La Fiscalía ha hecho público el escrito de acusación de la primera pieza del caso "Unión", centrada en el intento de soborno al entonces consejero Carlos Espino para desbloquear la construcción de la parcela de Costa Roja. En su escrito, el fiscal Javier Ródenas pide seis años de prisión para el empresario Luis Lleó por un delito continuado de cohecho, y un año y medio para Fernando Becerra, que actuó como intermediario.
En este juicio que se celebrará con jurado, la Fiscalía pide para Lleó la pena máxima, mientras que en el caso de Fernando Becerra aplica la "circunstancia muy cualificada de atenuante analógica a la de colaboración con la justicia y confesión".
Según subraya el fiscal en su escrito, Fernando Becerra "ha confesado reiteradamente en todas las declaraciones en sede policial y judicial los hechos objeto de acusación y está colaborando activamente" en éstas y otras diligencias de la causa, "facilitando importantes datos para el esclarecimiento de los hechos objeto de persecución penal".
Además de las penas de cárcel, la Fiscalía pide una multa de un millón de euros y 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público para Lleó, y una multa de 200.000 euros y 10 años de inhabilitación para Fernando Becerra.
Ofrecimiento de 600.000 euros
A lo largo del escrito de acusación, el fiscal repasa la cronología de Costa Roja, que se inicia en el año 2006, con la concesión de una licencia por José Francisco Reyes para construir "una macrourbanización de 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje". En ese momento, el Cabildo presentó un recurso contencioso administrativo en los tribunales, que frenaron el desarrollo de ese proyecto, y el consejero Carlos Espino presentó una denuncia penal por estos hechos. Su querella dio lugar a otra causa que se sigue en los Juzgados de Arrecife, y que recientemente ha sumado nuevos imputados.
Para intentar frenar esos procedimientos judiciales y desbloquear la construcción de Costa Roja, Luis Lleó "diseñó una estrategia criminal para ganarse la voluntad" de Espino, según el fiscal, a sabiendas de que en ese momento, "después de la presidenta" (Manuela Armas), él "era la persona que tenía mayor capacidad de decisión en el grupo de gobierno del Cabildo en materia de ordenación del territorio" y quien "fijaba la dirección política y estratégica" en ese tema.
Así, utilizando como intermediario a Fernando Becerra, Lleó ofreció hasta tres presuntos sobornos a Espino, que denunció los hechos y permitió a la UCO grabar las conversaciones que mantuvieron durante meses. En la primera, le ofrecieron una supuesta comisión de 400.000 euros, a repartir entre Espino y Fernando Becerra, a cambio de que el Cabildo se retirara del contencioso que había iniciado contra la licencia de Costa Roja concedida por Reyes.
En el segundo, la oferta subió a 600.000 euros, y le pedían que el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular que se estaba desarrollando en ese momento, incluyera los terrenos de Costa Roja como suelo urbanizable.
Regularizar los hoteles ilegales
Por último, Becerra trasladó una última propuesta a Espino, que incluía no sólo el desarrollo de Costa Roja, sino también la regularización de los hoteles ilegales de otros promotores. Al respecto, el fiscal señala que Lleó le hizo saber a Espino que existía "un acuerdo con los propietarios de hoteles ilegales para que compraran piezas de suelo en Costa Roja", que a su vez "pondrían a disposición del Cabildo a título gratuito", como supuesta compensación por la legalización de sus establecimientos Eso sí, "a excepción de la parte del terreno correspondiente al campo de golf y un residencial proyectado por Luis Lleó", que se tendrían que autorizar.
A cambio, le prometieron a Espino no sólo los 600.000 euros a repartir con Fernando Becerra, sino también "un porcentaje del precio de cada una de las ventas que Luis Lleó hiciera a los titulares de los hoteles ilegales de Yaiza".
En su escrito de acusación, la Fiscalía también hace referencia a las explicaciones que Fernando Becerra dio a Espino sobre cómo podría cobrar el soborno sin dejar huella. Para ello, entre otras cosas, le propuso "abrir una cuenta en un paraíso fiscal, como Suiza, para no dejar rastro alguno de la entrega del dinero".
