Casi tres meses después de que el Pleno del Cabildo aprobara crear una comisión para investigar la adjudicación de la gestión del agua a Canal de Isabel II, el presidente Pedro San Ginés ha dado por fin el primer paso para formar este órgano. De momento, eso sí, el decreto firmado este jueves 30 de agosto solo supone una comunicación a los distintos grupos de la Corporación para que antes del próximo 14 de septiembre designen al consejero que les representará en esa comisión.
Concretamente, se deberá nombrar a un titular y un suplente por cada grupo, mientras que en el caso del grupo mixto podrán participar sus tres integrantes, es decir, el consejero de Ciudadanos Benjamín Perdomo, el del PIL, Manuel Cabrera, y el consejero expulsado de Nueva Canarias, Juan Manuel Sosa.
La creación de esta comisión de investigación fue solicitada por toda la oposición, después de que La Voz de Lanzarote desvelara una sentencia del TSJC que fue ocultada durante seis meses por Pedro San Ginés. Esa sentencia, que el presidente tachó entonces de "intrascendente", ordenó revisar el procedimiento por el que se adjudicó el ciclo del agua, al considerar acreditado que se produjeron "sorprendentes alteraciones" en el procedimiento de adjudicación "en beneficio" de Canal, que a su vez está inmersa en causas de corrupción en Madrid por presuntos delitos de malversación y cohecho.
Criticas de la oposición y recelos de sus propios socios
Tras conocer ese fallo judicial, tanto los grupos de la oposición como los propios socios de gobierno de San Ginés exigieron explicaciones al presidente, que llegó a afirmar que no tenía intención de ejecutar ese fallo, alegando que la parte demandante, Club Lanzarote, ya se había retirado del pleito, tras el acuerdo que él mismo alcanzó con la empresa en relación a la incautación de la desaladora de Montaña Roja, por la que también continúa acusado en otra causa penal.
En cualquier caso, pese a considerarlo "intrascendente", el presidente también anunció que se había recurrido el fallo, que aún está pendiente de sentencia firme. Sin embargo, a la espera de esa sentencia, tanto la oposición como sus socios de gobierno pidieron que se creara una comisión de investigación en el Cabildo, con una moción a la que incluso CC terminó dando su voto favorable.
El TSJC concluyó "con claridad cegadora" que se alteraron los pliegos
La adjudicación del ciclo del agua de Lanzarote a Canal de Isabel II no se hizo con un concurso público sino a través de un procedimiento negociado, después de que quedara desierta la licitación que se había convocado. En esos casos, la ley permite acudir a un negociado, pero siempre que no haya "modificaciones sustanciales" con respecto al pliego que rigió el concurso declarado desierto. Sin embargo, en este caso, la sentencia del TSJC señalaba que, "con claridad cegadora", se puede concluir que sí existieron "alteraciones".
"Es incuestionable que el Consorcio terminó por efectuar una modificación sustancial de las condiciones rectoras del procedimiento de adjudicación del contrato, hasta el punto que el efectivamente celebrado es radicalmente distinto al que fue objeto de la licitación inicial", concluía la sentencia. Respecto a esas condiciones que se modificaron "sustancialmente", hacía expresa referencia a una de ellas, a modo de "ejemplo", aunque apuntaba que hay más.
Concretamente, subrayaba que entre las condiciones iniciales del contrato "estaba la de que el canon -que ascendía a la cantidad de 50 millones de euros- debía abonarse con anterioridad a la formalización del negocio jurídico, mientras que en el contrato finalmente suscrito se permite al adjudicatario abonar sólo 15 millones de euros de entrada; 8 millones de euros el segundo año; 8 millones de euros el tercer año; 9 millones el cuarto año y 10 millones el quinto año".
"Lo que nos vendió como un gran logro era una estafa"
Otra de esas modificaciones -que implicó una rebaja en los cánones que debía pagar la empresa a cambio de un supuesto aumento de las inversiones, con obras que serían adjudicadas y ejecutadas directamente por Canal-, fue denunciada por Podemos, que cifró en 50 millones de euros las pérdidas que eso supuso para la isla. "Le estamos diciendo que lo que nos vendió como un gran logro era una estafa. Que el supuesto aumento de inversiones que ofreció Canal tenía trampa, y se lo estamos demostrando con números. Esto requiere una explicación", reclamó el portavoz de Podemos, Carlos Meca, en el mismo Pleno en el que se aprobó crear la comisión de investigación.
"Nadie ofreció más que Canal, ni de cánones ni de inversión. Dio más que cualquiera de las empresas que concurrieron", respondió por su parte San Ginés, que obvió hablar de cifras y no respondió a la pregunta de "cómo pudo renunciar el Consorcio a cobrar más de 50 millones de euros" en cánones. "Se negoció porque se podía negociar", se limitó a señalar el presidente, pese a que la propia sentencia del TSJC concluía que se negoció más allá de lo que permite la ley.
