Cuando está a punto de cumplirse un año del inicio de las prospecciones de Repsol frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, Greenpeace ha exigido al Gobierno español que retire definitivamente el permiso a la empresa, dado que ésta abandonó los sondeos, pero la autorización sigue en vigor.
En un comunicado, la asociación ecologista recuerda que fue el 18 de noviembre de 2014 cuando se iniciaron las prospecciones, "a pesar del enorme rechazo social e institucional que estas provocaron tanto en Canarias como en el resto del mundo". Ahora, lamentan que "a pesar que Repsol ha incumplido la autorización otorgada (y el artículo 34 de la Ley de Hidrocarburos 34/1998) para perforar frente a Lanzarote y Fuerteventura, el Ministerio de Industria incomprensiblemente aún no ha dictado la extinción del permiso concedido a la multinacional", que según Greenpeace "renunció expresamente a realizar el resto de sondeos autorizados y abandonó la zona sin más explicaciones".
La asociación recuerda también que días antes del inicio de las operaciones de la multinacional, activistas de Greenpeace a bordo del Arctic Sunrise "sufrieron un ataque desproporcionado por parte de la Armada que escoltaba al barco de la multinacional", durante los casi dos meses que permaneció en aguas Canarias. "Nadie del Gobierno central ha dado aún una explicación coherente y razonable de porqué un buque de la Armada ha protegido durante dos meses los intereses particulares de una multinacional, y aún menos han explicado cuál ha sido el coste para las arcas públicas", ha declarado Julio Barea, responsable de campaña de Greenpeace. "Tampoco Greenpeace ha recibido disculpa alguna por la agresión sufrida", lamenta, mientras se pregunta "por qué no se ha retirado el permiso a Repsol para perforar en la zona a pesar de incumplir las leyes".
En cuanto a los tres activistas de Greenpeace que resultaron heridos en esa protesta, la asociación recuerda que siguen a la espera de juicio, en el que una de ellas está acusada de un delito de piratería (la activista gravemente herida). "También resulta contradictorio que de momento solo sea Greenpeace quien ha sido sancionado por defender el mar de las perforaciones de Repsol en Canarias", señala la ONG, que recuerda que tuvo que depositar una fianza de 50.000 euros para poder mover el barco del puerto de Arrecife tras el incidente del pasado 15 de noviembre de 2015, y está pendiente de un proceso administrativo por falta grave con una sanción que podría ser de hasta 300.000 euros, "paradójicamente, por poner en peligro de contaminación el mar".
Greenpeace insiste en su comunicado en que las prospecciones que el Gobierno pretendía hacer en Canarias "no son la solución a la dependencia energética y ponen en grave peligro los frágiles y valiosos ecosistemas de las islas". En su reciente estudio "[R]evolución energética para las islas Canarias", se concluye que "todo el archipiélago podría abastecerse de fuentes renovables antes de 2050, logrando amplios beneficios sanitarios y medioambientales". Además, añade que "los canarios ahorrarían 42.000 millones de euros en importación de combustibles fósiles liberando a Canarias de su dependencia del petróleo".
