"Lo barato sale caro". Eso es lo que ha denunciado la Asociación de Empresarios de la Construcción de Lanzarote, en referencia al modo en que se están llevando a cabo las adjudicaciones de obras por parte de las instituciones. Y es que consideran que "el abuso en la puntuación basada en las bajas económicas" sólo "fomenta el canibalismo entre empresas e incentiva las ofertas temerarias".
Un claro ejemplo, según la AECL, se puede encontrar en lo sucedido con las obras de la red de aguas pluviales de Arrecife, que consideran que "puede ser tan solo la punta del iceberg, y pone de relieve la falta de ajustes a la situación real que en materia de precios se ha seguido desde las administraciones públicas". En su opinión, "valorar el precio de la oferta por encima de criterios técnicos y de calidad está introduciendo, como ha quedado patente, un riesgo grave para la viabilidad de los proyectos".
Además del caso de las obras pluviales de Arrecife, que deberían haber terminado hace meses, pero que han sufrido innumerables parones y que tendrán que ser finalizadas por otra empresa, la Asociación de Empresarios de la Construcción también cita el caso de la remodelación de la estación de guaguas de Arrecife, cuyos trabajos tampoco han terminado, al parecer por problemas con la empresa adjudicataria, aunque el Cabildo no ha dado información al respecto.
"Lo que en principio parece un ahorro, se traduce en obras sin terminar, paralizaciones o retrasos en la ejecución", insisten desde la AECL, que considera que "se han realizado bastantes adjudicaciones a propuestas que rozaban lo temerario y que, como se ha evidenciado en las últimas fechas, al final en la cadena de subcontrataciones alguien no acaba cobrando o es la propia empresa adjudicataria la que termina quebrando". La AECL considera que a partir de "un 15 por ciento o un 20 por ciento" de rebaja sobre el precio base establecido para el concurso, las obras "están condenadas a tener problemas".
Efectos colaterales
Además, desde la asociación empresarial sostienen que "uno de los efectos colaterales en este incremento de las bajas temerarias ha sido la creciente competencia en los concursos de obra pública". Las empresas pugnan ahora por un volumen de proyectos que ha ido disminuyendo progresivamente con los sucesivos recortes de gasto público, y "esta situación ha llevado a las constructoras a realizar rebajas cada vez más sustanciales en los presupuestos que presentan a las administraciones", reduciendo "hasta el límite los beneficios con tal de seguir trabajando".
Desde la AECL defienden que es "un error" conceder la obra a un contratista que se arriesga a hacer obras que alcanzan el 60 por ciento del precio de mercado, "porque da lugar a situaciones de economía sumergida y pone en peligro el interés general por la falta de equilibrio entre precio y calidad".
Así, la AECL denuncia que determinadas instituciones "han intentado aprovecharse de esta situación, y el supuesto ahorro inicial se ha traducido en infinidad de problemas para los usuarios, situaciones de riesgo e inseguridad ciudadana ante la paralización de determinadas obras, importantes costes para las administraciones; retrasos en la finalización del proyecto, costes de litigación, el coste del nuevo proceso de adjudicación, etcétera; además de serios problemas para las subcontratas, muchas de ellas a punto de entrar en quiebra".
En este sentido, la AECL recuerda que ya denunció públicamente a finales de 2009 que esta práctica no sólo pondría en peligro la viabilidad de algunas obras y alargaría aún más las dificultades del sector, sino que además se traduciría en exceso de horas para los trabajadores y menor seguridad laboral. Además, denuncia que "se están concentrando las adjudicaciones en grandes empresas y se está expulsando a las pequeñas y medianas empresas (PyMES) de la licitación pública, lo que supone una restricción de la competencia".
Medidas
Por eso, desde la AECL piden que se contemplen los precios que marca el mercado, regidos por por la Fundación CÍEC; que se limiten las bajas económicas hasta un 15 por ciento, como ya sucede en otros concursos de servicios; que se tengan en cuenta los criterios basados en el fomento y mantenimiento del empleo, cuantificable mediante jornadas laborales de 40 horas; y que se garantice el buen hacer de las empresas, además de otros criterios que se puedan estudiar y adaptar dependiendo de la naturaleza de la obra a licitar.
Para la AECL, "está en juego la salud de las pequeñas y medianas empresas de la isla, no sólo del sector de la construcción sino de muchos más ámbitos que actúan de manera directa e indirecta en la ejecución de una obra".
En el último año y medio, desde la asociación afirman que han interpuesto más de 50 recursos en concursos de distintas administraciones insulares y de la comunicad canaria denunciando irregularidades en los pliegos de contratación, y aseguran que han obtenido "la razón en una inmensa mayoría, demostrando así que queda mucho por mejorar en las distintas instituciones".
