La actual juez del Juzgado de Instancia Número 5 de Arrecife ha decidido separar dos nuevas piezas que están siendo investigadas en el marco del caso "Unión". Así, ha emitido un auto en el que se acuerda el desglose de la "[trama de la oferta de comisiones en relación con la compra en el concurso público del edificio Marina de Naos->28119]", así como la "trama de la oferta de [comisiones ilegales a cargos públicos en relación con la promoción Costa Roja->34371]".
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ha hecho público este auto, en la que se señala como imputados en ambas tramas a los empresarios Luis Lleó y Fernando Becerra.
En la trama de Costa Roja se investiga el presunto soborno que Fernando Becerra ofreció a Carlos Espino en nombre de Luis Lleó, a cambio de desbloquear el proyecto urbanístico que el empresario pretendía desarrollar en esa parcela, ubicada a la entrada de Playa Blanca, y que ya había sido frenado por la Justicia. Esta pieza, que aún no había sido separada, pero sobre la que ya se había levantado el secreto de sumario, fue la que dio inicio al caso "Unión" y a la investigación de la UCO, tras la denuncia que presentó entonces Carlos Espino.
En cuanto la trama del edificio Marina de Naos, propiedad de Luis Lleó, se investigan también los presuntos sobornos que ofreció a varios empresarios, que entonces eran vocales de la Cámara de Comercio como Eugenio Romero Betancort y Honorio Nicolás García Bravo. Lleó pretendía que éstos influyeran para que la Cámara adquiera una planta de su edificio, que también estaba intentando vender al Gobierno de Canarias. Según sostiene el auto, Lleó ofreció una supuesta comisión de 500.000 euros y otra de 600.00 a Fernando Becerra y a Eugenio Romero, aunque la venta no llegó a realizarse.
"Depuración y simplificación"
La decisión de desglosar dos nuevas piezas del sumario se adopta, según explica la propia juez en el auto, porque la causa "se viene dilatando desde mediados de 2008", se ha ampliado "sucesivamente" y ya cuanta con un gran número de imputados, testigos y hechos investigados.
"Los más de 30.000 folios que en la actualidad conforman las actuaciones exigen una depuración y simplificación que permita avanzar en la instrucción. Esto hace inevitable la fragmentación del procedimiento para garantizar el derecho de los imputados, como también de todos los ciudadanos, a que el procedimiento se ventile en un tiempo razonable y que el mismo no se dilate innecesariamente", sostiene el auto.
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