El contenido de las actas que Pedro San Ginés mantuvo ocultas durante tres años refleja "incumplimientos que pueden abrir la puerta a revertir el contrato con Canal Gestión". Eso es lo que sostiene el ex portavoz de Podemos en el Cabildo, Carlos Meca, que acaba de conseguir acceder a esos documentos gracias a la intervención del Comisionado de Transparencia, que ha estimado la queja que presentó contra San Ginés por no entregarle esa información.
"Es algo que tenemos que analizar, para ver hasta qué punto la ristra de incumplimientos del contrato que hemos encontrado por parte de Canal Gestión puede dar derecho al Consorcio a exigir que se recupere para manos públicas la gestión del agua", ha adelantado, precisando que aún deben estudiar con más profundidad esas actas, dado que son más de 200 folios.
"En un primer vistazo ya hemos entendido el empeño de Pedro San Ginés en mantenerlo oculto", ha señalado Meca, que tras haber podido leer su contenido denuncia que el ex presidente estuvo "mintiendo a la población durante tres años sobre la realidad del cumplimiento del contrato por parte de Canal Gestión". Así, aunque el ex consejero recuerda que era "un secreto a voces que Canal estaba incumpliendo el contrato", afirma que con estas actas han podido "confirmarlo".
"Algo muy raro estaba sucediendo"
"Se estaban realizando supuestas inversiones millonarias en la isla y seguía sin disminuirse el nivel de pérdidas. Algo muy raro estaba sucediendo", ha recordado Meca, que en el pasado mandato presentó una moción en el Cabildo por este tema. "Pedíamos que se hiciera una auditoría sobre esas inversiones y por supuesto la moción no fue aprobada por el grupo de gobierno", ha cuestionado.
Ahora, tras tener acceso a las actas, Carlos Meca sostiene que San Ginés era plenamente consciente de esos incumplimientos, porque se pusieron sobre la mesa en la comisión de seguimiento. "Incluso hace pocos meses el Consorcio sancionó económicamente a Canal por el incumplimiento del contrato", ha desvelado Meca, subrayando que además se trataba de un "incumplimiento grave, que es como lo tipificó el propio gerente del Consorcio".
"Y todo esto sin que supiéramos nada, ocultado por Pedro San Ginés durante años", ha denunciado. "Pudo haber gente que cuando vio que Canal se hacía cargo de la gestión del agua pudo alegrarse, porque ya vimos cómo se gestionó en su día y cómo se desfalcó la empresa pública Inalsa, pero ahora hemos podido comprobar que se puso al lobo a cuidar a las gallinas", ha añadido el ex consejero.
Empezó a funcionar sin reglamento y después lo incumplieron
La secuencia completa de las actas también refleja que durante los dos primeros años prácticamente no se reunió esta comisión que se creó para velar por el cumplimiento del contrato. De hecho, desde que se firmó en 2013 hasta junio de 2015 solo se habían celebrado cinco reuniones y ni siquiera tenían aprobado un reglamento. Y cuando éste por fin se aprobó establecieron que las reuniones se celebrarían "como mínimo una vez cada dos meses y siempre que se estime conveniente a los intereses sociales", pero siguieron sin cumplir esos plazos, manteniendo una media de solo tres reuniones anuales hasta 2018.
Además de esta irregularidad en el funcionamiento de la comisión, la composición inicial tampoco coincidía con la que establecía el reglamento aprobado después, ya que el único cargo público presente en las primeras reuniones era Pedro San Ginés. Fue después de que Podemos empezara a solicitar las actas cuando aumentaron el número de miembros de la Comisión. Para ello, San Ginés decidió designar a otros dos cargos públicos de Coalición Canaria: el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, como titular, y el que era alcalde de Haría, Marci Acuña, como suplente, aunque en el caso de Betancort no llegó a asistir nunca a esas reuniones.
Lo que también fue cambiando con el tiempo fue el tono y el contenido, ya que las actas de las primeras apenas ocupan uno o dos folios y no se aprecia un tono reivindicativo hacia la empresa, pese a que los datos que se pusieron sobre la mesa después reflejan que ya se estaba incumpliendo el plan de inversiones. Fue tras la destitución de Gerardo Díaz como gerente de Canal Gestión Lanzarote -tras ser detenido e imputado por el pago y el cobro de sobornos-, cuando empezó a aumentar la tensión entre San Ginés y la empresa en esas reuniones, llegándose incluso a imponer sanciones. Sin embargo, el ex presidente las mantuvo ocultas y públicamente siguió defendiendo que Canal había sido "una bendición" para Lanzarote.
