El portavoz de la plataforma de afectados por la Ley de Costas y abogado de varios vecinos de El Golfo (Yaiza), José Ortega, asegura que el Gobierno central mantiene a las 14 viviendas y restaurantes que se encuentran dentro del dominio público marítimo terrestre en un "limbo jurídico", ya que no dicta el derribo ni legaliza la situación mediante una concesión administrativa.
Recientemente, el Tribunal Supremo rechazó el recurso del Ayuntamiento de Yaiza, defendido por Felipe Fernández Camero, y validó el deslinde marítimo terrestre aprobado por el Gobierno en 2006. Con esta sentencia, se hace en la práctica casi imposible, según Ortega, que los recursos que quedan por resolverse tengan un signo diferente.
Según el deslinde, 14 inmuebles quedan dentro del dominio público marítimo terrestre (todos los que están entre la carretera y la costa), por lo que la propiedad pasa a ser del Estado, pero puede otorgar una concesión, que se solicitó en enero de 2007 y que aún no se ha resuelto. El resto de edificaciones afectadas, dentro de la zona de servidumbre marítimo terrestre, "no se van a tirar de ningún modo", según Ortega.
Este abogado señal que a esos 14 inmuebles, en situación de "limbo jurídico", se les está sancionando por realizar cualquier tipo de obra, por necesaria que sea. Señala que si Costas otorgara la concesión, se acabaría esta situación y podrían seguir realizando la actividad que llevan a cabo en la actualidad, bien de restauración o como residencia.
Críticas a la administración
Según Ortega, hay varias claves que explican que se haya llegado a esta situación. Por un lado, señala que Ayuntamiento, sobre todo al principio, cuando era alcalde José Francisco Reyes, "seguía el procedimiento en un ambiente de rivalidad y no de cooperación con los vecinos". Por otro, critica la actitud del consejero de política territorial del Gobierno de Canarias, porque en lugar de realizar un informe para aportar al procedimiento y determinar que dos tercios del núcleo poblacional eran urbanos antes de 1988, hizo una resolución administrativa, dando a Costas la oportunidad de recurrirla, y fue anulada, anticipando la sentencia contraria a los vecinos. "Berriel quiso resolver las cosas por su cuenta y a su manera", asegura, y critica que no facilitó que los vecinos se presentasen como codemandados en ese procedimiento.
Respecto a Costas, Ortega señala que, para determinar el deslinde, no presentó ninguna prueba, tan sólo una foto aérea en la que no se puede distinguir si los materiales son de origen marino o terrestre (lo que determina hasta dónde puede llegar la marea y por tanto el deslinde) mientras que los vecinos se gastaron 15.000 euros en un estudio que explica las características de la costa de El Golfo, y al que no se le ha dado validez por parte de los tribunales.
ACN Press
