El Parlamento y el Gobierno de Canarias han solicitado que se tomen "medidas urgentes" por parte de la Administración del Estado para mejorar los controles en los puestos de inspección fronteriza de las islas, ya que alerta de que se han detectado "partidas de fruta ilegal, sobre todo piña, en las Islas de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma". Al respecto, subraya que el riesgo no solo está en "la entrada ilegal de fruta, sino de nuevas plagas y de plantas o especies invasoras que pongan en riesgo la biodiversidad".
Cabe recordar que en el Archipiélago, desde marzo del 1987 y de acuerdo a una orden ministerial, está prohibido importar frutas tropicales y otros productos vegetales "para evitar que entren en las Islas producciones tratadas con elementos fitosanitarios no autorizados y plagas o enfermedades que puedan afectar a los cultivos de las Islas".
Ante esta situación, el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, reiteró este viernes la necesidad de que el Estado "mejore los medios humanos y materiales con los que están dotados los puestos de inspección fronteriza de puertos y aeropuertos de las Islas". Además, también ha reclamado que se "extreme el celo en la inspección" en las salidas desde la Península.
"Quejas de productores locales y consumidores"
"Hemos vuelto a recibir quejas de productores locales, de clientes de hoteles y de consumidores", ha añadido el consejero, "que aseguran que hay en los canales de comercialización de frutas, sobre todo piña, que procede de fuera de las Islas". Quintero ha recordado que este asunto es uno de los temas "habituales" que forman parte de la agenda de su departamento en Madrid y que "no es suficiente por ineficaz el control en las salidas de mercancías desde la Península".
Quintero ha explicado que el Ejecutivo regional pidió "hace unos meses" al Gobierno de España que "aumentara a cuantía máxima las sanciones cuando se detectan este tipo de productos en dichos puestos de inspección, pues hoy en día esas posibles sanciones parece que no tienen efectos disuasivos sobre los importadores ilegales y podría considerarse un delito contra la salud pública ".
En cuanto al Gobierno canario, el consejero afirma que está "intensificando los controles no sólo en mayoristas, sino en restauración, hoteles y venta al menor, y de forma coordinada con las direcciones generales de Salud Pública, Consumo, Comercio, Ganadería y el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA)".
