Harinera Lanzaroteña se ha dirigido a la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias y a la Dirección General de Trabajo para suspender el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que había puesto en marcha al considerar que su actividad era inviable por la competencia desleal que supone el actual régimen de subvenciones al transporte de mercancías, que beneficia a las islas capitalinas frente al resto.
En su escrito, fechado esta misma semana, la empresa explica que el motivo de paralizar este "despido colectivo" está en el acuerdo adoptado por unanimidad el pasado 5 de octubre en el Pleno del Cabildo de Lanzarote y también por todos los ayuntamientos de la isla, que "afecta a la presumible viabilidad económica" de Harinera Lanzaroteña, "haciendo factible" la "competitividad empresarial y la consecuente subsistencia" en caso de que se lleve a la práctica.
"Dicha suspensión se prolongará hasta que se hagan efectivas las negociaciones vigentes en la actualidad con las instituciones", señala en el texto el dueño de la empresa, Agustín Márquez, que afirma que quiere adoptar "la decisión menos gravosa" para el personal.
Petición unánime de una auditoría
En los últimos meses, todas las instituciones de la isla han aprobado mociones en apoyo a las reivindicaciones de esta empresa lanzaroteña, que lleva años denunciando que se está produciendo una acumulación ilegal de subvenciones, por un lado de "las ayudas al Estado para compensar los costes del transporte marítimo y aéreo de mercancías" y por otro lado de "la subvención mediante Régimen Específico de Abastecimiento", pese a que está prohibido que las empresas puedan beneficiarse de más de una ayuda al transporte.
En las mociones institucionales aprobadas en la isla, se reclama entre otras cosas que se lleve a cabo una auditoría de esas subvenciones, para confirmar las denuncias que viene realizando esta empresa, y que se ponga fin a esa situación, reclamando la intervención tanto del Gobierno de Canarias como del Estado y de la Comisión Europea.
