La sociedad Ledesdorfe, que presentó más de un centenar de demandas en los Juzgados contra licencias residenciales en el municipio de Yaiza, actuó con "temeridad y mala fe". Eso es lo que ha determinado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, que ha condenado a Ledesdorfe a pagar las costas generadas por una de esas demandas, de la que finalmente terminó desistiendo antes de llegar a juicio.
La licencia, que permitió la construcción de una vivienda unifamiliar en Puerto Calero, forma parte de la cascada de denuncias presentada por Ledesdorfe. Esta sociedad, representada en los tribunales por el despacho Díaz de Aguilar, está integrada por empresarios con licencias declaradas ilegales, y con fuertes intereses en el Plan Parcial Playa Blanca, declarado "extinguido" y por tanto fuera de la legalidad por los Tribunales. En respuesta, Ledesdorfe anunció hasta 400 demandas (finalmente sólo presentó algo más de cien) contra otras licencias residenciales de Yaiza y Teguise, para denunciar una supuesta "discrecionalidad" del Cabildo. Algunas de las licencias que recurrió Ledesdorfe, incluso, fueron otorgadas a sus propios "socios o allegados". Sin embargo, después ha ido retirando varios de esos pleitos.
Concretamente, del que afecta a esta vivienda de Puerto Calero, desistieron el pasado 14 de febrero, cuando "Ledesdorfe presentó un escrito manifestando no ser de su interés continuar con el recurso, solicitando su archivo", según recoge el auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
En ese auto, la magistrada sostiene que "mientras se estaba intentando practicar la totalidad de las pruebas propuestas y declaradas pertinentes", Ledesdorfe "se limita a manifestar que desiste del mismo sin alegar motivo alguno para adoptar dicha decisión, habiendo obligado no sólo a las demás partes personadas a los correspondientes gastos procesales, sino a la propia Administración de Justicia a incoar un procedimiento, con los consiguientes costes que ello supone, sin motivo alguno". Por ello, aprecia "temeridad y mala fe por la parte actora" y le condena a pagar las costas procesales.
"Le importa un bledo la legalidad"
La medida acordada ahora por la jueza fue solicitada por el codemandado, el titular de la licencia, que alegaba que Ledesdorfe había intentado "matar una mosca a cañonazos, interponiendo recursos a diestro y siniestro, sin pararse a analizar mínimamente la situación legal y constructiva de cada una de las construcciones cuyas licencias recurría".
En el escrito que remitieron al Juzgado, alegaban que la intención de Ledesdorfe "con tan desmesuradas y desorbitadas intervenciones judiciales fue única y exclusivamente la de causar directamente un mal ajeno e, implícitamente, poner contra las cuerdas la política territorial del Cabildo de Lanzarote".
En su caso, aseguraba que la obra en cuestión es "inatacable" y que "una llamada de teléfono, un requerimiento notarial o un acto de conciliación judicial hubieran sido bastante para contactar con mi mandante y poner todo ello de manifiesto a quien se lo hubiera pedido". Sin embargo, alega que le obligaron a "acudir a un Juzgado a defenderse, a hacer valer sus derechos, con el coste judicial que ello conlleva, y que podía haber sido evitado".
Y todo ello, según subraya en este escrito el abogado de uno de los afectados, por buscar una "vía mediática de publicitar su inaceptable posición de presentar sus 400 recursos. Ello les creaba publicidad, les hacía vender prensa, porque era eso lo que pretendían: hacerse fuertes ante el Cabildo de Lanzarote".
De hecho, en el escrito que ha sido admitido por la jueza, el letrado sostiene que "a Ledesdorfe no le interesa el orden público urbanístico. Es más, podemos afirmar sin tapujos que a la recurrente (esto es, a sus socios y allegados) les importa un bledo la legalidad urbanística". "La supuesta intención de impugar todas las licencias de obras de los planes parciales lanzaroteños, incluso aquellas ostentadas por los propios socios de Ledesdorfe, no es más que un paripé de cara a la galería. Ledesdorfe jamás tuvo ninguna intención de impugar las licencias de sus propios socios. De hecho, sin esperar al trámite de demanda, desistió de los recursos que pudieran afectar los intereses de tales socios".
"Irónico y patéticamente chocante"
A todo esto, el escrito de la defensa agrega algo que considera "más importante", para entender la actitud de los empresarios que están detrás de Ledesdorfe. En este sentido, recuerda que en los dos últimos años, después de que esta sociedad interpusieran esos recursos, "han venido saltando a la prensa noticias de indudable interés", en referencia a las "acusaciones y denuncias vertidas, algunas por el propio ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, contra determinados empresarios (socios y o apoderados de algunas de las sociedades sustentadoras de la ficticia entidad Ledesdorfe) de haber entregado dinero al mismo alcalde a cambio de obtener licencias urbanísticas en el Plan Parcial Playa Blanca".
Estos hechos, que fueron negados por los afectados, dieron lugar a nuevas imputaciones en el caso "Reyes", dentro de la causa abierta en el Juzgado de Instancia Número 2 de Arrecife. "Resultaría irónico y patéticamente chocante que personajes que se dedicaran a dar dinero a cambio de obtener licencias de aquella manera, se erigieran en defensores del orden público urbanístico, mediante la interposición de sus 400 recursos", señala el abogado en ese escrito remitido al Juzgado.
Y es que, según concluye, la "verdadera intención" de los socios de Ledesdorfe es "la defensa de sus empresariales e individualísimos intereses urbanísticos". "El recurso interpuesto no lo ha sido con su finalidad legal, sino con la espuria finalidad de respaldar y sostener un interés económico propio".
Ahora, esta demanda ha sido archivada (al igual que al menos otra decena de pleitos), y Ledesdorfe tendrá que pagar los gastos causados al afectado.
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