La Comisión Europea ha constatado que el Gobierno de España no ha cumplido con la exigencia de adaptar a la legislación nacional lo recogido en la Directiva sobre seguridad en alta mar, en la que se regulan las perforaciones marinas. El plazo para hacerlo era de dos años y finalizaba el pasado 19 de julio, por lo que la Comisión Europea ha enviado un requerimiento al Gobierno español para que cumpla con la norma europea en dos meses. "Afortunadamente, parece que no será el Gobierno de Rajoy el encargado de hacerlo", dice por su parte El Guincho-Ecologistas en Acción.
La asociación ecologista recuerda que "todo ello llega además justo en la misma semana en que se cumple un año del ataque a los activistas de Greenpeace en alta mar; y del comienzo de la perforación de Repsol, pese a la oposición de Canarias". Apuntan también que la iniciativa de la CE parte de una denuncia presentada el pasado mes de agosto por representantes del colectivo ecologista de Lanzarote ‘El Guincho – Ecologistas en Acción’, en la que se advirtió que el Gobierno de España "había incumplido el Derecho Comunitario, al no haber tramitado aún la adaptación española de la mencionada Directiva".
Esta Directiva multiplica los requisitos a las empresas petroleras y a los estados para poder autorizar operaciones relativas al petróleo y gas en mar abierto, con el objeto de prevenir accidentes y limitar sus consecuencias. La norma también permite "el acceso a la información por parte de los ciudadanos y obliga a los estados a mantener una posición independiente frente a los intereses petroleros", enumera el colectivo ecologista.
Su aprobación, recuerdan, se llevó a cabo a raíz de las consecuencias de los accidentes en explotaciones petrolíferas en mar abierto, especialmente en el Golfo de México, y "ante las demandas de colectivos sociales e instituciones alertados por iniciativas como la del Gobierno de España para realizar explotaciones petrolíferas marinas, que incluso denunciaron la lentitud con la que Europa actuaba".
"Todo eran prisas para tramitar el expediente de Repsol"
"Ya se ha venido advirtiendo reiteradamente que frente a esta lentitud en Europa, en el Gobierno de España todo eran prisas para tramitar el expediente de la petrolera Repsol en Canarias antes de que entrara en vigor esta Directiva europea", lamentan los ecologistas. Para El Guincho, "gracias a estas prisas" del Gobierno de Rajoy, "la operadora se ahorró trámites, seguros, controles técnicos y de seguridad, e incluso posibles indemnizaciones en caso de accidentes". "Todo, a favor de las cuentas de la multinacional petrolera", inciden.
Así, desde El Guincho – Ecologistas en Acción, se subraya que el "servilismo" del Gobierno de España hacia los intereses petroleros "va incluso más allá". "Incumple las indicaciones de Europa y deja preparado un marco legal favorable a los intereses y a los balances económicos de las petroleras, a costa del interés público", consideran.
El colectivo ecologista señala que esta directiva que España aún no ha aplicado establece que "los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, a más tardar el 19 de julio de 2015".
"Ante ello, lo único que ha hecho el Gobierno de España ha sido comunicar a la Comisión Europea que ha adaptado su Derecho interno a la Directiva 2013/30/UE a través de la Ley 11/2014, de 3 de julio", denuncian los ecologistas. En este sentido, critican que la ley a la que se refiere el Gobierno "sólo pretende adaptar el Derecho español en un aspecto concreto: el concepto de daño en el estado ecológico de las aguas continentales y marinas". "Todo lo demás no existe para el Gobierno de España. Todo lo demás no le interesa el al Gobierno de España ni a las petroleras", lamentan.
Entre las "claves" de esa Directiva, El Guincho destaca la reducción de riesgos en accidentes graves relacionados con la extracción de petróleo o gas, su objetivo de "garantizar una concienciación global en torno a los océanos, los mares y las zonas costeras" o la "vigilancia normativa constante" que los Estados deben ejercer ante este tipo de perforaciones.
