El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto un segundo expediente disciplinario al juez Rafael Lis, de nuevo por su intervención en un procedimiento relacionado con el empresario Luis Lleó. El primero se le abrió el pasado mes de octubre, por haber tenido "paralizada" durante dos años una denuncia que llegó a su Juzgado contra Lleó, por alzamiento de bienes. Ahora, el Consejo le ha abierto un nuevo expediente y ha citado a Lis a declarar este miércoles 4 de mayo, para responder de una posible falta "muy grave" en la tramitación de otra causa. En este caso, Lleó aparece como supuesto "perjudicado", y la causa se terminó convirtiendo en una especie de investigación sobre la instrucción del caso Unión.
En esta nueva resolución, el CGPJ señala que el juez tramitó un escrito de Lleó cuando ya había sido recusado en esa causa, y por tanto estaba obligado a apartarse del procedimiento. Según concluyó después la Audiencia Provincial, el magistrado tenía un "interés indirecto" en la causa, dado que su esposa ejercía como abogada de uno de los acusados en el caso Unión, Juan Francisco Rosa. Por eso, la Audiencia estimó la recusación, al considerar que existen dudas sobre la "imparcialidad" del juez.
En realidad, las diligencias que instruía Lis se iniciaron por una denuncia del juez César Romero Pamparacuatro, que consideraba que podían haberse sustraído algunos autos y providencias originales del caso Unión. Tres meses después de que la causa llegara a su Juzgado, concretamente en mayo de 2014, Rafael Lis permitió que se personaran varios acusados del caso Unión: el propio Luis Lleó, Felipe Fernández Camero y Dimas Martín (que según Pamparacuatro, eran precisamente algunas de las personas "sospechosas de la sustracción o extravío denunciado"). Y solo entonces Lis empezó a tramitar el procedimiento -en el que también se personó después Juan Francisco Rosa-, dictando un auto para abrir diligencias previas.
Instrucción validada, sentencias firmes y querellas rechazadas
Un mes más tarde, el juez Lis emitió otro auto decretando el secreto de las actuaciones. Y en ese auto, el objeto de la causa nada tenía que ver ya con la denuncia original. Según señalaba el juez, lo que había pasado a investigar era un "presunto delito de falsificación de documentos públicos e infidelidad en la custodia de documentos por funcionario". Así, varios imputados pasaron a utilizar esta causa para intentar frenar el caso Unión, aunque no lo lograron. Cabe recordar que tres piezas de Unión ya tienen sentencias que han validado la instrucción, dos de ellas con condena firme, y el resto están cerradas y pendientes de juicio.
Además, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha rechazado otras querellas presentadas por Lleó contra el juez, el fiscal, el secretario y los agentes de la UCO que iniciaron este procedimiento, al no encontrar motivos para admitirlas siquiera a trámite. Sin embargo, sí se mantuvo abierta una investigación en el Juzgado de Lis, que ni siquiera tiene competencias para investigar a otro juez o a un fiscal. Por eso, a quien denunció Lleó en ese Juzgado es al secretario y a los agentes de la UCO.
En la nueva resolución del Consejo del Poder Judicial, se señala que el escrito pidiendo la recusación de Lis se presentó el 29 de octubre de 2014 y se le dio trámite el 3 de noviembre. Pero aunque eso obligaba al juez a apartarse de la causa hasta que se resolviera el incidente de recusación (que de hecho se resolvió apartando al juez de la causa), "no consta" en las actuaciones la fecha en la que Lis entregó el procedimiento al juez sustituto. Lo que sí consta es que tras abrirse el incidente de recusación, realizó una nueva diligencia dentro de la causa, que es la que le ha supuesto la apertura de este expediente disciplinario.
Sin rastro del escrito de Lleó en el Decanato
Según la cronología que relata el Consejo, al día siguiente de recibirse en el Juzgado el incidente de recusación, Lleó presentó una "ampliación de denuncia" dentro de esa causa. Y dos semanas y media después, el 17 de noviembre, Lis dictó un auto separando ese escrito del procedimiento, afirmando que no se trataba de "hechos conexos", e iniciando el trámite para que se abriera una nueva causa con esa denuncia.
Después, supuestamente la envió al Decanato de los Juzgados, para que se procediera a su reparto al Juzgado que correspondiera. Sin embargo, la causa regresó al Juzgado de Lis, en circunstancias que ahora trata de esclarecer el Consejo. De hecho, antes de decidir abrir este expediente, el CGPJ ordenó varias diligencias. Y en una de ellas, reclamaba una certificación sobre el día en que ese escrito de Lleó "fue turnado por el Juzgado Decano", así como una copia del folio donde conste la diligencia de reparto. Y también reclamó al secretario del Decanato que informara "de los criterios aplicados" para que fuese turnado precisamente al Juzgado de Lis. Y la respuesta ha sido que nada de todo eso consta en el Juzgado Decano. No hay sello de entrada, ni tampoco constancia de que entrara o se repartiera desde el Decanato un asunto relacionado con Lleó en esas fechas.
