Fotos: Sergio Betancort
"Las similitudes son demasiadas". Así resumió Miguel Ongil, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, el paralelismo entre los casos de corrupción que investiga la Justicia en el Canal de Isabel II y la situación que se ha vivido en Lanzarote desde la llegada de esta empresa madrileña. Ongil, que participó este lunes en Arrecife en la presentación del libro "Más claro agua, el plan de saqueo del Canal de Isabel II", pudo conocer en su visita a la isla más datos sobre ese contrato con Canal Gestión Lanzarote, que ahora espera utilizar tanto en la comisión de investigación abierta en Madrid como en los tribunales, donde Podemos está personado como acusación popular en la causa surgida de la operación Lezo.
En su intervención, Miguel Ongil situó el "pecado original" de Canal de Isabel II en la compra de la empresa colombiana Inassa en el año 2001, a través de un paraíso fiscal en Panamá. Después, la empresa continuó su expansión tanto por el continente americano como en España, hasta llegar también a Lanzarote. Y en las operaciones que investigan los tribunales, la empresa adquirió sociedades por encima de su valor, utilizando dinero público de la comunidad de Madrid, para luego repartirse presuntas comisiones entre las personas que intervenían en la operación. Después, la misma dinámica se repetía supuestamente, según las investigaciones policiales y judiciales, en las adjudicaciones de obras a través de las empresas cuya gestión había asumido Canal.
"Las tramas siempre son sota, caballo y rey", destacó por su parte una de las autoras del libro, Liliana Pineda, que también se desplazó a Arrecife para participar en esta presentación organizada por el grupo Podemos en el Cabildo. Además, Pineda explicó cómo pudo anidar la corrupción en esta empresa pública madrileña. Por un lado, cuestionó que en lugar de destinar sus beneficios ?que definió como el resultado del "sobrecoste" de las tarifas que pagaban los madrileños- a mejorar el servicio que prestaba, se dedicó a invertir en empresas públicas de otros lugares. Por otro, como "con una empresa pública no podían contratar como les daba la gana", iniciaron el "proceso de creación de una Sociedad Anónima" dentro de Canal de Isabel II, que comenzó a tener varias filiales, entre las que se encuentra Canal Gestión Lanzarote, que es una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU).
"Los sobrecostes de la corrupción"
De esta forma, según Liliana Pineda, llegaron los "sobrecostes" en las obras que adjudicaban, "los sobrecostes de la corrupción", que luego terminaban pagando los ciudadanos. "Todos, los de allí y los de aquí", advirtió, precisando que la corrupción de Canal afecta tanto a los madrileños como a los vecinos de aquellos lugares donde se ha implantado. De hecho, citó el caso de una ciudad donde la empresa llegó a subir las tarifas en un "mil por ciento".
En la misma idea coincidió el diputado Miguel Ongil, que aunque comenzó bromeando con el papel de los madrileños como "los primos" o los "paga Fantas", lanzó un mensaje al público congregado en la Sociedad Democracia -entre el que se encontraba el gerente del Consorcio del Agua de Lanzarote, Domingo Pérez-, advirtiendo de que los ciudadanos de Lanzarote "también van a acabar pagando", en forma de una subida de tarifas que ya pretende aplicar la empresa. Por eso, explicó que uno de los objetivos de la charla era que los lanzaroteños "sepan en manos de quién están" y detalló todas esas "similitudes" que ve entre lo ocurrido en otras operaciones investigadas por la Justicia y la llegada de Canal a Lanzarote.
Por un lado, planteó la posibilidad de que esos "sobreprecios" hayan existido también en las obras realizadas en la isla, dado que la empresa asegura que ha realizado ya más del 80 por ciento de las obras comprometidas y aún así no se han reducido las pérdidas y se sigue sin facturar casi la mitad del agua que se produce. Por otro, hizo referencia a los nombres que se repiten, ya que algunas de las piezas clave en los casos de corrupción investigados por la Justicia tuvieron también un papel protagonista en Lanzarote.
Tres imputados que fueron piezas clave en la llegada a Lanzarote
Uno de los nombres que se repiten es el del que era director de Canal de Isabel II y quien firmó el contrato con Pedro San Ginés, Adrián Martínez, que fue uno de los detenidos en la operación Lezo y está en libertad bajo fianza e imputado por una larga lista de delitos como organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos. Otro, el que fue el primer gerente de Canal Gestión Lanzarote, Gerardo Díaz, que también fue detenido en el marco de otra operación sobre una de las filiales de Canal, a través de la que presuntamente se dedicaba a amañar contratos y a llevarse comisiones ilegales. Al respecto, en la charla se recordó la carta que tras su detención firmó Pedro San Ginés junto a otros cargos públicos y trabajadores, cuando la empresa decidió trasladarle a otro destino. En esa carta, pedían que Gerardo Díaz continuara en su cargo "al menos" hasta que terminara el plan de inversiones previsto en Lanzarote.
El tercer nombre que se repite en las investigaciones judiciales y en Lanzarote es el de Gaspar Cienfuegos Jovellanos, al que Óngil se refirió como uno de los "muñidores" de la trama de expansión de Canal. Tal como recordó el periodista que coordinó el debate, Saúl García, Cienfuegos Jovellanos trabajó como directivo en Canal de Isabel II y después fue presidente de Professional Waters and Partners, que fue la consultora que hizo los pliegos del concurso para privatizar la gestión del agua en Lanzarote. Un concurso que quedó desierto, lo que propició que se recurriera después a un procedimiento negociado.
