Todos los grupos de la oposición en el Cabildo han exigido este jueves la convocatoria urgente de un Pleno extraordinario para abordar "la nueva ocultación" por parte del presidente, Pedro San Ginés, de una resolución judicial que pone en jaque el contrato que firmó con Canal de Isabel II. La petición llega después de que La Voz hiciera pública este martes una providencia del Tribunal Supremo, que rechaza los recursos del Consorcio del Agua y de Canal y hace así firme la sentencia del TSJC que ordenó revisar la adjudicación del agua en Lanzarote.
La providencia está fechada hace casi tres meses pero San Ginés la había mantenido oculta, igual que hizo en su día con el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que también tuvo que ser desvelado por La Voz seis meses después de dictarse.
En ese fallo, el Tribunal concluía que en el procedimiento negociado para entregar la gestión del agua en la isla se introdujeron "sorprendentes alteraciones" en los pliegos "en beneficio" de esta empresa madrileña que resultó adjudicataria, y que está inmersa en graves causas de corrupción. Por eso, ordenaba revisar todo el proceso y advertía de que "muy difícilmente podrá esta polémica actuación del Consorcio superar el obstáculo que supone el dictamen del Consejo Consultivo", apuntando así que el proceso de revisión terminaría declarando nulo ese contrato.
También quieren explicaciones sobre las actas de la comisión negociadora
El escrito solicitando este Pleno extraordinario está firmado por José Juan Cruz, Carlos Meca y Mari Paz Cabrera en nombre de los grupos del PSOE, Podemos y Somos Lanzarote, y por Benjamín Perdomo como consejero de Ciudadanos y miembro del grupo mixto. En ese Pleno, todos los grupos de la oposición quieren que el presidente dé explicaciones por haber ocultado esta resolución judicial y también hablar de sus consecuencias, dado que la providencia del Supremo hace firme la sentencia que ordenó revisar la adjudicación del contrato a Canal.
Además, en la solicitud señalan que también "se le pedirán explicaciones al presidente sobre el contenido de las actas de la comisión negociadora del contrato", ya que solo les permitieron consultarlas después de la comparecencia de San Ginés en la comisión de investigación que se creó precisamente para investigar esta adjudicación. Hasta entonces se les había negado el acceso, por lo que no pudieron preguntar al presidente sobre su contenido, y es lo que pretenden hacer ahora.
San Ginés dio por "finalizada" la comisión de investigación
En cuanto a la comisión, cabe recordar que se creó a instancias de la oposición, después de que La Voz hiciera pública la primera sentencia del TSJC. Sin embargo, tras tardar ocho meses en ponerla en marcha, el presidente decidió el pasado 2 de mayo "darla por finalizada" -sin informar a los consejeros de la providencia del Supremo y ocultándoles que ese fallo ya era firme-, tras una última sesión a la que de nuevo no acudió ninguno de los convocados. De hecho, ni siquiera asistió el que sigue siendo gerente del Consorcio del Agua, Domingo Pérez, que jugó un papel clave, al ser quien realizó el único informe que consta en el expediente con la valoración económica de las ofertas.
"Se lo pregunta usted a Domingo Pérez en la próxima sesión", había respondido en varias ocasiones San Ginés cuando declaró ante esa Comisión y el consejero que presidía la sesión, Carlos Meca, le preguntó por las lagunas de ese informe. En su declaración, el presidente no dio respuesta a la mayor parte de las preguntas que se le plantearon, y solo sirvió para evidenciar las lagunas del expediente. Entre otras cosas, confirmó que ni siquiera había un informe por escrito que estableciera qué aspectos se podían negociar con las empresas aspirantes.
Además, después Domingo Pérez se negó a comparecer, y por tanto no aclaró por qué en su informe ni si quiera hizo una valoración de cuánto hubiera supuesto lo que ofrecía la otra aspirante en cánones variables, que superaba con creces a la oferta de Canal y que hubiera representado decenas de millones de euros a lo largo de la vida del contrato.
En cuanto a la valoración técnica, el Consorcio presidido entonces por Pedro San Ginés contrató para realizarla a la empresa de un ex directivo de Canal, Gaspar Cienfuegos Jovellanos, que actualmente está imputado junto al que fue gerente de Canal Gestión Lanzarote, Gerardo Díaz, y otros directivos y ex directivos de la empresa madrileña. Además, el abogado que asesoró a San Ginés en este proceso fue Ignacio Calatayud, que tras la adjudicación llegó a cobrar de Canal 116.000 euros en menos de dos años.