"El escrito carece de sello de entrada en el Decanato y no consta el reparto, constando en él únicamente la fecha de presentación, 30 de octubre de 2014, en las diligencias previas originales", señala la resolución del Consejo, que agrega que, "no obstante, este escrito dio lugar a la incoación de las nuevas diligencias previas del Juzgado de Instrucción Número 3, de las que conoció el magistrado objeto de la queja y las que demoró su tramitación". Y es que además, el juez se hizo cargo de la causa pero sin avanzar en ella.
El número de diligencias, otro enigma
Además, el número de diligencias no coincide con los de los asuntos que salieron del Decanato en la fecha en la que supuestamente se turnó ese escrito de Lleó. Esos números de diligencias siguen un orden correlativo, según van saliendo del Juzgado Decano. Sin embargo, el procedimiento que volvió al Juzgado de Lis tiene un número de diligencias posterior, incluso, al de asuntos salidos del Decanato ocho días después.
Sobre este punto, resulta significativo también que Lleó impugnó los escritos de recusación contra Lis afirmando que había tenido conocimiento por el Decanato del lugar donde estaban las diligencias previas objeto de su denuncia, pese a que en el Decanato no hay rastro de ellas. Y también introdujo escritos en el procedimiento cuando ni siquiera la Fiscalía había sido notificada de la apertura de esa nueva causa.
Finalmente, la Fiscalía fue notificada de la incoación de esas segundas diligencias. Y esa notificación llegó justo el día después de que la esposa de Lis, Margarita Alejo Hervás, dejara de ser abogada de Juan Francisco Rosa en el caso Stratvs. Cabe recordar que Rosa contrató a esta letrada poco después de que se iniciaran las primeras diligencias en el Juzgado de Lis, y renunció a ella cuando este juez fue apartado de la causa precisamente por ese vínculo.
Segunda recusación, esta vez por parte de la Fiscalía
Ante esta situación, en octubre de 2015 la Fiscalía volvió a recusar a Lis en esas nuevas diligencias. En su escrito, advertía de que esa causa tenía "el mismo objeto" que la anterior, y que por tanto el magistrado no había atendido "el mandato legal" de apartarse del procedimiento. Además, subrayaba que esa nueva causa se había instruido durante meses "de espaldas" a la Fiscalía y con la única intervención del propio Lleó. "Nos encontraríamos ante la vulneración de un precepto legal para instruir un procedimiento paralelo a espaldas de las partes y en beneficio y clara toma de postura de uno de los denunciantes", señalaba en su escrito de recusación la fiscal jefe de Arrecife, Yolanda López.
Tras esta segunda recusación, Lis dictó un auto el pasado 12 de noviembre, rechazando admitirla a trámite. Y aunque la Fiscalía presentó un recurso contra ese auto, todavía no se le ha dado traslado a la Audiencia Provincial para que lo resuelva. Así lo ha confirmado la secretaria de la Audiencia Provincial, en respuesta a la consulta realizada también por el Consejo General del Poder Judicial. "El recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto de Lis inadmitiendo la recusación, aún no ha sido elevado a la Audiencia Provincial para su tramitación", respondió la funcionaria.
Por su parte, también consultado por escrito sobre el estado de ese incidente de recusación, Lis contestó al Consejo del Poder Judicial que "ya fue resuelto" y que no fue admitido a trámite "dado el carácter fraudulento, abuso de derecho y manifiesta extemporaneidad", limitándose a agregar después que contra ese auto "caben los recursos que la ley ofrece a las partes".
Lis negó al Consejo que el objeto de ambas causas fuera el mismo
Además, en ese escrito remitido al Consejo, Lis negó que ambas causas (la inicial -en la que fue recusado- y la que después separó con la denuncia de Lleó) tuvieran el mismo objeto. Según le dijo Rafael Lis al Consejo, en el primer procedimiento "el objeto procesal estaba limitado a la denuncia (interpuesta por César Romero Pamparacuatro) por la presunta sustracción y/o extravío de unas determinadas resoluciones judiciales que no se hallaban firmadas por el juez de instrucción".
Sin embargo, en uno de sus autos -que se reproduce en la resolución del Consejo- el propio juez señalaba que el objeto de esa primera causa era investigar un "presunto delito de falsificación de documentos públicos e infidelidad en la custodia de documentos por funcionario". Es decir, algo que nada tenía que ver con la denuncia inicial de Pamparacuatro, y sí con la posterior "ampliación de denuncia" de Lleó. De hecho, en la segunda causa, Lis afirma que investiga "un delito continuado de falsedad en documento público", entre otros, y señala como "investigados o denunciados" al secretario judicial y a agentes de la UCO.
La resolución del Consejo, firmada por el promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, concluye que "Lis ha llevado a cabo actuaciones en el trámite del incidente (de recusación) y en el conocimiento de la causa principal que pudieran ser susceptibles de reproche disciplinario". Por eso, ordena abrir este segundo expediente "para depurar las correspondientes responsabilidades disciplinarias en las que el magistrado haya podido incurrir". Como primer paso, ya ha citado al magistrado para que comparezca en el Consejo este miércoles para prestar declaración, pudiendo acudir acompañado de un abogado. En cuanto a la posibilidad de que hayan existido delitos, el Consejo señala que eso debería dirimirse en otra vía.
