El Grupo Podemos en el Cabildo de Lanzarote se personará en la nueva causa abierta contra el letrado Ignacio Calatayud y el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés. La organización se encuentra ya personada en el procedimiento sobre la incautación de la planta desaladora de Montaña Roja y ahora ha anunciado que lo hará también en la nueva pieza separada de este procedimiento. Este jueves se supo que el juez decidió separar una nueva pieza en esa causa, al encontrar indicios de delito en la contratación de Calatayud para asesorar a Pedro San Ginés sobre la incautación de la planta, mientras a su vez trabajaba para Canal Gestión, la empresa a la que se le entregó después la desaladora. Podemos considera que existen "suficientes elementos de juicio" para llevar a cabo una "investigación criminal" sobre los cobros del abogado.
El partido apunta en su comunicado que el auto del juez acordando la separación de la pieza señala que las actuaciones del letrado Ignacio Calatayud en relación a su contratación podrían implicar "una omisión de las mínimas exigencias procedimentales que determina, principalmente, la elusión de los controles que el propio procedimiento establece sobre el fondo del asunto".
Dicha resolución, incide el partido, viene "motivada" por las declaraciones en sede judicial del gerente de Canal Gestión, Gerardo Díaz, al afirmar que Ignacio Calatayud cobraba al mismo tiempo del Consorcio Insular de Aguas y de Canal Gestión Lanzarote y que pagó al letrado 116.000 euros en dos años, por realizar labores de asesoramiento al Consorcio en relación a la Comisión de Seguimiento y Control de Canal Gestión.
"Hasta en tres ocasiones se ha dirigido el grupo Podemos en el Cabildo al presidente del Consorcio del Agua, Pedro San Ginés, solicitando información sobre los pagos efectuados a cuenta de esta Comisión de Seguimiento, la primera ocasión en octubre del pasado año, sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta alguna", lamenta el partido.
Podemos incide también en que su grupo en el Cabildo ha "tenido que solicitar en reiteradas ocasiones" los pagos a este letrado realizados tanto por el Cabildo como por el Consejo Insular de Aguas, el Consorcio del Agua, Inalsa, la EPEL y la SPEL, así como a otros organismos dependientes del Cabildo, como el Instituto de Atención Social o el Consorcio de Emergencias. "Algunas de esas facturas fueron aportadas a requerimiento judicial por el Cabildo Insular de Lanzarote en el procedimiento de la incautación de la desaladora de Montaña Roja y han dado lugar a la apertura de esta nueva pieza separada", agregan.
"Desde Podemos, tal y como venimos denunciando en los últimos meses, consideramos que existen suficientes elementos de juicio como para llevar a cabo una investigación criminal sobre los cobros percibidos por Calatayud desde diferentes organismos públicos", concluyen.
