"No podemos sustentar a un presidente que no asume su responsabilidad judicial y a un partido que le apoya, pendiente de la apertura del juicio oral, y que pretende encima utilizar los órganos del Cabildo para una estrategia judicial desconocida, pero que no se ajusta bajo ningún concepto a los informes técnicos, jurídicos y de Intervención necesarios para darle validez". Así ha explicado la secretaria general del PSOE en Lanzarote, María Dolores Corujo, el principal motivo para retirar su apoyo a Pedro San Ginés y romper el pacto que mantenían con Coalición Canaria en el Cabildo.
De esta forma, además de señalar que el "código ético del PSOE" les impide gobernar con un cargo público que se enfrenta a una "inminente" apertura de juicio oral, ha hecho referencia sobre todo a la "gravedad" de las actuales circunstancias, ya que considera que San Ginés está intentando adoptar acuerdos desde la administración, para tratar de influir en esa causa penal por la incautación de la desaladora de Montaña Roja.
En su comparecencia para anunciar la salida de los consejeros socialistas del grupo de gobierno, Corujo ha comenzado hablando del auto que el pasado mes de julio puso fin a la instrucción de esa causa, y que concluye que existen indicios para llevar a juicio a Pedro San Ginés y a otras tres personas por delitos de prevaricación y coacciones.
"Un peligroso camino sin retorno"
"El PSOE reaccionó con serenidad y abrió un compás de espera", ha afirmado Corujo, que ha calificado aquella noticia como de "extrema gravedad". Sin embargo, ha lamentado que "la generosidad del PSOE fue respondida con un cierre de filas en torno a la figura del presidente", por lo que "transcurrido más de un mes", su partido "considera que no puede seguir esperando una reacción de San Ginés y de la propia Coalición". "Es imposible mantener como presidente a San Ginés tras las últimas decisiones judiciales que le afectan", ha subrayado la dirigente socialista.
Además, ha hecho hincapié en que el presidente del Cabildo "ha iniciado un peligroso camino sin retorno, con su empeño en poner a las instituciones al servicio de su particular estrategia judicial". Así, se ha referido al convenio negociado por San Ginés con Club Lanzarote, que fue quien interpuso la querella contra el presidente y, hasta el momento, continúa personada como acusación particular en esa causa.
"Su intento de última hora de llegar a un acuerdo con Montaña Roja le lleva a implicar, aún más, al Consejo Insular de Aguas y al Consorcio Insular en decisiones de una más que dudosa legalidad, que no hacen sino abundar en la arbitrariedad de sus decisiones", ha cuestionado Corujo, refiriéndose a las sesiones de estos dos órganos que fueron "convocadas y desconvocadas" la pasada semana, y en las que San Ginés pretendía aprobar ese convenio. Y también a la nueva reunión del Consorcio convocada para este viernes, con el mismo punto en el orden del día, y a la sesión del Consejo de Administración de Inalsa que San Ginés convocó el martes y suspendió al día siguiente.
Una "huida hacia adelante"
"No se pueden utilizar los órganos dependientes del Cabildo para tratar de colegiar lo que han sido decisiones personales", ha advertido Corujo, que ha calificado la actitud de San Ginés de una "huida hacia adelante" ante su situación judicial. Además, ha hecho referencia a "informes que no existen" y a "dudas más que razonables" sobre la legalidad de lo que pretende aprobar ahora el presidente.
"Debería abstenerse en todo el proceso que le afecta, como lo ha hecho otro funcionario del Cabildo", ha subrayado la secretaria insular del PSOE, refiriéndose al secretario de la Corporación y del Consorcio, Pancho Perdomo. Fue la ausencia de este funcionario lo que obligó la pasada semana a desconvocar a última hora la reunión. Y aunque San Ginés afirmó entonces que el secretario se encontraba de vacaciones fuera de la isla y que era "insustituible", ahora ha convocado una nueva sesión para este viernes, para la que ha llamado a otro secretario, concretamente al del Ayuntamiento de Tinajo.
"Nos preocupa mucho", ha advertido Corujo al referirse a ese convenio con Club Lanzarote. "Pretender la imposición de un canon sin el respaldo de una ordenanza que lo regule o reconocer con carácter retroactivo derechos negados previamente, sitúan a las instituciones insulares en una posición que no merecen, al subordinarlas a sus propias necesidades procesales", ha insistido.
