De los casi 400.000 euros que el Ayuntamiento de San Bartolomé pagó a las empresas de José Vicente Montesinos, al menos 87.000 podrían haber terminado directamente en manos del interventor del Consistorio, Carlos Sáenz. Eso es lo que confesó el propio empresario y lo que sostiene el juez instructor del caso Montecarlo, Ricardo Fiestras Gil, que considera que hay indicios racionales de que el empresario pagaba sobornos en metálico al interventor. Así, además de los delitos de prevaricación, fraude y/o malversación que imputa a los otros tres acusados en esta pieza de la causa, el juez también imputa a Sáenz y Montesinos otro delito de cohecho.
En el auto en el que pone fin a la instrucción, el magistrado detalla los pagos presuntamente fraudulentos que recibió Montesinos del Ayuntamiento de San Bartolomé a través de dos empresas. Por un lado Progestril, que cobró 307.440 euros en base a dos contratos firmados con el Consistorio, por supuestos servicios que según el juez ni siquiera se prestaron. Por otro Recingest, que recibió 87.000 euros, cargando 20 facturas distintas al Ayuntamiento sin que existiera siquiera ningún tipo de contrato que lo avalara.
En el caso de los pagos a esta segunda empresa, el juez señala que cuando la transferencia del Ayuntamiento llegaba a la cuenta de Recingest, José Vicente Montesinos "retiraba" el dinero y se lo "entregaba en efectivo al interventor". Con ello, según el auto judicial, el empresario conseguía que Carlos Sáenz "siguiera sin poner reparo o traba alguna a los pagos que el Ayuntamiento efectuaba" a su otra empresa.
Meses después de ser detenido, el propio Montesinos declaró en los Juzgados que del dinero que recibía Recingest él "no se llevaba nada" y que esas cantidades eran "para pagar a Carlos (Sáenz)". A demás, confesó que de las retiradas de dinero en efectivo que figuran en las cuentas de sus empresas, "algunas eran para pagar a Carlos".
Montesinos denunció a Sáenz dos años antes de su arresto
Durante la investigación de esta causa, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional detectó numerosas conexiones económicas entre el empresario y el interventor, así como operaciones en las que Sáenz manejaba importantes cantidades de dinero en efectivo. Además, el propio Montesinos llegó a presentar una denuncia en el año 2010, dos años antes de ser detenido en el caso Montecarlo, en la que acusaba a Carlos Sáenz de exigirle comisiones ilegales para pagarle facturas que, según él, le debían los Ayuntamientos de Arrecife y San Bartolomé.
Montesinos presentó esa denuncia en la comisaría del aeropuerto de Gran Canaria y dio incluso detalles sobre cómo Carlos Sáenz le pidió que abonara uno de esos presuntos sobornos, a través de un intermediario. Sin embargo, cuando en el año 2012 fue detenido, se retractó de su declaración, al menos en la parte que le implicaba a él en el pago de sobornos. Lo que sí hizo Montesinos tras su detención fue seguir cargando contra el interventor Carlos Sáenz y contra un abogado que supuestamente ejercía de intermediario. "Me tenían extorsionado. Son unos delincuentes", afirmó después de enfrentarse a un largo interrogatorio, en el que insistió en que él "aborrece la corrupción", que "no acepta mordidas de nadie" y que por eso Carlos Saénz "le bloqueó el pago de sus facturas".
Meses después, el empresario volvió a declarar en los Juzgados y ahí sí reconoció haber entregado importantes sumas de dinero al interventor. Al menos, el importe de las facturas cobradas a nombre de Recingest. "Carlos decía que no trabajaba por 1.200 euros únicamente", declaró Montesinos, que afirmó que el ex alcalde, Miguel Martín, el tesorero de San Bartolomé, Luis Manuel Rodríguez, y el ex concejal de Hacienda, Javier Betancort, conocían esta situación.
"Carlos Sáenz necesitaba a más gente para hacer esto", señaló Montesinos, que añadió que "el concejal sabía lo qué y para qué firmaba y el tesorero sabía que era para Carlos", ya que asegura que él mismo se lo dijo personalmente. "Aquí se sabe todo y nadie puede decir que firma sin saber", insistió.
Carlos Sáenz, avalista de una hipoteca de Progestril
Por su parte, la investigación de la UDEF localizó al menos dos ingresos realizados por José Montesinos y por una de sus empresas (Recingest) en una cuenta de Carlos Sáenz, por importe de 3.000 euros cada una. Al ser preguntado por ello en los Juzgados, Montesinos lo negó asegurando que eso era "imposible", mientras que Sáenz lo justificó afirmando que "quizá le hubiera prestado algún dinero" y el empresario se lo estaba "devolviendo".
