, se refiere al cálculo del complemento personal que reciben.
En su comparecencia, el presidente ha asegurado que va a tender "la mano a los trabajadores y a los sindicatos" y a "buscar fórmulas" para resolver el conflicto y evitar que se reactive la huelga, que solo quedó suspendida a la espera de ese Pleno solicitado por la oposición. No obstante, San Ginés ha vuelto a cargar contra el Comité de Huelga, afirmando que se trata de un "conflicto artificial", con "tintes políticos" e "irresponsable". Y también ha arremetido especialmente contra su ex socio de gobierno, del que ha afirmado que es "especialista en saltar por la borda y abandonar el barco cuando hay problemas reales que afectan a los lanzaroteños".
