La Comisión de Investigación sobre la adjudicación del agua a Canal de Isabel II volverá a reunirse el próximo lunes y la oposición ha vuelto a elevar una propuesta conjunta con los nombres de las personas que considera que deben comparecer, y que podrían ser claves para aclarar qué ocurrió en ese procedimiento negociado, que la Justicia ha ordenado revisar al considerar que se alteraron los pliegos en beneficio de la empresa madrileña.
En esta ocasión, PSOE, Podemos y Ciudadanos han reclamado que se cite a un representante de la empresa Gestagua, que también se presentó a ese procedimiento y fue descartada en favor de Canal, así como al gerente del Consorcio del Agua, Domingo Pérez Callero, y al presidente de Professional Water & Partners (PW&P), Gaspar Jovellanos Cienfuegos. Estos dos últimos jugaron un papel determinante en la adjudicación, ya que el informe de Domingo Pérez y el de la empresa PW&P son los únicos que constan en el expediente valorando las ofertas.
Professional Water & Partners, fundada y presidida por un ex directivo de Canal, fue contratada primero para hacer los pliegos del concurso y después, cuando ese concurso quedó desierto y se inició un procedimiento negociado, se le encargó el informe para realizar la valoración técnica de las propuestas presentadas. Y ese informe inclinó la balanza a favor de la antigua empresa del presidente de la consultora, Canal de Isabel II (por 17,88 puntos frente a los 17,01 que le dio a Gestagua). Ahora, la oposición pide que declare este empresario, Gaspar Jovellanos Cienfuegos, que además está investigado en la causa penal por la presunta corrupción destapada en la empresa madrileña, por el periodo en el que fue directivo de Canal antes de fundar su propia sociedad de consultoría, a través de la que siguió firmando contratos con su antigua empresa.
El gerente, autor de la valoración que sumaba el 75% de los puntos
En cuanto a Domingo Pérez, fue quien firmó el informe con la valoración económica de las ofertas, que era determinante de cara a la adjudicación, ya que la oferta técnica podía sumar hasta 25 puntos y la económica 75. Y de esos 75 puntos, 50 se centraban solo en la forma de pago del canon inicial, con el que se pretendía saldar la deuda que había llevado a embargar las cuentas de varios miembros del Consorcio.
En su primera oferta, Gestagua se comprometía a entregar en un solo pago los 50 millones de euros, pero tras las reuniones que mantuvo en Lanzarote dentro del procedimiento negociado, la empresa empeoró su oferta y acabó proponiendo un pago inicial de 15 millones y el resto en los siguientes cinco años, con pagos anuales de 7 millones. Esto terminó haciendo que su propuesta fuera peor valorada que la de Canal, que desde el principio había propuesto un pago fraccionado muy similar, pero en un año menos.
Por eso, la oposición quiere conocer qué ocurrió en esas negociaciones para que se produjera este cambio, por lo que ha pedido que comparezca un representante de Gestagua. Además, también ha venido solicitando acceder a las actas de las negociaciones, pero hasta ahora el presidente, Pedro San Ginés, se ha negado a dejarles acceder a su contenido.
Ambigüedad en el informe al valorar los cánones variables
En cuanto a los tres cánones variables, que en realidad suponían en el tiempo una cifra incluso superior a la del canon inicial, solo se valoraban con un máximo de 15 puntos. Además, pese a que ahí había claras ventajas en la oferta de Gestagua, precisamente en este punto era más ambiguo el informe de Domingo Pérez.
De hecho, en uno de ellos, relativo al canon variable b, ni siquiera se pronunciaba. "Analizadas ambas propuestas, resulta un ejercicio de predicción económica determinar cuál de las dos ofertas resulta más ventajosa, al confluir diferentes parámetros a estudio", se limitaba a señalar. En este caso, Gestagua ofrecía abonar un 20 por ciento de los ingresos tarifarios generados por el volumen facturado de más sobre 10.836.662 metros cúbicos al año, mientras que Canal ofrecía un canon del 5 por ciento sobre "los ingresos netos por encima de los fijados en el modelo económico financiero" incluido en su oferta y un 15 por ciento sobre el resultado después de impuestos por encima del fijado en ese modelo económico.
En cuanto al canon c, el propio informe del gerente reconocía que era "más ventajosa" la oferta de Gestagua, que ofrecía entregar al Consorcio el 75 por ciento del dinero que recibiera de subvenciones a la desalación, bonificaciones o exenciones ?que era el porcentaje que se fijaba en el pliego que se sacó a concurso- mientras que Canal rebajaba ese porcentaje hasta el 5 por ciento. Sin embargo, justo tras reconocer que la oferta de Gestagua era claramente mejor en este punto, el gerente relativizaba la importancia de este punto, señalando que "durante los últimos años los ingresos a la desalación aportados por el Estado se han visto reducidos notablemente y que los contratos de interrumpibilidad dependen de un sistema eléctrico en continua evolución". Así, sin aportar una sola cifra ni un cálculo de lo que podría suponer, añadía que este canon que había fijado el propio Consorcio en el pliego inicial del concurso "supone cierta incertidumbre durante la vigencia del contrato".
Asistencia voluntaria
Pese a la luz que podrían arrojar estas tres personas sobre lo ocurrido con ese procedimiento negociado, cabe recordar que la asistencia a la Comisión es voluntaria, por lo que podrían decidir no acudir, como ya ocurrió en la primera sesión, en la que no compareció ninguno de los convocados. Además, aunque por ejemplo Gestagua sí decidiera hacerlo, el primer paso es que el presidente de la Comisión, que de momento sigue siendo Pedro San Ginés, acepte la propuesta de estos nombres y cite a las personas solicitadas por la oposición.
Cabe recordar que en la primera sesión, PSOE, Podemos, Ciudadanos y Somos habían pedido la comparecencia del propio San Ginés, que ni siquiera se incluyó entre los convocados y sustituyó su nombre por el de la alcaldesa de San Bartolomé, María Dolores Corujo. Tras esa sesión, el presidente aseguró que sí comparecerá en la próxima, que se celebrará el lunes 18 de marzo.
Las otras tres personas citadas en la primera sesión fueron el que era gerente de Canal Gestión Lanzarote, Gerardo Díaz, -que fue detenido cuando trabajaba en la isla y actualmente está imputado por delitos cometidos desde esta empresa en su anterior destino en Melilla-, y los abogados Ignacio Calatayud y Esteban Cabrera, pero ninguno de los tres acudió. En el caso de Calatayud, cabe recordar que no solo intervino en este proceso de adjudicación del agua, sino también en otros que terminaron beneficiando a la misma empresa, como la incautación de la desaladora de Montaña Roja, mientras a su vez trabajaba y cobraba de Canal.