Además, la investigación sostiene que Sáenz habría movido importantes cantidades de dinero en efectivo. Entre otras cosas, él mismo reconoció que pagó varias cuotas de un crédito hipotecario, de entre 2.000 y 5.000 euros cada una, con dinero en metálico. Según Carlos Sáenz, previamente sacaba el dinero de otra cuenta. Sin embargo, la UDEF sostiene que no hay asientos contables de las extracciones de ese dinero. "Yo muchas veces he sacado 5.000 euros del Santander y tiene que estar reflejado en la cuenta corriente. La Policía no habrá mirado bien si dice que no", respondió Sáenz al ser preguntado por este extremo. A todo esto se suma además que el titular de esa hipoteca no era Carlos Sáenz, pese a que pagó varias cuotas, sino Progestril.
La hipoteca se pidió para comprar una propiedad en Fuerteventura, por valor de 500.000 euros. Y quien hizo de avalista en esa operación fue el interventor de los ayuntamientos de los que esta empresa cobró cientos de miles de euros. Además, según declaró Carlos Sáenz en los Juzgados, "en algunas ocasiones" fue requerido como avalista, para hacer frente a los pagos de ese crédito. Y esos pagos son los que hizo con ingresos en metálico.
Un posible testaferro
"¿Es Progestril un testaferro y realmente usted es el propietario?", le llegó a preguntar el fiscal Ignacio Stampa a Carlos Sáenz durante uno de los interrogatorios. Y es que una de las cosas que sostenía la investigación, aunque no se dirime en esta pieza ya cerrada de San Bartolomé, es que el interventor podría haber utilizado a Montesinos o a otras personas vinculadas a esas sociedades para ocultar su verdadero patrimonio.
Tanto Sáenz como Montesinos están imputados también en otra pieza del caso Montecarlo, por los pagos que recibió el empresario del Ayuntamiento de Arrecife, donde Carlos Sáenz también era (y sigue siendo) interventor. Cuando cambió el grupo de gobierno en San Bartolomé, en el año 2007, Montesinos dejó de trabajar en ese municipio y comenzó a prestar supuestos servicios para Arrecife. Y fue en esas fechas cuando, por ejemplo, pagó algunas de las cuotas de la hipoteca de Progestril
Además de haber sido avalista y haber pagado varias letras de esa hipoteca ("sería una metedura de pata, pero fue por devolver el favor personal que me hizo Montesinos al separarme. Quizá fue una tontería", declaró el interventor), la Udef también encontró otros vínculos entre ambos. Entre otras cosas, Sáenz estuvo pagando el seguro de un coche de la empresa en la que Montesinos figuraba como administrador. Según admitió el propio Sáenz, el empresario le prestó el coche para que lo utilizara la que entonces era su pareja. "Me prestó el coche y yo le pagué el seguro seis meses. Ese de una sociedad de Montesinos. Era un coche viejo", declaró. Además, Sáenz aparece incluso como apoderado de Progestril en una póliza de seguros contratada por esta empresa.
Diez meses en prisión provisional
Tras su detención en la Operación Montecarlo, tanto Carlos Sáenz como José Montesinos fueron enviados a prisión provisional, donde permanecieron diez meses hasta quedar en libertad a la espera de juicio. En el caso de Sáenz, está imputado en todas las piezas del caso Montecarlo (además de en dos del caso Unión, uno de cuyos juicios acaba de celebrarse), mientras que Montesinos lo está en la de San Bartolomé y en una de Arrecife.
La investigación del caso Montecarlo se inició por una denuncia anónima que presentó en Fiscalía un trabajador del Ayuntamiento de Arrecife. En esa denuncia, se alertaba sobre pagos presuntamente fraudulentos a José Vicente Montesinos y a otras empresas por parte del Consistorio.
Paralelamente, la denuncia que Montesinos había realizado en 2010 en una Comisaría de Gran Canaria había dado origen a unas diligencias judiciales, en las que terminó estando imputado, y llegó a prestar declaración ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas en marzo de 2011. Así, ambas investigaciones se "cruzaron" y la denuncia de Montesinos se incorporó al sumario de Montecarlo, aportando nuevos elementos a esta causa.
Además, el Ayuntamiento de San Bartolomé tiene abiertos distintos pleitos en vía contencioso-administrativa con el empresario. Por un lado, Montesinos acudió a los tribunales para reclamar el pago de seis facturas por valor de casi 50.000 euros, cuyo pago fue paralizado por el nuevo grupo de gobierno. Además, tras prescindir de los servicios de Montesinos en 2007, el propio Consistorio inició un pleito contra el empresario reclamándole cerca de 80.000 euros, al entender que se había quedado con dinero que no le correspondía, procedente de la recaudación de tributos.
