La cifra podría subir porque sólo recurrió la propietaria del solar

Reguera no recurrió una tasación del Jurado de Expropiación Forzosa, que podría costarle al Ayuntamiento más de 20 millones de euros

El Ayuntamiento de Arrecife podría tener que afrontar un pago, como mínimo, de más de 20 millones de euros por una parcela ubicada junto a El Charco de San Ginés, frente al bar Ginory. Aunque ...

9 de mayo de 2013 (01:30 CET)
Reguera no recurrió una tasación del Jurado de Expropiación Forzosa, que podría costarle al Ayuntamiento más de 20 millones de euros
Reguera no recurrió una tasación del Jurado de Expropiación Forzosa, que podría costarle al Ayuntamiento más de 20 millones de euros

El Ayuntamiento de Arrecife podría tener que afrontar un pago, como mínimo, de más de 20 millones de euros por una parcela ubicada junto a El Charco de San Ginés, frente al bar Ginory. Aunque el Consistorio y la actual propietaria aún mantienen pleitos en los Juzgados, el grupo de gobierno encabezado por Cándido Reguera no recurrió en su día la última tasación del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, que se realizó en 2010, por lo que en el "mejor" de los casos, sería ésa la que se aplique.

La batalla judicial por ese solar, utilizado actualmente como aparcamiento, comenzó cuando el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad calificó ese terreno como zona verde. En ese momento, la titular de la parcela era la sociedad Litos Canarios, que acudió a los tribunales, reivindicando el carácter urbano de la parcela y reclamando su derecho a recibir una compensación económica. La sentencia dio la razón a la empresa y estableció que el Ayuntamiento debía expropiar ese suelo, pero desde entonces se discute cuál es el importe que el Consistorio debe pagar.

En el año 2006 llegó una primera resolución de la Junta Provincial de Expropiación Forzosa, que fijó el precio en algo más de 31 millones de euros. El pronunciamiento se realizó a petición de los propietarios del terreno, que decidieron instar la expropiación, al entender que habían transcurrido cinco años desde que el Ayuntamiento modificó el uso del suelo, sin que se hubiera ejecutado la expropiación.

Sin embargo, el Consistorio presentó un recurso y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le dio la razón. En esa sentencia, la tasación fue anulada, ya que el TSJC determinó que cuando los propietarios instaron la expropiación, no habían transcurrido los cinco años que establece la ley para poder adoptar esta medida. Concretamente, señaló que la fecha que debía tenerse en cuenta para empezar a contar el plazo era la de la aprobación de la Adaptación Básica del Plan, y no la del texto refundido.

Retasación por 10 millones de euros menos

Poco antes de que llegara esa sentencia, que está pendiente del recurso que presentaron los dueños ante el Tribunal Supremo, la empresa solicitó una nueva tasación del terreno, al entender que podría haber aumentado su valor, ya que habían transcurrido más de dos años desde la primera valoración. Sin embargo, el Jurado de Expropiación Forzosa rebajó entonces la cifra en unos 10 millones de euros, fijando la tasación en 20.012.622 euros, "incluyendo el 5 por ciento del premio de afección".

Pese a que la cifra supone un tercio menos que la tasación anterior, sigue estando muy lejos de las pretensiones del Ayuntamiento. El Consistorio se ciñe a la valoración catastral, que podría suponer unos 3 millones de euros. De hecho, durante sesión celebrada por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, que tuvo lugar el 22 de junio de 2010, el representante municipal votó en contra. Sin embargo, bajo la Alcaldía en ese momento de Cándido Reguera y con Pedro de Armas como concejal de Urbanismo, el Consistorio no recurrió esa tasación y dejó vencer los plazos legales que tenía para haber acudido de nuevo a la Justicia.

Quien sí recurrió fue la actual propietaria del terreno, Aurora Fuster Conrado (a la que pasó el patrimonio de Litos Canarios tras disolverse la sociedad), ya que consideró insuficiente la tasación. Así, se abrió un segundo pleito por esta "retasación", en el que la Justicia sólo podría mantener el precio fijado o aumentarlo, como solicita la dueña, ya que ella es la única que lo recurrió.

Esto supone que el Ayuntamiento de Arrecife tendría que hacer frente, en el mejor de los escenarios, a esa cifra de más de 20 millones de euros (más los posibles intereses legales por el tiempo transcurrido) fijada por la Junta de Expropiación. La cantidad aumentaría aún más si la Justicia diera la razón a la propietaria, bien en el recurso contra la retasación o en la sentencia de segunda instancia por la tasación original (de 31 millones de euros), que está pendiente de resolución en el Tribunal Supremo.

Presupuestos impugnados

Mientras tanto, la dueña de la parcela volvió a acudir a los tribunales para reclamar que se ejecutara ya el pago establecido por el Jurado de Expropiación, sin esperar a los procedimientos judiciales que aún están en marcha. Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo acaba de dictar sentencia rechazando sus pretensiones, aunque el fallo aún no es firme y ya ha sido recurrido por la dueña del suelo.

Además, la propiedad también ha impugnado los presupuestos del Ayuntamiento de Arrecife, ya que considera que deberían destinar a una partida para ese pago. Cabe recordar que las cuentas del Consistorio para 2013, que esta semana han sido aprobadas de forma definitiva, ascienden a 49 millones de euros, por lo que incluir este pago supondría casi la mitad del presupuesto de Arrecife para todo un año.

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