La Fiscalía de Las Palmas solicitó en la denuncia que dio origen al caso Montecarlo la imputación de 16 personas, entre empresarios, técnicos del Ayuntamiento de Arrecife, concejales y ex concejales. Algunas de estas personas ya han sido imputadas por el Juzgado número 4 de Arrecife, que tramita el caso, y han prestado declaración, mientras que otras tendrán que declarar próximamente. Los concejales imputados pertenecen a cuatro partidos distintos: PIL, PSOE, PNL y PP. Así, a los nombres que habían trascendido hasta el momento, hay que sumar los de la concejal Emilia Perdomo y los de los ex ediles Lorenzo Lemaur (PP), Eduardo Lasso (PIL) e Isabel Martinón (PNL).
La denuncia de la Fiscalía, firmada por el fiscal Ignacio Stampa, partió a su vez de otra denuncia anónima y se ocupa solamente del Ayuntamiento de Arrecife, ya que la investigación del Ayuntamiento de San Bartolomé, de la que se acaba de levantar el secreto de sumario, se originó a raíz de la de Arrecife. La denuncia explica pormenorizadamente cuatro casos distintos de pagos a empresas por servicios inflados o no prestados y en los que no se guardó el procedimiento administrativo legal. Todos tienen como nexo común al interventor Carlos Sáenz, que permanece en prisión provisional desde el mes de mayo.
El primero de ellos es el referido a los pagos a tres sociedades cuyo administrador es José Vicente Montesinos, también en prisión provisional. A esas sociedades se les encargaba la redacción de pliegos de condiciones y labores de asesoramiento que la Fiscalía considera que no se llevaron a cabo. Esas empresas llegaron a cobrar más de 200.000 euros en 16 facturas del año 2008, todas de menos de 18.000 euros.
Por este caso, el Juzgado imputó al entonces concejal de hacienda José Miguel Rodríguez (PIL), Carlos Sáenz, José Vicente Montesinos y a Javier Betancort, que realizaba trabajos para esas empresas, pero la Fiscalía también pide la imputación de la ex concejal de hacienda del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), Isabel Martinón, por prevaricación y malversación, por autorizar los pagos, y al asesor Ángel García Gijón, por malversación.
El segundo caso tiene que ver con el abono de facturas, por cantidades mucho más bajas, a la sociedad Gesineal, de la que son socios Betancort y el abogado Federico Toledo, ambos imputados ya por el Jugado. Esa sociedad participó en la licitación para adjudicar diversos contratos presentando pliegos de condiciones y facturando cantidades de entre 2.000 y 4.200 euros. Una delas facturas fue para un concurso para instalación de marquesinas, soportes de información y mobiliario urbano. En ese caso las facturas no estaban firmadas por ningún técnico del área correspondiente, sino solamente por el concejal y no consta que se presentara el pliego. Además, el pago se autorizó en dos ocasiones.
Por estos hechos están imputados, además de Toledo y Betancort, el ex alcalde Cándido Reguera (PP), Isabel Martinón y el ex concejal de hacienda y hoy teniente alcalde José Montelongo (PSOE), por autorizar los pagos, así como el ex concejal de transportes, Lorenzo Lemaur, por prevaricación y malversación.
Concejalía de barrios
El tercer caso tiene que ver con la empresa Tunera Producciones y el Proyecto de apoyo al desarrollo de las acciones y programas de la concejalía de barrios. Se investigan tres facturas: una de ellas de 63.000 euros firmada por el ex alcalde Reguera y el técnico Miguel Ángel Leal, ex secretario del PSOE de Arrecife e imputado también en la operación Unión. Según la denuncia, no se tramitó ningún expediente de contratación Las otras dos facturas son de casi 15.000 euros, lo que evidencia, según la Fiscalía un supuesto fraude para evitar que no se pudieran adjudicar de forma directa al alcanzar la cifra entre las dos de 29.450 euros.
Esas facturas las firmaban los concejales Emilia Perdomo (hoy expulsada del PIL) y Lorenzo Lemaur, sin firma de técnicos, y se ordenó el pago por parte de Montelongo y el interventor. La denuncia dice que no hubo resolución del órgano de contratación para contratar ese servicio y que no se presentó nunca memoria detallada de las actividades realizadas, por lo que no había justificación para pagar dichas facturas. Además, cree la Fiscalía que no se presentó ningún servicio. Se pide la imputación de Carlos Sáenz, Isabel Martinón, Cándido Reguera, Lemanur, Emilia Perdomo, Miguel Ángel leal, y el empresario, dueño de Tunera Producciones, Eduardo Ferrer, también imputado en el caso Unión.
INELCON
Finalmente, el cuarto caso tiene que ver con la facturación de las entidades Inelcon y Señalcon, ambas del empresario Carlos Lemes, a quien se pide que se le impute un delito de malversación de caudales públicos. En este caso también se habla de fraccionamiento de facturas e inflado de precios y de hacer pasar por obras lo que era servicios, aplicando importes irregulares. Además de algunos de los anteriores, se solicita la imputación del ex concejal del PIL, Eduardo Lasso, y del técnico de festejos, José Nieves Caraballo.
SG-ACN
