El Gobierno de Canarias ha salido a defender el borrador del Plan General de Arrecife elaborado por Gesplan, remitido la pasada semana al Ayuntamiento, tras las críticas que ha suscitado el trato que se da a la parcela del Islote del Francés. En un comunicado, la Viceconsejería de Política Territorial sostiene que una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del año 1993 "obligaba" a calificar ese suelo como "urbano susceptible de aprovechamiento".
En cuanto a la edificabilidad que se permite, autorizando hasta siete plantas de altura y la construcción de la mitad del Islote, afirma que "se acordó tras las diversas reuniones que se han venido manteniendo desde 2012 entre el Ayuntamiento de Arrecife, el propietario y el equipo redactor". Así, plantea que se habría alcanzado un acuerdo con Jaime Cortezo, que inicialmente reclamaba poder urbanizar 90.000 metros cuadrados.
Al respecto, la Viceconsejería defiende que lo plasmado finalmente en el Plan implica una "rebaja" de la "superficie lucrativa del Islote" a 69.434 metros cuadrados, lo que supone unos 20.000 menos de los que reclamaba el promotor. "El resto del espacio –la mitad del suelo- se destina a uso público", señala el Ejecutivo regional en su comunicado, en el que no hace referencia a la altura que han decidido permitir, de hasta siete plantas.
No obstante, sí subraya que el documento está actualmente "en tramitación" y que por tanto es "susceptible de modificaciones" y está "abierto a nuevas propuestas". En cualquier caso, insiste en que "el valor de los terrenos del Islote del Francés ha sido tasado por su propietario en algo más de 210 millones de euros y por el propio Consistorio en 117 millones de euros", defendiendo así la recalificación recogida en el borrador del Plan.
"El Ayuntamiento no ha hecho frente a las compensaciones"
En su comunicado, el Gobierno canario comienza recordando esa sentencia dictada hace más de dos décadas por el TSJC, señalando que el fallo "reconoció la naturaleza de suelo urbano del Islote del Francés, susceptible, por tanto, de aprovechamiento lucrativo, y con las consecuencias compensatorias que de esa calificación se derivaran". De esta forma, la resolución judicial "anulaba la calificación de parque urbano, sin aprovechamiento y adscrito a suelo urbanizable, que establecía el PGO de 1991".
En ejecución de dicha sentencia, el Gobierno de Canarias recuerda que el 29 de marzo de 1995 publicó la orden en la que, corrigiendo el PGO de 1991, señalaba que "a la vista de la clasificación operada por los tribunales, el Islote es una pieza de suelo urbano no incluida en una unidad de ejecución y que no tiene atribuido aprovechamiento lucrativo alguno". De esta forma, remitía el asunto a las "oportunas compensaciones" para el propietario, de acuerdo con los criterios establecidos en el Texto Refundido de la Ley del Suelo entonces vigente.
"A lo largo de estos 22 años transcurridos desde la modificación del PGO, el Ayuntamiento de Arrecife no ha hecho frente a esas compensaciones", cuestiona el Ejecutivo regional, justificando así la inclusión de derechos edificatorios en el nuevo documento que se está tramitando ahora, y sobre el que ni siquiera el grupo de gobierno de Arrecife ha adoptado aún una posición. Cabe recordar que era Coalición Canaria quien estaba al frente del área de Urbanismo en el Consistorio, hasta que el pasado mes de diciembre decidió abandonar el grupo de gobierno.
En cuanto al PSOE, que ostenta la Alcaldía de la capital, este miércoles anunció que convocará a su "equipo técnico" para analizar el documento y decidir su postura ante el Plan General de Arrecife.
