La Audiencia de Cuentas y el Consejo Consultivo de Canarias han rechazado pronunciarse sobre el convenio que firmaron el Ayuntamiento de Haría y el Cabildo de Lanzarote para poner fin al pleito de la Cueva de Los Verdes, pero el alcalde, Marci Acuña, lleva meses ocultando al Pleno la respuesta que recibió de ambos órganos. Además, sigue sin remitir al Juzgado ese acuerdo, que por tanto continúa sin estar homologado ni validado, y tampoco ha solicitado la ejecución de la sentencia que ya es firme, y que obliga al Cabildo a pagar una indemnización al Consistorio que superaría ya los 20 millones de euros.
Precisamente ese fallo firme fue lo que intentó evitar el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, cuando negoció ese acuerdo extrajudicial con su compañero de partido y alcalde de Haría, después de que el Juzgado diera la razón al Consistorio en el pleito iniciado en su día por José Torres Stinga. Sin embargo, el TSJC rechazó su pretensión en 2017, reprochando además al Cabildo su actitud "errática" en este pleito, y lo que hizo fue declarar firme la sentencia de primera instancia y remitir la posible "homologación" del convenio a la fase de ejecución del fallo.
Las críticas planteadas entonces por la oposición llevaron finalmente al grupo de gobierno de Haría a solicitar un dictamen jurídico, que arrojó unas conclusiones demoledoras. Entre otras cosas, advertía de que ese convenio se firmó sin contar con los informes y las autorizaciones pertinentes, que incurría en vicios de nulidad, que es "lesivo" para el Ayuntamiento y que no está validado ni ha sido homologado por los Tribunales.
No informó al Pleno ni se dirigió al Juzgado
Más de cuatro meses después de conocer ese dictamen, el alcalde volvió a llevar el tema a Pleno y lo que aprobó, con la abstención incluso de su socio de gobierno, fue pedir autorización para firmar ese convenio al Gobierno de Canarias. Un convenio que en realidad ya había firmado, omitiendo ese trámite que era obligado, según advertía el informe jurídico. Además, CC aprobó en solitario en el mismo Pleno solicitar un informe al Consejo Consultivo para que se pronunciara sobre la validez jurídica del convenio y otro a la Audiencia de Cuentas para que informara sobre su "posible lesividad" para las arcas del Ayuntamiento.
"Si esos dictámenes fueran positivos, entonces el siguiente paso sería llevarlo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas, que fue el que dictó la sentencia en primera instancia, para su homologación judicial", afirmó entonces el alcalde. Sin embargo, esos órganos rechazaron emitir informes hace meses y Marci Acuña no se lo comunicó a los concejales de la oposición, ni ha vuelto a llevar el tema a Pleno, ni se ha dirigido al Juzgado.
Es el Ayuntamiento "quien podría valorar las repercusiones económicas"
En el caso del Consejo Consultivo, envió un escrito al alcalde hace casi medio año, concretamente el 26 de noviembre de 2018, comunicándole que había acordado "no tramitar la solicitud de dictamen" sobre la "validez jurídica" de ese acuerdo extrajudicial. Al respecto, señalaba que el Ayuntamiento no está legitimado para solicitar un dictamen facultativo del Consejo, ya que solo pueden hacerlo "las presidencias del Parlamento y del Gobierno".
En cuanto a la Audiencia de Cuentas, se reunió el pasado 29 de enero y acordó también "no emitir el informe solicitado", cuestionando además la forma en la que se había cursado esa petición. "La consulta formulada por el Ayuntamiento ha sido planteada en términos muy genéricos", señala la Audiencia en el certificado en el que notifica su acuerdo, que está fechado el pasado 8 de febrero. Además, añade que es el propio Ayuntamiento quien "podría valorar las posibles repercusiones económicas" y por tanto la "posible lesividad" del convenio con el Cabildo.
Al respecto, cabe recordar que pese a las advertencias que realizó en su día la interventora del Ayuntamiento, el grupo de gobierno de Haría aprobó el convenio en octubre de 2016 sin contar siquiera con un informe económico. En cuanto al informe jurídico, se encargó también con posterioridad y concluía que el Ayuntamiento "tiene la obligación" de volver a analizar el contenido del convenio, ya que "existen indicios para sostener la lesividad al interés público.
La supuesta indemnización, "una declaración de intenciones"
"Resulta claro que las partes no pactaron cantidad alguna en concepto de daños y perjuicios que se reconoció a favor del Ayuntamiento de Haría en la sentencia de febrero de 2015", señalaba el informe. Esa sentencia no solo condenaba al Cabildo a abandonar este centro turístico sino que también le obligaba a entregar al Consistorio todo el dinero recaudado por la venta de entradas desde el 25 de noviembre de 2010, cuando el Ayuntamiento le ordenó desalojar la Cueva por el impago del canon, y hasta que se hiciera efectiva la devolución de este centro turístico. En cuanto al importe que supondría esa indemnización, el informe señalaba que cuando se firmó el convenio en 2016 superaba ya los 15 millones de euros, y esa cantidad sigue creciendo mientras no se ejecute la sentencia, situándose ya en cerca de 20 millones de euros.
Sin embargo, el acuerdo que el grupo de gobierno de Haría alcanzó con el Cabildo "no contiene disposición alguna sobre un eventual pago al Ayuntamiento en concepto de indemnización", señalaba el informe jurídico. Al respecto, aclaraba que el canon que el Cabildo se comprometía a pagar a Haría por la explotación de la Cueva no puede entenderse como una indemnización, entre otras cosas porque es el mismo que recibe también Tinajo.
En cuanto al Plan Específico de Desarrollo del Municipio que se incluyó en ese convenio -por el que el Cabildo se comprometía a invertir 6 millones de euros en Haría en los próximos 10 años-, el informe señalaba que "dados los términos de la cláusula, cabe destacar que dicho pacto parece responder a una declaración de intenciones", ya que se establecía que el Cabildo financiaría las obras "en la medida de sus posibilidades". Además, cuestionaba que ni siquiera se establecía una cantidad fija, al señalar que "el importe estimado se determinaría cada año atendiendo a las prioridades municipales" y que esas "prioridades" serían "objeto de acuerdos" posteriores.
Tras conocer el contenido de este informe, el grupo de gobierno siguió sin encargar un informe económico detallado y lo que hizo fue dirigirse a la Audiencia de Cuentas pidiendo que se pronunciara sobre la "posible lesividad" del convenio, pero la respuesta de este órgano fue que no puede emitir un "informe genérico" como el solicitado. "No es posible cuantificar, en las circunstancias actuales, las compensaciones asumidas por el Cabildo insular de Lanzarote y mucho menos las consecuencias económicas que pudieran derivarse del convenio extrajudicial en términos de posible lesividad", señala en su resolución. "Máxime tratándose de un convenio que, aún firmado, no ha sido homologado por el Juzgado y no está liquidado", añadía en su respuesta al Ayuntamiento. Sin embargo, desde entonces no consta que el alcalde haya dado nuevos pasos ni para intentar homologar o anular ese convenio ?como proponía el informe jurídico- ni para cumplir una sentencia que de ejecutarse en los términos en los que se dictó, supondría ingresar casi tres veces el presupuesto del Consistorio de todo un año.
