La confesión de uno de los acusados ha marcado la primera jornada del juicio de la pieza número 13 del caso Unión, que ha comenzado este lunes en Arrecife y que sienta en el banquillo a cuatro personas por los pagos por trabajos presuntamente no prestados al empresario José Daniel Hernández Arráez. Durante su declaración, el ex concejal de Hacienda y Urbanismo de Arrecife, José Miguel Rodríguez, ha reconocido que es culpable de haber "consentido una malversación" de unos 250.000 euros y ha mostrado su conformidad con los hechos que relata la Fiscalía. Incluso, ha devuelto ya una parte del dinero que se le reclama como responsabilidad civil.
"Con mi firma se han burlado una serie de procedimientos" y "se ha podido beneficiar a terceros", ha declarado el ex edil, que autorizó que desde su Concejalía se pagaran hasta 14 facturas vinculadas supuestamente con el área de Festejos, pese a que este departamento no intervino para nada en esa contratación. De hecho, quien realizó el encargo fue otro de los acusados, el que era jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha, según ha declarado él mismo. Y lo hizo sin realizar un informe sobre la necesidad de ese gasto, sin convocar un concurso y sin pedir siquiera otros presupuestos. Después, también fue Arrocha quien supuestamente supervisó que el trabajo se prestara.
Sobre por qué firmó esas facturas si creía que esos trabajos no se habían realizado, José Miguel Rodríguez ha respondido señalando directamente al cuarto acusado, el interventor Carlos Sáenz, al que ha implicado incluso en otras causas que investiga o ha investigado la Justicia. Según el ex concejal, "consintió" firmar esas facturas porque antes el interventor "había consentido en otras de la misma manera para que yo o mi partido nos lucráramos".
"El que tenía que estar siempre era Carlos Sáenz"
El ex edil, que ha llegado a hablar de "pequeños reinos de taifas" dentro del Ayuntamiento, ha asegurado que esta forma de proceder era "habitual en Arrecife" y ha vinculado a Carlos Sáenz, incluso, a una causa que ya está juzgada, por los pagos por trabajos no prestados a Francisco Rodríguez Batllori. En esa causa fueron condenadas las seis personas que se sentaron en el banquillo, pero entre ellas no estaba el interventor. Sin embargo, Sáenz sí está acusado en otras piezas del caso Unión (incluyendo la que se ha empezado a juzgar este lunes) y es uno de los principales imputados en el caso Montecarlo, donde también se investigan presuntos delitos de malversación.
"El que tenía que estar siempre era Carlos Sáenz", ha insistido Rodríguez, afirmando que el papel del interventor era clave para poder realizar pagos que, según reconoce, eran fraudulentos. "¿Usted firma porque en otras ocasiones le han ayudado a llevarse dinero?", le ha preguntado el fiscal Ignacio Stampa, a lo que Rodríguez ha asentido. Sobre por qué cree que los trabajos realmente no se prestaron, si Rafael Arrocha había dado el visto bueno, el ex concejal ha respondido que "por el modus operandi", que "era irregular" y que, según su declaración, era el mismo que utilizaban con otros pagos fraudulentos.
Por eso, aunque asegura que en este caso él no recibió ninguna cantidad económica a cambio, ha insistido en que no puso reparos porque anteriormente, en el abono de otras facturas a distintas empresas, tanto él "personalmente" como su partido, el PIL, habían obtenido "un lucro". Y según él, en todos esos casos, "el que siempre estaba era el interventor".
"Lo he perdido todo"
Durante su declaración en el juicio, a Rodríguez se le ha quebrado incluso la voz. "He perdido mi casa, mi matrimonio, mi trabajo. He perdido todo. Lo único que quiero es que mi testimonio sirva para aclarar esta situación", ha afirmado el ex concejal, para explicar el porqué de su confesión (ya confesó también en la pieza de Batllori y asegura que está colaborando en las otras dos causas que tiene pendientes de juicio).
Además, tanto él como su abogado han insistido en subrayar que si no ha aportado todo el dinero que le reclama la Fiscalía en esta causa como responsabilidad civil es porque no tiene recursos económicos para hacerlo. La pasada semana, Rodríguez aportó finalmente algo más de 2.000 euros, que es lo que sostiene que ha podido reunir, después de pagar también su responsabilidad en la otra pieza en la que fue condenado.
El ex concejal entró al Ayuntamiento tras las elecciones de 2007 y fue detenido dos años después, en mayo de 2009, cuando estalló la operación Unión. Tras su arresto pasó cuatro meses en prisión provisional y poco después de salir de la cárcel renunció a su acta, después de apoyar una moción de censura que convirtió en alcalde a Cándido Reguera.
"No se corresponden con trabajos ni con nada"
"He autorizado, he consentido a través de mi firma lo que he consentido. Y esos pagos no se corresponden con trabajos ni con nada", ha respondido Rodríguez a las defensas de los acusados, que han insistido en preguntar si realmente le constaba que esos trabajos no se hubieran realizado. "Los trabajos no me consta que se hicieran. Me debería haber constado y no me consta", ha señalado el ex edil, que firmó esas facturas como concejal autorizando los pagos.
También uno de los jueces que componen la sala le ha preguntado si tenía la certeza de que los trabajos no se hicieron y por qué. Al respeto, Rodríguez ha respondido detallando las distintas irregularidades que considera que se dieron. Por ejemplo, que una de las facturas era para gastos de electricidad de las fiestas de Chaxiraxi, que se celebran en un centro sociocultural "donde no hace falta llevar acometida de nada". Solo por la supuesta instalación eléctrica para esas fiestas de Argana Baja en el año 2008, el Ayuntamiento pagó a este empresario unos 45.000 euros en dos facturas distintas: una de montaje y otra de desmontaje.
Rodríguez también ha subrayado que esa contratación se tendría que haber realizado desde el área de Festejos y cargando el gasto a su presupuesto, y no a las Concejalías que él gestionaba (Hacienda y Urbanismo). También ha considerado "irrisorio" que lo que se hiciera fuera reforzar "por unos días" una línea del alumbrado público, como han declarado los otros acusados. "Ni siquiera hemos hecho ese refuerzo en otros sitios más interesantes", ha subrayado el ex edil, insistiendo en que menos sentido tenía aún hacerlo con motivo de las fiestas de Chaxiraxi.
Además, también ha hablado de fraccionamiento de facturas y de la necesidad de haber pedido al menos otros presupuestos. Al respecto, la Fiscalía y la acusación particular sostienen se tendría que haber sacado a concurso este servicio, mientras que las defensas alegan que se trataba de un contrato menor porque era una obra y uno un servicio (el límite para realizar una adjudicación directa está en 18.000 euros en el caso de la contratación de servicios y en 50.000 en el de contratación de obras). Por su parte, Rodríguez ha defendido que en cualquier caso, "fuese como fuese, siempre se pedían varios presupuestos", aunque se fuera a realizar una adjudicación sin concurso. "Eso como mínimo", ha apostillado.
Además, también ha dicho que "no se entendía" por qué el empresario "no presentó las facturas en el momento" y las presentó todas juntas en diciembre, cuando supuestamente llevaba realizando trabajos para el Ayuntamiento desde marzo. "¿Por qué cree que las presentó todas en diciembre? ¿Tenía alguna ventaja? ¿O era todo una invención y no se hizo nada ni en marzo, ni en abril ni nunca?", le ha preguntado el fiscal. "Eso es lo que pienso. Y si se hizo, se hizo poco", ha respondido Rodríguez, que ha defendido que "la distancia más corta para llegar a un sitio es diciendo la verdad" y ha asegurado estar "totalmente arrepentido".
