Inalsa investigará todos los pasos que se dieron en la contratación que la empresa pública de aguas suscribió con la UTE Edam Janubio, ya que se ha aprobado, en la reunión de su Consejo de Administración celebrada este martes, la creación de una Comisión de Investigación interna. Esta comisión intentará esclarecer las responsabilidades políticas, económicas, sociales, y si las hubiera, incluso penales.
Mario Pérez, consejero delegado de Inalsa, ha afirmado que en el marco de esta contratación, hay responsables que tienen nombre y apellidos. "Existen responsabilidades políticas sobre cómo se ha ido gestionando este tema, que recaen en quién era presidente del Consejo de Administración, en su día, Enrique Pérez Parrilla, y quién era consejera delegada, Plácida Guerra". Mario Pérez también ha comentado que serán los Tribunales los que determinen si existe una derivación de estas responsabilidades políticas en otro tipo de responsabilidades.
Por su parte, las consejeras del Partido de Independientes de Lanzarote, María José Docal y Plácida Guerra, han presentado en la Primera Institución una moción para que se presenten ante la Fiscalía de Lanzarote los dos contratos que la empresa pública de aguas suscribió con la Unión Temporal de Empresas, Etam Janubio. Estas consejeras exigen que se determinen, de esta forma, las responsabilidades, si las hubiera, y a quién corresponden. Además, Docal y Guerra también han contemplado la posibilidad, en esta moción, de acudir, ellas mismas, a la Fiscalía, si el Pleno del Cabildo optara por no hacerlo.
Esta moción se suma a la que ya presentaron, por separado, los representantes populares y socialistas en la Primera Institución. Estos grupos políticos exigieron la creación de una comisión de investigación para que esclarezca los diferentes pasos que se dieron en la contratación que Inalsa suscribió con la UTE Etam Janubio para la contratación y explotación de una planta desaladora en Janubio.
El árbitro tenía otra condena
Por otra parte, la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Las Palmas ha denegado la recusación presentada por Inalsa contra Juan Carlos Grisolía, el abogado que dictó el laudo contra la empresa pública, pero el consejero delegado Mario Pérez ha anunciado que se presentará una nueva recusación, al tomarse conocimiento de otra condena judicial que pesaba contra Grisolía, que Inalsa desconocía hasta el momento y que se suma a otras dos sentencias contra el abogado que fundamentaron la primera recusación.
La condena contra Grisolía que motivará esa segunda solicitud de recusación es por deslealtad profesional, delito por el que fue condenado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas a ocho meses de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogado y una multa. En la causa en cuestión no sólo quedó probado sino que además el propio Grisolía reconoció que se había quedado con dinero entregado por un cliente para "paralizar u obtener la adjudicación" de una finca hipotecada y que iba a salir a subasta.
Los hechos se remontan al periodo comprendido entre los años 1994 y 1997, y la suma en cuestión era de 9.000.000 millones de pesetas, las cuales fueron devueltas por Grisolía antes del inicio del juicio oral, para eludir una pena mayor, como ya había hecho en anteriores causas.
Así, este es el tercer delito por el que ha sido condenado el árbitro que dictó el laudo contra Inalsa, habiendo sido los otros dos por estafa y apropiación indebida, en todos los casos cometidos en el ejercicio de sus funciones de abogado.
Mientras tanto, la Corte de Arbitraje aún no ha respondido a la solicitud de nulidad del laudo presentada por Inalsa de forma paralela a la recusación del árbitro.
