El Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos reunido este miércoles en Gran Canaria ha acorado elevar al Consejo de Gobierno 14 proyectos que considera que deben ser declarados "de interés estratégico para el Archipiélago", lo que acortaría los plazos de tramitación. Entre esos proyectos se encuentra uno de Lanzarote, impulsado por el Consorcio del Agua de Lanzarote, que pretende instalar una central para producir energía fotovoltaica en Arrecife.
El proyecto, bautizado como Central Fotovoltaica "Balsa de Maneje", pretende tener una potencia de 1,92 MW, y actualmente está en la fase de obtener los permisos administrativos. Si el Consejo de Gobierno aprueba su interés estratégico, podrá acogerse a la Ley 3/2015, sobre tramitación preferente de Inversiones Estratégicas para Canarias, "que fue aprobada con el objetivo de agilizar la tramitación en las administraciones públicas de los expedientes relacionados con iniciativas y proyectos de inversión".
Según explican desde el Ejecutivo regional, "entre los requisitos a cumplir" por este tipo de proyectos "se establecen aspectos como el impacto sobre la economía insular o canaria, especialmente en el ámbito de la generación de empleo; la capacidad para movilizar inversión privada interna o externa, o la repercusión en sectores de especial interés para el Archipiélago, como el turismo, las energías, la industria, la innovación, el tratamiento y reciclado de residuos".
El texto legal permite que los proyectos declarados de interés estratégico pasen a ser tramitados en la mitad de tiempo que los procedimientos administrativos previstos en la normativa de cualquier administración pública canaria, salvo en los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, los procedimientos de concurrencia competitiva y los de naturaleza fiscal.
De la misma forma, se establece que en la tramitación, aprobación y ejecución del planeamiento urbanístico, cuando tenga por objeto exclusivo obras e instalaciones de inversiones declaradas de interés estratégico, los plazos también se reduzcan a la mitad, así como los plazos para el otorgamiento de cualquier licencia que resulte necesaria para la ejecución, apertura o funcionamiento de dichas obras e instalaciones, salvo en las que la normativa estatal lo impida. "De igual manera ocurrirá con los plazos establecidos para los procedimientos medioambientales", precisa el Gobierno canario.
