La ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, ha tenido que declarar este jueves en el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Arrecife como imputada por el derribo de un edificio histórico situado en la calle Real. Déniz, que ha accedido al Palacio de Justicia acompañada por su abogado, Felipe Fernández Camero, está imputada por un delito de prevaricación y otro contra el patrimonio histórico.
Déniz ha entrado a los Juzgados de Arrecife alrededor de las 9.00 horas y no ha querido hacer ningún tipo de declaración ante los medios de comunicación. El caso por el que está imputada la ex alcaldesa de Arrecife se remonta al 23 de enero de 2006. En ese momento, el gobierno de Déniz concedió una licencia para el derribo del mencionado edificio.
La ex alcaldesa, que en ese momento abandonó el PIL para integrarse en CC, gobernaba entonces con el PSOE. Así, los miembros de la Junta de Gobierno de 2006 también tendrán que declarar durante este jueves y viernes en los Juzgados de Arrecife por este caso. En concreto, testificarán a lo largo de la jornada del jueves y del viernes Nuria Cabrera, Luis Morales, Juan Antonio Santana y Manuel Pérez Gopar, además del entonces Jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha. Ninguno tiene cargo público actualmente.
Según informó ACN Press, el inmueble cuyo derribo se autorizó, a pesar de que ya no existe, figura en el catálogo de protección municipal en vigor. Pertenecía al conjunto de "casas altas" decimonónicas de Arrecife y sus antiguos propietarios fueron la familia Aldana, que la construyó a principios del Siglo XIX. Tenía 22 dependencias, aljibe, pozo de agua salada y dos patios. En ella vivió y pasó consulta el doctor José Molina Orosa, que hoy da nombre al Hospital General de Lanzarote. También vivió en esa casa Guillermo Topham Walsh.
El Cabildo de Lanzarote elaboró un informe sobre la vivienda, tras su derribo, que calificaba como "nulo de pleno derecho, administrativamente susceptible de ser sancionable y penalmente perseguible". También decía que "tal destrucción fue un hecho ilegal y las administraciones públicas, incluida la Fiscalía, han de actuar en consecuencia". "Se están obviando los valores históricos artísticos que este bien tenía y de procederse a su denuncia deberá obligarse a restituir lo derribado por su alto valor histórico y artístico", indicaba el Cabildo.
