RECUERDA QUE LE DENEGARON EL REFUERZO Y LA COMISIÓN DE SERVICIOS

Pamparacuatro culpa al poder político y judicial de los problemas en la instrucción del caso "Unión"

Recuerda que le denegaron el refuerzo y la prórroga de la comisión de servicios para continuar la causa. Los autos presuntamente "sustraídos" afectan a políticos y empresarios conectados con los gobiernos central y regional y hasta con la judicatura...

21 de febrero de 2014 (12:07 CET)
El magistrado César Romero Pamparacuatro
El magistrado César Romero Pamparacuatro

El juez César Romero Pamparacuatro ha culpado a todas las administraciones implicadas, incluido el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno central y el Gobierno de Canarias, de los problemas que ha sufrido la instrucción del caso "Unión". En la denuncia que ha presentado en los Juzgados y en la Fiscalía, por la presunta sustracción de 21 autos relevantes del sumario del caso "Unión", el magistrado recuerda los problemas que afrontó mientras estuvo al frente de la causa, hasta que finalmente le apartaron de la misma.

"A pesar de las cautelas adoptadas por el suscribiente, no fueron acompañadas por las decisiones de los órganos políticos y del Consejo General del Poder Judicial que, a mi juicio, no adoptaron las medidas necesarias para garantizar la buena marcha de una investigación judicial de gran envergadura relacionada con la corrupción", señala en ese escrito, según adelanta este viernes el diario La Provincia.

En su momento, al juez se le denegó de forma sistemática un juez de refuerzo. Después, tras su traslado a otro juzgado en Tenerife, pidió continuar la instrucción de Unión en comisión de servicios, pero sólo se le concedió un plazo de tres meses y, además, sin relevación de funciones en su nuevo juzgado. Cuando pidió una prórroga, ésta finalmente fue autorizada tras una larga demora, pero nunca se hizo efectiva por discrepancias sobre quién debía pagar las dietas, ya que el Gobierno de Canarias se negó a abonarlas. FInalmente, la prórroga se terminó revocando, dejando al juez fuera de la causa.

"Al suscribiente le gustaría conocer cuántas comisiones de servicios sin relevación de funciones se concedieron por el CGPJ en el año 2010 y 2011, y en cuántas de ellas se olvidó (...) pronunciarse sobre el derecho de percibo de dietas a pesar de ser imperativo", señala Pamparacuatro en su denuncia.

Según el juez, como consecuencia de todas esas "vicisitudes", finalmente "se consiguió, que en vez de tres meses necesarios para organizar las actuaciones, tuvieran que pasar cuatro jueces/magistrados consecutivos (...) para la simple organización de las mismas (más de 30.000 folios), de manera que tal vez dicho plazo, más de 3 años, fuera aprovechado o por lo menos incrementaría el riesgo -no sólo de extravío- sino de que alguien pudiera sustraer resoluciones, diligencias o piezas de convicción, incluso a nivel informático, tal y como parece haber sucedido".

El caso Unión ha afectado a algunos de los empresarios más importantes de la isla y a destacados políticos. Entre ellos, la ex alcaldesa María Isabel Déniz, hermana de la entonces viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carolina Déniz, y el empresario Luis Lleó. Éste último, tal como se puso de relieve con la investigación, mantenía estrechos vínculos con el abogado Ignacio Sánchez Yllera, que ha sido técnico del Consejo General del Poder Judicial, jefe de gabinete de la Vicepresidencia del Gobierno de María Teresa Fernández de la Vega y letrado del Tribunal Constitucional.

El propio Yllera llegó a estar investigado judicialmente, porque los correos electrónicos interceptados a Lleó reflejaban que le había asesorado en operaciones como la de Costa Roja, por la que hay hasta dos causas penales abiertas. Sin embargo, esas pruebas se terminaron invalidando, al no aparecer el auto firmado en el que se ordenó el registro de la vivienda y las oficinas de Lleó.

 

Más información en el diario La Provincia

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