El principal acusado en el caso Stratvs, Juan Francisco Rosa, quería que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias juzgara la causa completa. Así lo planteó su defensa en un escrito dirigido al TSJC, cuando éste debía pronunciarse sobre si era competente para asumir el procedimiento, después de que Gladys Acuña se convirtiera en diputada regional y por tanto en aforada. En ese escrito, la defensa de Rosa sostenía que la Sala de lo Penal del TSJC "debería asumir la competencia para el enjuiciamiento de la totalidad de la causa".
Sin embargo, la Sala ha decidido finalmente separar el procedimiento. Y para Rosa, esto no solo supone que finalmente será juzgado por la Audiencia Provincial, sino que se enfrentará además a dos juicios distintos. El principal, en el que deberá responder por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente y de falsedad documental, entre otros, correrá a cargo de la Audiencia, mientras que el TSJC le juzgará solo por un presunto delito de tráfico de influencias, que es el que está vinculado con los hechos que se imputan a Gladys Acuña.
Además de Rosa, también la sociedad dueña de la bodega, BTL Lanzarote (imputada en la causa como persona jurídica), pidió que el TSJC juzgara la causa completa. Y lo mismo hicieron otros acusados, como el concejal de Urbanismo de Yaiza, José Antonio Rodríguez. En su caso, la separación del procedimiento también implicará que se enfrente a dos juicios (uno por su etapa de gobierno con José Francisco Reyes y el otro por hechos ocurridos cuando gobernaba junto a Acuña).
También estaban a favor de dejar toda la causa en manos del TSJC el ingeniero de Actividades Clasificadas del Cabildo, Manuel Jesús Spínola, y el responsable del Catastro de Yaiza, Blas Noda. Sin embargo, finalmente ellos no serán juzgados por este tribunal, sino por la Audiencia Provincial, según el auto dictado este martes por el TSJC. Por su parte, los ex concejales Juan Lorenzo Tavío y Leonardo Rodríguez sí eran partidarios de dividir la causa. Sin embargo, cabe destacar que en su caso van a ser igualmente juzgados por el TSJC, ya que su participación en los hechos está directamente relacionada con la de Acuña (ambos intervinieron en la concesión de la licencia de actividad a Stratvs).
La juez instructora y la Fiscalía no querían separarla
Al igual que algunos de los acusados, se da la circunstancia de que ni el Ministerio Fiscal ni la juez que instruyó el caso Stratvs, Silvia Muñoz, eran partidarios tampoco de que se separara la causa. En su caso, el motivo está en que entienden que era necesario "mantener la unidad del procedimiento", porque "existe una íntima conexión" entre todos los hechos que serán juzgados. Y lo mismo planteó la acusación popular, representada por Transparencia Urbanística, que considera que la causa "es inescindible para todos los acusados".
Sin embargo, la Sala de lo Penal del TSJC entiende que sí se pueden separar los hechos relacionados con la intervención de Gladys Acuña y ha decidido asumir la competencia para juzgar solo a nueve de los 17 acusados, mientras que el resto quedarán en manos de la Audiencia Provincial (incluyendo a los tres que serán juzgados en las dos piezas).
En su auto, el Tribunal señala por un lado que la "vigente jurisprudencia aconseja la individualización de las actuaciones, si ello fuera posible, evitando las macrocausas". Además, subraya que en los procedimientos con aforados es necesario "delimitar conductas con el fin de no introducir procesos de difícil instrucción en Salas que no están funcionalmente preparadas ni proyectadas para ello", ya que los Tribunales Superiores de Justicia no están dirigidos a instruir procedimientos y solo asumen aquellos que afectan, por ejemplo, a diputados de un Parlamento regional. No obstante, cabe recordar que en el caso Stratvs, la instrucción ya está concluida y se había ordenado incluso la apertura de juicio oral.
A esto, el TSJC agrega que "aún cuando pueda existir la atracción de la competencia respecto de los no aforados", esto puede plantear un problema de "vulneración de un derecho constitucional", que establece cuál es el juez que está determinado por ley para instruir o juzgar unos hechos, y que en el caso de los no aforados "no es Tribunal Superior de Justicia de Canarias". Por eso, opta por dividir la causa, quedándose solo con los hechos y los acusados que sí entiende que no pueden desconectarse entre sí.
Un inevitable retraso en la causa
La decisión del TSJC, contra la que cabe recurso, supondrá un inevitable retraso en la causa. En su resolución, el Tribunal acuerda devolver el procedimiento a la juez que instruyó el caso Stratvs, Silvia Muñoz, que ahora tendrá que encargarse de separar las dos piezas, devolviendo una al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y enviando la otra a la Audiencia Provincial para que sean juzgadas.
Así, el Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Arrecife deberá volver a trabajar en una causa cuya instrucción ya había dado por concluida. Además, lo tendrá que hacer mientras continúa la instrucción del caso Unión, del que también se encarga Silvia Muñoz, y mientras atiende el resto de casos que entran al Juzgado. Y es que tal como publicó La Voz de Lanzarote, el TSJC decidió hace meses retirar el juez de refuerzo a ese Juzgado y la pasada semana rechazó además la petición formal para que reestableciera ese juez de apoyo.
Desde el TSJC alegaban que la instrucción del caso Unión estaba prácticamente terminada, por lo que ya no entendían necesario ese refuerzo. Sin embargo, aún está abierta la pieza principal, que investiga la etapa de María Isabel Déniz en la Alcaldía de Arrecife, y ahora además el Juzgado deberá volver a trabajar en el caso Stratvs.
