EN CONSEJO DE GOBIERNO

El Gobierno aumenta 80 millones los fondos que aporta a los cabildos para dependencia y discapacidad

El Ejecutivo materializa el acuerdo suscrito con la FECAI e incrementa así el coste precio plaza, aporta fondos para sufragar el transporte de los usuarios a los centros de día y crea nuevas plazas

24 de junio de 2019 (23:39 CET)
El Gobierno aumenta 80 millones los fondos que aporta a los cabildos para dependencia y discapacidad
El Gobierno aumenta 80 millones los fondos que aporta a los cabildos para dependencia y discapacidad

El Gobierno de Canarias aumentará en 80.399.665,85 euros los fondos que aporta a los cabildos para financiar las áreas de Dependencia y Discapacidad en los próximos tres años. El gasto plurianual se añade mediante adenda al acordado en 2018 para financiar estos servicios hasta 2021 y que los dotaba ya con 448.344.420?. Ahora, este crecimiento -la partida asciende así a 528.744.085 euros- permitirá incrementar notablemente el coste plaza día en atención residencial y centros de día, además de sufragar el transporte de mayores a los recursos diurnos y aumentar el número de plazas y servicios en general.

La partida aprobada se distribuirá de la siguiente manera: 21.855.196,40 euros para este 2019 (con lo que la financiación total será de 136.827.756,40); 29.270.770,53? para 2020 (lo que hace un total de 143.758.739,53) y 29.273.698,92 para 2021 (sumando 143.761.667,92 el cómputo de financiación para ese año).

El Gobierno sigue materializando así su compromiso de legislatura por mejorar la financiación del sistema, incrementar el número de beneficiarios y aumentar los servicios públicos disponibles, tres ámbitos en los que se han registrado importantes avances en estos últimos años. Este aumento, además, es fruto de un acuerdo con la FECAI rubricado en febrero de este año.

Los fondos anuales, que se irán consolidando cada ejercicio, ya muestran sus frutos. Gracias a estas partidas, desde 2019 el Gobierno incrementa ya el precio plaza para acercarse cada vez más al coste real de las mismas, que aumenta en función del tipo de plaza ? residencial o centro de día de discapacidad- de un 9,40% a un 24,55%. Para este concepto se destinan 11 millones de euros (incluyendo dos millones para salud mental). Asimismo, se incrementan las plazas residenciales de mayores en un 16,4%. Además, dentro de estas subidas se ha aplicado una subida del IPC del 1,4% para todo tipo de plazas.

También a partir de este año, y por primera vez, el Gobierno destina 9 millones de euros a sufragar parte del transporte a los centros que soportan cabildos y entidades.

Esta apuesta por mejorar la financiación también permite que desde este ejercicio se incorporen nuevas plazas y servicios. En concreto, en el sector de mayores se suman 234 plazas residenciales y 204 plazas diurnas y en el de la discapacidad 123 plazas residenciales y 268 plazas diurnas.

A ello hay que añadir la incorporación de 856 nuevas plazas de Teleasistencia, el aumento del número de horas de Promoción de la Autonomía en 21.580 horas más y la incorporación del servicio público de Ayuda a Domicilio, que estará dotado con 93.230 horas este año.

El avance en materia de Dependencia en los últimos años ha quedado reflejado en los datos oficiales aportados por el Imserso regularmente. Así, la cifra de beneficiarios ha pasado de 16.852 en 2016 a más de 22.270 en la actualidad.

Además, cabe destacar que desde 2016 hasta hoy, el Gobierno canario ha abonado más de 160 millones de euros solo en nóminas. En 2016 se aportaron 39,4 millones a este fin; en 2017, 46,2; en 2018, 51,8; y en lo que va de 2019 alrededor de 23 millones. Es decir, cada año se ha batido un nuevo récord en este sentido.

La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (Ley 39/2006) tiene como fin último atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía persona y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.

Para lograr este objetivo resulta necesario el compromiso de todos los poderes públicos, es por ello que la ley crea un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local) de acuerdo a las competencias que han asumido en materia de asistencia social.

Llegados a 2018, y tras 12 años de vigencia de la Ley 39/2006, Comunidad Autónoma y Cabildos Insulares, apoyándose en la experiencia adquirida conjuntamente, llegaron a un acuerdo para dar un paso más en la gestión de la Dependencia mediante la suscripción de un convenio de cooperación plurianual que permitiera desplegar la cartera de servicios de la Ley 39/2006 conforme a las necesidades y particularidades de cada isla. Asimismo, acordaron la realización coordinada de una serie de actuaciones dirigidas a aumentar el número de resoluciones de reconocimiento de prestaciones del SAAD, acto administrativo que constituye la puerta de entrada a los servicios que recoge la Ley. Este acuerdo se plasmó en el convenio de cooperación suscrito el 11 de octubre de 2018, cuya vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021.

El incremento propuesto está destinado a financiar adendas a los convenios mencionados y que tienen como objetivos:

1. Financiar determinados gastos asociados al transporte de las personas usuarias del servicio de centro de día.

2. Incrementar el coste plaza/día de determinados servicios para aproximarlos al coste real y reflejar el incremento experimentado por el Índice de Precios de Consumo (IPC).

3. Aumentar el número de personas a las que se ha reconocido la situación de dependencia y reconocido el derecho a una prestación, con el consiguiente incremento de la financiación estatal recibida por la DGDD.

4. Ampliar la contratación de nuevo personal, financiado por la CAC, así como las tareas a realizar.

5. Flexibilizar el número de horas máximo del servicio de promoción de la autonomía personal y suprimir el Servicio de atención domiciliaria especializada.

6. Incrementar el número de plazas públicas para seguir aumentando la oferta.

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