El nuevo Plan General de Yaiza, que acaba de ser aprobado inicialmente por el Gobierno de Canarias, convertirá en "suelo urbanizable" el polémico terreno de Costa Roja, situado a la entrada de Playa Blanca e inmerso en varios procedimientos judiciales. Ésta es otra de las novedades que incluye este documento, que propone elaborar un Plan Parcial específico para desarrollar la zona.
Los terrenos de Costa Roja (donde el planeamiento todavía en vigor no permite construir), tenían una superficie total de un millón de metros cuadrados, pero en este Plan Parcial pretenden incluir sólo dos fincas, que suman 440.295 metros cuadrados. El resto, podría destinarse a otro proyecto para la zona, donde el empresario Juan Francisco Rosa pretende construir un campo de golf.
En cuanto a los terrenos que entrarían en ese futuro Plan Parcial Costa Roja, su uso estaría destinado a "equipamientos". Y entre ellos, según se recoge en el Plan General, se incluyen usos recreativos y comerciales, incluyendo pequeño y mediano comercio y centros comerciales. Además, podrían instalarse centros médicos privados, equipamientos sociales y asistenciales e instalaciones deportivas.
Así, los promotores habrían aparcado su antigua pretensión de construir viviendas en la zona, y ahora quieren darle un uso turístico, incluyendo la construcción de un hotel. Eso es al menos lo que se desprende del convenio que presentaron al Gobierno de Canarias, al Cabildo de Lanzarote y al Ayuntamiento de Yaiza, y que ha sido incorporado al Plan General.
"Nuevas ofertas turísticas"
"La consideración conjunta de la ordenación de las dos fincas objeto del convenio permite concluir que se crea un nuevo foco de actividad en Playa Blanca, capaz de dinamizar la focalización turística actualmente existente, desde el casco de Playa Blanca hacia esta nueva zona de actuación, potenciando la creación de corredores comerciales y económicos transversales a los hoy existentes", sostienen en el convenio, al que ha tenido acceso La Voz.
En ese documento, que aún no ha salido a exposición pública, los promotores también proponen construir en esa zona "un hotel-escuela con la categoría de cinco estrellas", justificando esta infraestructura en la necesidad de mejorar la "cualificación profesional y competitividad de los trabajadores adscritos al sector turístico". Además, plantean crear "nuevo modelo económico", con "nuevas ofertas como el turismo de salud, el asistencial, el de mayores o el de ferias y congresos".
En el convenio, presentado por Wigberto del Carmelo Ramos Lleó, como apoderado de las empresas propietarias de las fincas, también se defiende que esto permitirá crear espacios verdes de uso público, que deberían salir del suelo que le corresponde al Ayuntamiento al desarrollar cualquier plan parcial.
"Renuncian" a supuestos "derechos adquiridos"
En el convenio, los promotores no sólo reclaman que el suelo pase a clasificarse en el Plan General de Yaiza como "suelo urbanizable sectorizado no ordenado" (lo que permitiría construir en la zona una vez que se elaborara el Plan Parcial), sino que también piden que el Cabildo renuncie al procedimiento que inició en su día contra las licencias que concedió el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, para construir más de 1.000 viviendas y 220 locales comerciales en Costa Roja. Ése procedimiento judicial está sólo pendiente de sentencia, que podría dictarse en los próximos meses, a no ser que se retire el pleito.
A la espera de ese fallo, la Justicia ya dictó en su momento medidas cautelares, paralizando las licencias e impidiendo que se construyera en la zona. Además, el ex alcalde y dos técnicos municipales están imputados en otra causa penal por prevaricación por haberlas concedido. Sin embargo, los promotores insisten en que tienen "derechos adquiridos" en virtud de esos permisos. De hecho, el compromiso que asumen en este convenio es el de renunciar a esos supuestos derechos, así como a "cualquier indemnización que pudiera corresponderle por la reducción del aprovechamiento lucrativo que se produciría con la aprobación de la ordenación recogida en ese convenio, en relación con el reconocido en las citadas licencias".
Y todo ello, pese a que ellos mismos adjuntan al convenio un informe técnico del Ayuntamiento del año 2002, en el que se sostiene que una parte del terreno sobre el que se concedieron esas licencias tenía categoría de "suelo rústico de cultivos", y otro de "suelo de reserva urbana".
Ahora, piden aparcar la vía judicial y sostienen que este convenio permitirá "poner fin a las controversias existentes entre las diferentes administraciones y entre éstas y las sociedades intervinientes en torno al uso y aprovechamiento de los terrenos y a las licencias sobre los mismos concedidas". Y para ello, también reclaman que el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote y el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística, también pendientes de aprobación, recojan las "determinaciones del presente convenio".
Negra historia judicial
En el año 2006, y pese a que el suelo no tenía categoría de urbano ni de urbanizable, el ex alcalde José Francisco Reyes concedió licencias para construir más de 1.000 viviendas y 220 locales comerciales en ese suelo, ocultándoselas al Cabildo. Reyes y dos técnicos municipales están imputados por prevaricación y pendientes de juicio por esta causa.
Después, un segundo intento de construir en Costa Roja dio lugar al caso "Unión", cuando el entonces consejero Carlos Espino denunció haber sufrido un intento de soborno por parte de Fernando Becerra, en nombre de Luis Lleó.
Según los pinchazos telefónicos y los informes de la UCO, Lleó ofreció dinero a Espino a cambio de una operación urbanística que incluía también la legalización de los hoteles con licencias anuladas y la autorización para construir un campo de golf en parte de esos terrenos. La UCO consideraba a Juan Francisco Rosa como "el principal beneficiario" de esa operación, ya que además de ser dueño de una parte del suelo de Costa Roja, pretendía comprar otra parcela a Lleó para construir un campo de golf y, además, es propietario de hoteles ilegales.
Actualmente, Lleó está en libertad bajo fianza, tras ser detenido y pasar varios meses en prisión provisional. Rosa también fue arrestado dentro del caso "Unión", y actualmente está en libertad con cargos, imputado por varios delitos.
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