Los registros practicados en la vivienda y las oficinas del empresario Luis Lleó dentro del caso "Unión" permitieron dar un importante impulso a una causa anterior, el caso Costa Roja, sumando nuevos delitos e imputados en relación con la licencia que concedió el ex alcalde, José Francisco Reyes, para construir más de 1.000 viviendas, 2.559 garajes y 228 locales comerciales en esa parcela. Sin embargo, meses después de abrirse esa vía, el Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife ha tenido que cerrarla.
El motivo es que los registros que se practicaron en el año 2009 en la casa y las oficinas de Lleó han tenido que anularse, debido a un fallo en la instrucción judicial del caso "Unión". Concretamente, la orden del juez autorizando el registro no estaba en el sumario y aunque apareció hace tres meses, no estaba debidamente motivada. Así lo asume la propia Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas, que ha renunciado a utilizar las pruebas que se obtuvieron en esos registros.
Esta decisión no afectará a la causa que originó los registros, el caso Unión, ya que al margen del material que se incautó la UCO, hay suficientes pruebas para mantener la acusación contra Lleó por el presunto intento de soborno a Carlos Espino. Sin embargo, sí ha perjudicado a la causa inicial por la licencia que José Francisco Reyes concedió a Lleó.
Fernández Camero y Rafael Entrena Cuesta
Hasta hace unos meses, en ese procedimiento estaban imputados el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, y el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo Tejera, todos ellos por presuntos delitos de prevaricación urbanística en la concesión de la licencia. Sin embargo, tras incorporar a la causa los documentos y los correos electrónicos que se incautó la UCO en el caso "Unión", la juez de Costa Roja ordenó nuevas imputaciones. Entre ellas, las del propio Luis Lleó, la del abogado Felipe Fernández Camero y la del destacado catedrático y jurista Rafael Entrena Cuesta.
Los tres fueron imputados el pasado mes de marzo por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos, en base a unos correos electrónicos que ahora han tenido que quedar fuera de la causa. En esos emails, se ponía de relieve que el propio Lleó dio instrucciones al jurista Rafael Entrena para elaborar un dictamen que avalara la licencia de Costa Roja. Sin embargo, quien pagó ese informe fue el Ayuntamiento de Yaiza, que abonó 27.000 euros.
Según sostenía la Fiscalía, el informe del catedrático era una "absoluta farsa" para avalar la licencia que el Ayuntamiento ya había otorgado a Lleó para el proyecto básico de la obra; para justificar la licencia de ejecución que se concedió días después de recibir este dictamen, y también para dar argumentos a la defensa de Reyes y dos técnicos, que habían sido imputados por estos hechos. Ahora, los correos que ponían de relieve estos hechos no podrán utilizarse en la causa, al haberse anulado los registros de la casa y las oficinas de Luis Lleó.
Así, mientras la investigación no consiga aportar otras pruebas distintas para acreditar estos hechos, las imputaciones de Lleó, Fernández Camero y Entrena Cuesta quedarán sin efecto, y también los nuevos delitos que se imputaban al ex alcalde y al secretario de Yaiza. Y es que José Francisco Reyes y Vicente Bartolomé Fuentes también fueron imputados el pasado mes de marzo por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la administración y malversación en relación al pago de ese dictamen de Entrena Cuesta.
Ahora, Reyes y Bartolomé Fuentes (junto al jefe de la Oficina Técnica) deberán responder sólo por el delito de prevaricación urbanística, que era el que se les imputaba inicialmente por la concesión de la licencia.
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