Más de 200.000 euros anuales sin destino conocido
El otro cambio en la composición de este órgano llegó también en el primer año, ya que a las primeras reuniones asistía el abogado externo Ignacio Calatayud. De hecho, ése es otro punto que queda aún por esclarecer, ya que el contrato con Canal establecía que esta empresa pagaría 200.000 euros anuales para el funcionamiento de esa comisión de seguimiento y control del contrato.
Por eso, además de las actas, Podemos pidió en el pasado mandato la relación de gastos con cargo a esa comisión, pero San Ginés también se negó a entregárselos. Precisamente esto motivó una segunda queja de Carlos Meca ante el Comisionado de Transparencia, aunque ésa todavía no se ha resuelto y más de tres años después sigue sin recibir esa información.
No obstante, lo que sí reconoció el Cabildo en una respuesta por escrito es que parte de ese dinero había ido a parar a Ignacio Calatayud y a su hermano. Y aunque después se negó a dar las cifras, la causa penal por la incautación de la desaladora de Montaña Roja permitió conocer al menos dos de esos pagos, cuando el juez instructor preguntó al ex gerente de Canal si Calatayud trabajaba para esta empresa mientras asesoraba a San Ginés en la incautación ilegal de la desaladora, que después fue entregada a Canal Gestión.
Pagos de Canal a Cataluyud para "asesorar" al Consorcio
En esa declaración, Gerardo Díaz confirmó que la empresa había pagado más de 77.000 euros por "asesoramiento" directo a Canal, además de otros 40.000 euros solo en ocho meses por asesorar al Consorcio en la comisión que debía vigilar el cumplimiento del contrato. Además, Canal Gestión también contrató a su hermano, Carlos Calatayud, a quien pagó otros 9.600 euros, también por asesorar al Consorcio. "Lo que se paga a estos letrados que intervienen en la comisión se detrae de los pagos que tenemos que realizar al Consorcio", declaró Gerardo Díaz en los Juzgados.
En el caso de Calatayud, dejó después de asistir a esas reuniones, coincidiendo con el escándalo por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, que entre otras cosas puso de relieve que trabajaba para ambas partes, y que asesoraba a San Ginés para adoptar medidas que terminaron beneficiando a Canal, ya que entregaron a las plantas incautadas a esta empresa que le tenía contratado.
Y también dejó de asistir Gerardo Díaz, después de que Canal de Isabel II decidiera destituirle como gerente poco después de su detención e imputación, en una medida a la que se opuso públicamente Pedro San Ginés, que llegó a pedir a la empresa que revocara esa destitución. El otro cambio fue la entrada en la comisión de seguimiento de Echedey Eugenio, después de que San Ginés delegara en él la presidencia del Consorcio, mientras que como jurista acudía a esas reuniones Eugenia Torres.
"Demostrar que no están gobernando como gobernaba CC"
"El Cabildo ahora tiene una responsabilidad y es demostrar que no están gobernando como gobernaba Coalición Canaria. Y el tema del agua es una cuestión clave, primero por cómo fue la adjudicación y después porque estamos viendo que no está cumpliendo con el contrato", ha reclamado ahora Meca.
Así, señala que lo primero es llevar a cabo la revisión de la adjudicación que ordenó la Justicia, en una sentencia que consideró acreditado que se alteraron los pliegos "en beneficio de Canal". "Ya pudimos confirmar en la comisión de investigación que se creó en el Cabildo que lo que se produjo fue un pucherazo y que Pedro San Ginés benefició a Canal Gestión en la adjudicación de ese contrato, con la alteración de los pliegos, con aquel engaño de que nos ofrecen más inversiones pero al mismo tiempo le reducían el importe de los cánones que tenían que pagar, que era lo comido por lo servido", ha recordado.
Pero además, a la luz de estas actas a las que ha tenido acceso ahora, y más allá de la intención que ha expresado Canal de Isabel II de salir de Lanzarote, Meca considera que debería estudiarse la posibilidad de exigir la rescisión. "Estableciendo nuevos controles para evitar que pueda volver a pasar lo que pasó con Inalsa, creo que es el momento de que el Cabildo se empiece a plantear el recuperar la gestión del agua en Lanzarote", ha defendido Meca.
