El juez César Romero Pamparacuatro, que el pasado mes de febrero denunció la supuesta sustracción de algunos autos originales del caso Unión, ha presentado un escrito para recusar al juez que instruye las diligencias abiertas a raíz de su denuncia, ya que sostiene que el magistrado tiene vínculos sentimentales y mercantiles con la abogada de Juan Francisco Rosa en el caso Stratvs, Margarita Alejo Hervás.
Concretamente, la letrada es la mujer del juez titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife, Rafael Lis Estévez, y además están vinculados en una sociedad, Lexislas Global SL. Esta mercantil fue fundada por el juez Lis en 2003, cuando se encontraba en excedencia y ejercía la abogacía, y su objeto social era la "la prestación, a través de profesionales titulados, de servicios de asesoramiento jurídico, fiscal y laboral de personas físicas y jurídicas de todas clases". Lis Estévez fue administrador único de esa sociedad hasta abril de 2009, cuando fue sustituido en el cargo por su mujer, pero actualmente sigue figurando como "apoderado general", "con poderes amplísimos", según el certificado del Registro Mercantil aportado por Pamparacuatro en su escrito de recusación.
"Casualmente, tras ser turnada la denuncia origen de las presentes diligencias al Juzgado Número 3", Alejo Hervás "fue nombrada por Juan Francisco Rosa como su abogada, para defenderle en el caso Stratvs", sostiene el escrito presentado por Romero Pamparacuatro. Al respecto, señala que los hechos que se investigan en su denuncia podrían "tener reflejo" no sólo en Unión, sino también en Stratvs, ya que a esa causa se incorporaron recientemente como prueba grabaciones realizadas por la UCO, basadas también en autos de intervención telefónica de Unión.
Imputados personados en la causa secreta
Tanto Juan Francisco Rosa (imputado en Unión y en Stratvs), como otros imputados de Unión se han personado en la causa abierta por la denuncia de Pamparacuatro. Algo que sorprende al juez que inició el caso Unión, ya que las diligencias abiertas tras su denuncia se encuentran bajo secreto de sumario. "Si han sido declaradas secretas, ¿qué fuente de información ha puesto en conocimiento de esas partes personadas, la existencia de unas diligencias secretas?", plantea el representante legal de Romero Pamparacuatro en ese escrito.
Además de Juan Francisco Rosa, que incluso figura como "denunciante", en la causa también se han personado como "perjudicados" Felipe Fernández Camero, Luis Lleó, Dimas Martín, Plácida Guerra y cuatro directivos de Urbaser imputados en Unión. "Es paradójico", señala el escrito de Pamparacuatro, "que aparezcan señaladas las partes personadas a día de hoy", especificando en calidad de qué están personados y en "algunos casos con los profesionales que les asisten o representan".
Además, subraya que algunas de las personas a las que se les ha permitido personarse ni siquiera "tienen que ver con los autos cuya desaparición viene a constituir el objeto del proceso", ya que "no se refieren a diligencia alguna que les afecte".
Cabe recordar que varios imputados intentaron aferrarse a esta causa secreta que se sigue en el Juzgado Número 3 para intentar frenar el primer juicio de Unión, por el pago de facturas presuntamente falsas a Francisco Rodríguez Batllori. Sin embargo, la Audiencia Provincial rechazó sus recursos y dio comienzo a juicio, que continuará dentro de dos semanas en Las Palmas de Gran Canaria.
"Tiene interés en la causa"
La ley contempla varios supuestos por los que se puede recusar a un juez, pidiendo que sea apartado de una causa concreta, y en este caso Pamparacuatro se acoge al décimo: "Tener interés directo o indirecto en la causa". Y es que considera que las "conexiones" de Lis con personas que intervienen en esas diligencias podrían "llegar a condicionar" su actuación.
