El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha admitido a trámite dos nuevos recursos contra el Plan General de Ordenación Supletorio de Yaiza, que fue aprobado de forma definitiva el pasado 29 de julio. Uno de los recursos fue presentado por la empresa Prosolmar S.A. y el otro por Paul Brain Tillett y Felicity Eileen Tillett. En ambos casos, los recurrentes piden que se anule el acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que aprobó definitivamente este documento hace medio año.
En dos anuncios publicados en el Boletín Oficial de Canarias, el Gobierno regional hace público su acuerdo de remitir todo el expediente del Plan a la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, que les había requerido la documentación.
Al hacer público el anuncio, la Dirección General de Ordenación del Territorio traslada la información a "cuantos pudieran aparecer interesados" para que se personen en el procedimiento si lo estiman necesario.
Otros tres recursos
Estos dos nuevos recursos se suman a varios más que se han presentado contra el documento, incluyendo los tres que se conocieron la pasada semana. Uno de ellos fue presentado por la Fundación César Manrique el pasado 21 de enero, y los otros dos por las empresas Hipercan Don Jersey, S.L. y Palmera Canaria, S.L., también a finales de enero. Los tres recursos están siendo también tramitados por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC.
En el caso de la FCM, en su momento ya presentó alegaciones al Plan General de Yaiza cuando estuvo sometido a exposición pública. En sus alegaciones, que fueron rechazadas, la Fundación sostenía entre otras cosas que el documento es "un ejercicio técnico para legalizar las licencias de los hoteles y apartamentos que hoy por hoy no tienen encaje legal en el planeamiento actual, y viene a reconocer y legitimar el libre albedrío que ha presidido el proceder de muchos promotores durante décadas, en connivencia con los sucesivos gobiernos municipales y su aparato técnico y jurídico, como lo atestiguan las causas penales en curso".