"Canal no se presentó al concurso pero el negociado sí le interesó", subrayó García, apuntando que la misma empresa de este ex directivo de Canal, Professional Waters and Partners, fue la que intervino en ese proceso, que ahora ha ordenado revisar el TSJC, al considerar que se "alteraron" los pliegos "en beneficio" de Canal de Isabel II. Entre esas alteraciones, tal como publicó La Voz de Lanzarote, se encuentra una rebaja millonaria en el canon variable que debía pagar anualmente la empresa, a cambio de aumentar el dinero destinado a obras, que han sido adjudicadas y controladas directamente por Canal Gestión, que aumentó la oferta de inversiones de 15 millones a 54 y que según San Ginés va a terminar destinando 60. Y en los primeros años, quien coordinaba esas inversiones era Gerardo Díaz, detenido por amañar concurso en su anterior destino.
"Enchufes" y "opacidad", otro nexo común
A estas "similitudes" Óngil sumó otras dos: "los enchufes", que considera que se han dado tanto en Madrid como en las zonas donde se ha implantado la empresa, y "la opacidad". En su comunidad, recordó que el gobierno de la ya ex presidenta Cristina Cifuentes comenzó colaborando con la comisión de investigación que se abrió en la Asamblea madrileña, en la que él participa, pero explicó que cuando avanzó la investigación judicial y pasó de la etapa de Esperanza Aguirre a la de Alberto Ruiz Gallardón, dejaron de facilitarles información. "Por una filtración a la prensa supimos que el juez había autorizado cuatro meses antes que nos facilitara los documentos", explicó Ongil. "No sé si les suena", añadió a continuación, refiriéndose a lo ocurrido con la sentencia del TSJC sobre el contrato con Canal Gestión Lanzarote, que Pedro San Ginés mantuvo oculta durante seis meses, hasta que La Voz la hizo pública hace dos semanas.
Además, recordó que la primera edición del libro que presentaron este lunes en Arrecife se publicó mucho antes de que estallaran los casos de corrupción sobre Canal. Al respecto, lamentó los años en los que no llegaron a avanzar las investigaciones judiciales pese a que había hechos que eran "obvios".
En cuanto a la privatización de servicios esenciales como el agua, con la "excusa" de las ventajas de la gestión privada, tanto el diputado como la coautora del libro cuestionaron este argumento. "El problema no es el modelo, son los bandidos", subrayó Ongil, que llegó a calificar lo ocurrido en la comunidad de Madrid como una historia "de mafia y mafiosos", con "casos de novela negra", de "espionaje" y de "venganzas" entre "clanes" del propio Partido Popular.
Entre "la parte oscura" y los "proyectos ilusionantes"
En el acto también intervinieron la secretaria general de Podemos en Canarias y portavoz del partido en el Parlamento regional, Noemí Santana, que hizo un repaso por los casos y las cifras de corrupción que sacuden el archipiélago, y el portavoz de Podemos en el Cabildo de Lanzarote, Carlos Meca, a quien Miguel Ongil agradeció la organización de este acto y también su trabajo "para terminar con la opacidad".
En su intervención, Meca comenzó refiriéndose a los "ciclos" que han marcado la historia del agua en Lanzarote, desde los "siglos de penurias" para conseguir agua hasta la llegada de la primera desaladora y la posterior quiebra de Inalsa, que llegó a acumular una deuda de 50 millones de euros y después fue "malvendida" a Canal de Isabel II. "Hablar del agua en Canarias hoy es hablar de grandes intereses económicos revoloteando alrededor del gran negocio de la desalación y frente a otras fórmulas mucho más asequibles y sostenibles, incluso en las islas occidentales, donde ya disponen de recursos hidrológicos renovables suficientes", subrayó el consejero.
No obstante, también destacó que hay "proyectos ilusionantes", como el que el grupo Podemos en el Cabildo hizo público en el mismo lugar hace justo un año, de la mano del ingeniero Carlos Soler, que confirmó la existencia de un acuífero bajo Timanfaya. "Un proyecto que ha intentado ser ridiculizado y minusvalorado por el presidente del Cabildo, pero del que hemos sabido hace pocas semanas que el Consorcio del agua destinará este año 150.000 euros para hacer, con el asesoramiento de Carlos Soler, los estudios pendientes que nos permitan saber la cantidad y calidad de agua existente en ese acuífero", señaló Meca.
Frente a eso, lamentó que en ese acto tocaba "hablar de la parte más oscura, de privatizaciones, de pelotazos, de contratos amañados, de facturas infladas, de mentiras en torno al agua, de desaprensivos y delincuentes gestionando nuestro bien más preciado". Además, expresó su esperanza de que "la gestión del agua regrese a la isla y vuelva a ser motivo de orgullo y motor del bienestar social de los habitantes de Lanzarote"; algo que considera que "no es descartable sabiendo que Canal de Isabel II pretende deshacerse de sus contratos fuera de Madrid". Y para ello subrayo que "será preciso que quienes estén al frente del Consorcio y del Consejo Insular de Aguas tengan la vista menos puesta en los intereses de grandes petroleras, empresas de desalación y de sus propios partidos y más en el interés general de los ciudadanos y ciudadanas de la isla".
