"Por favor, que se presente esto hoy y que sea el expediente más importante de todo el despacho. Espero entiendas la trascendencia económica del mismo, se puede ir todo al carajo". Éste correo electrónico, enviado por el empresario Luis Lleó e interceptado dentro de la Operación "Unión", forma parte de las decenas de mensajes que ha analizado la UCO en un informe que ha abierto nuevos frentes de investigación, incluyendo presuntos delitos fiscales en los que podrían haber incurrido el empresario y algunas de las personas que le asesoraban.
El informe, que ha salpicado a [catedráticos tan reconocidos como Rafael Entrena->76154] e incluso a [dos magistrados que formaron parte del Tribunal Constitucional->76469], refleja la magnitud de los negocios manejados por Lleó. El empresario gastaba cientos de miles de euros sólo en asesores para eludir el pago de impuestos y para resolver otros problemas jurídicos de su compleja red empresarial, que tenía importantes intereses inmobiliarios en los municipios de Yaiza, Arrecife y San Bartolomé.
Contabilidad en una furgoneta
En su informe, la UCO habla de posibles "negocios simulados" y "fraudes de ley", como la disolución de una sociedad para eludir el pago de impuestos y la venta de nuevas participaciones a un precio llamativamente bajo de 5 euros, que escondía "una plusvalía enorme" y podría conllevar "responsabilidades multimillonarias" en la inspección de la Agencia Tributaria. Pero además, el informe policial da detalles de la supuesta contabilidad B de la empresa, e incluso de dónde se guardaba.
En un correo fechado en julio de 2007 y dirigido a un directivo de su empresa (el grupo Nexar), Lleó le explica que hay "documentación de cosas B" en una carpeta "que hay que llevar al trastero" y que se ponga de acuerdo con la contable. "También le comenta que esa carpeta habría que sacarla del despacho esta semana sin más tardar y que se los lleve a una caja de archivo a la furgoneta de Matagorda", según recoge la UCO.
En otro mensaje, Lleó vuelve a hacer referencia a esa furgoneta donde presuntamente guardaban una contabilidad paralela de la empresa. En este caso, hace referencia a las copias de unos pagarés que tiene la contable "en la carpeta que cogió del despacho" y señala que "es la que debe llevar a la furgoneta en cuanto se termine".
Pagos en diamantes
Otro de las cosas que "ha llamado la atención" de los agentes de la UCO, según señalan en su informe, "es el posible pago de Luis Lleó a través de otros medios de pago en especie, en este caso a través de joyas", "posiblemente debido a la falta de liquidez".
Al respecto, la UCO reproduce un correo electrónico de octubre de 2008, en el que Lleó adjunta un certificado de diamantes del Instituto Gemológico de Canarias, para que se le entregue a alguien a quien debía realizar un pago.
Además, en otro mail se dirige a una persona pidiéndole que consulte "cuánto le pueden pagar en el mercado por esa pieza".
Saldo "ficticio" de más de un millón de euros
Los correos electrónicos interceptados por la UCO reflejan las estrategias de Luis Lleó frente a la Agencia Tributaria y frente a las causas judiciales que ya entonces pesaban sobre él (como el primer caso abierto por la licencia que José Francisco Reyes le concedió para construir más de 1.000 viviendas en Costa Roja), pero también con respecto a sus ex socios.
En uno de los correos electrónicos que envió a cuatro de sus asesores, incluyendo al juez Ángel Aguallo Avilés y a la esposa del magistrado Ignacio Sánchez Yllera, Luis Lleó les explicaba que Residencial Costa Roja tenía en ese momento un "saldo en caja" de "aproximadamente 1.150.000 euros", que deberían repartirse "entre los adjudicatarios de la finca segregada primera en función de su participación", ya que iban a disolver la sociedad. Sin embargo, en ese mismo correo, Lleó reconocía que ese saldo era "ficticio"
En el mensaje, Lleó detallaba que habían ido retirando en efectivo "importantes cantidades de dinero presuntamente no declaradas" y que había realizado pagos en metálico", tales como "la compraventa del solar de la Marina de Naos, en la que entregó la cantidad de 600.000 euros en B", o las "operaciones con Fistrodejan por la adquisición de terrenos, en las que declara haber realizado pagos no contabilizados", así como importantes entregas de dinero en metálico que podrían haber ido a parar a un primo suyo, según sostiene la UCO.
"Inúndales de papeles"
Por su parte, el juez Ignacio Sánchez Yllera recomendaba a Lleó en uno de los correos electrónicos que le diera "acceso a sus ex socios a las cuentas, ya que cuanto más retraso haya más se extiende la sospecha de que las está manipulando". Según recoge la UCO en su informe, "le recomienda que les inunde de papeles y que se entretengan unos días".
Tiempo después, Sánchez Yllera envió un nuevo mensaje a Lleó, diciéndole que no consigue localizarle. En ese correo, Yllera dice que "teme, intuye y tiene algún dato" de que las "cosas familiares (consultores-inmuebles)" de Lleó "van a estallar por los aires y que puede verse envuelto en otra causa penal. Que supone que es consecuencia de no haber recibido noticia ni dato alguno de esos magníficos economistas-contables, lo que le hace creer la sospecha de que les estás preparando alguna gorda".
"Un niño mal parido"
En su informe, la UCO recuerda que "Residencial Costa Roja, la cual tenía previamente la denominación social de Torreón de Yaiza SL, ha estado inmersa en reclamaciones judiciales, problemas de fiscalidad y denuncias, observándose a lo largo de la investigación una serie de baches y de situaciones que el propio Luis Lleó ha intentado sortear". De hecho, en alguno de los correos electrónicos intervenidos, el propio Lleó se refiere a Residencial Costa Roja como "un niño mal parido".
El informe policial detalla que la mercantil estuvo "participada inicialmente por múltiples propietarios, entre ellos el propio Lleó, participando una pluralidad de sociedades y de personas físicas (en muchos casos familiares de Luis Lleó) que a lo largo del tiempo van desapareciendo, a favor de las adquisiciones realizadas por éste".
La documentación incautada refleja requerimientos que ya entonces les realizaron desde Hacienda, e incluso en uno de los correos electrónicos que intercambiaron Lleó y sus asesores se apuntaba a que "el departamento de inspección" estaba "recabando información para pasarles por la piedra".
Ahora, además de poner sobre la mesa nuevos posibles delitos, la UCO también plantea que varios de los aspectos fiscales que revela su informe deberían ser analizados por la Agencia Tributaria.
Además, parte de este informe ha sido incorporada ya a otra causa penal, que investiga la primera licencia concedida por Reyes a residencial Costa Roja, y ha dado lugar a nuevas imputaciones en ese caso. Entre ellas, la del catedrático Rafael Entrena Cuesta, por un informe que realizó avalando esa licencia, y que fue pagado por el Ayuntamiento de Yaiza. Además, el fiscal pidió que se investigaran los "indicios" que plantea el informe de la UCO contra Pedro de Armas, ya que considera que "pudo haber sido el negociador de posibles comisiones ilegales" en la concesión de esa licencia.
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