"Es público y notorio que la esposa del magistrado Liz Estévez es la letrada Alejo Hervás y ello nos hace sospechar que existe, dentro de ese íntimo vínculo, un intercambio de informaciones/recomendaciones que hace, al menos, poner en duda la imparcialidad del juez para conocer y tramitar la denuncia formulada por Romero Pamparacuatro, puesto que sospechamos que existe al menos un interés directo y/o indirecto del mismo", señala en las conclusiones del escrito.
Además, subraya que la dirección del despacho profesional de Lis Estévez cuando era abogado es la misma que el domicilio social de Lexislas Global, y también que el domicilio profesional del despacho de su esposa. "Se puede colegir y no es una especulación, que el juez Liz Estévez tiene acceso, como apoderado general de la mercantil Lexislas Global SL, al domicilio profesional de la señora Alejo Hervás, desde el cual se produce la defensa de Juan Francisco Rosa, el cual ya se ha visto, tiene un interés en las presentes diligencias cuyo resultado, puede tener su eficacia en el mentado caso Stratvs", insiste, subrayando que la abogada podría intentar pedir también nulidades en esa causa.
Ocho meses sin citar al denunciante
A todo esto, el escrito de recusación agrega que "el magistrado Liz Estévez viene soslayando extrañamente y desde hace más de ocho meses, citar a mi representado (César Romero Pamparacuatro) para que se ratifique en el cuerpo de su denuncia", y cuestiona que tampoco se ha llevado a cabo "la indagatoria correspondiente a todas luces necesaria por la importancia trascendencia de los hechos denunciados".
Al respecto, señala que como denunciante, Romero Pamparacuatro "es plenamente conocedor de los hechos denunciados, testigos de los mismos, personas sobre las que recaen las sospechas en base a las testificales, etcétera, hechos todos ellos que indudablemente deberían ser conocidos desde hace tiempo por el señor instructor de las presentes diligencias".
Además, muestra su "enorme extrañeza" porque las diligencias "sigan siendo declaradas secretas", aunque pese a ello se ha permitido la personación de varios imputados. El pasado mes de octubre, el propio Romero Pamparacuatro decidió también personarse con abogado en la causa como denunciante, e incluso solicitó la práctica de diligencias, que han sido rechazadas por el juez.
Sin embargo, Pamparacuatro subraya que desconoce si se han practicado otras diligencias "a instancias del resto de partes personadas", lo que en su opinión "demostraría la desvirtuación de la práctica profesional del magistrado recusado en este procedimiento, sobre el objeto del proceso y su fin".
El juez del caso Pedro de Armas
El juez Rafael Lis Estévez llegó al Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife en junio de 2013, tras pasar varios años en excedencia ejerciendo como abogado privado. El pasado verano, se presentó como candidato a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias junto a otros cuatro magistrados, aunque finalmente quien logró el cargo fue Antonio Doreste Armas.
Además de la denuncia de Pamparacuatro, Lis también instruye en su Juzgado otra causa con gran repercusión mediática, como es la investigación a Pedro de Armas y su familia por presuntos delitos de blanqueo de capitales. Cuando este magistrado se incorporó al Juzgado, la causa llevaba ya más de un año instruyéndose por dos juezas anteriores, pero a los dos meses de llegar Lis, decidió archivarla.
Fue en agosto de 2013 cuando el juez dictó dos autos ordenando el sobreseimiento de las actuaciones y el levantamiento del secreto de sumario (haciéndose así pública la investigación), llegando a tachar la causa de "inquisitorial", "generalista", "proscrita por la Constitución" y "abierta por pertenecer al mismo partido político que José Francisco Reyes".
Sin embargo, la Fiscalía recurrió esa decisión y encontró respaldo de la Audiencia Provincial, que anuló el sobreseimiento y ordenó al Juzgado continuar la instrucción, ya que entendía que ni siquiera habían concluido las diligencias ordenadas por la anterior juez y que existían indicios suficientes para seguir investigando.
