La fiscal Leyre Chápuli Llorente ha pedido que se abran diligencias previas en los Juzgados para investigar los hechos denunciados el pasado mes de julio en Fiscalía por el ex concejal de AC en Arrecife, Domingo García. En esa denuncia, el ex edil acusaba al ex alcalde, Manuel Fajardo Feo, y al abogado Agustín Domingo Acosta de supuestos delitos de prevaricación y malversación.
El pasado 7 de enero, justo antes de que venciera el plazo ordinario estipulado para analizar esa denuncia, la fiscal firmó un decreto pidiendo que se remita la denuncia al Juzgado Decano de Arrecife, para que se abra una causa que investigue estos hechos. La resolución acaba de ser notificada al denunciante y ahora el caso pasará a reparto en los Juzgados, para que se le asigne un Juzgado de Instrucción.
Una vez que se establezca el juez que deberá llevar la causa, la fiscal pide que se llame a declarar en calidad de imputadas a las dos personas señaladas en la denuncia de Domingo García, es decir, al ex alcalde y al letrado. Además, solicita que se encargue un informe a la Intervención General del Gobierno de Canarias para determinar la "pertinencia de la modalidad contractual empleada", la "legalidad de las designaciones efectuadas" y la "adecuación contable de las partidas". Es decir, que aclare si hubo o no algún tipo de irregularidad en esas contrataciones.
Seis años y tres grupos de gobierno
La fiscal hace referencia en su escrito a los pleitos encargados a este abogado entre los años 2010 y 2015, que es el periodo que denunció Domingo García. Sin embargo, en ese tiempo hubo hasta tres grupos de gobierno distintos en la capital (el primero PP-PIL-PNL, que fue el que llegó hasta el final de la legislatura 2007-2011; después el PP-PSOE, que inició la pasada legislatura; y por último el CC-PSOE, que gobernó tras la moción de censura presentada a Cándido Reguera, primero con el apoyo también de AC y después en minoría hasta el final del mandato).
En el caso de Manuel Fajardo Feo, que es el único político al que se señala por parte de Domingo García y de la fiscal, no se convirtió en alcalde de Arrecife hasta marzo de 2012, por lo que en realidad la mayoría de las contrataciones no se realizaron bajo su mandato. De hecho, a partir de 2012, la mayoría de los trabajos realizados por este letrado para el Ayuntamiento responden a la continuación de litigios que ya estaban abiertos, como la respuesta a recursos presentados por la parte contraria, después de que el Consistorio ganara los pleitos en primera instancia con este mismo abogado.
Junto a Agustín Domingo Acosta, el Ayuntamiento contrató en ese periodo a otra veintena de letrados, cada uno para llevar los asuntos relacionados con su especialidad. En el caso de Acosta, que ha sido contratado por los distintos alcaldes que han pasado en los últimos años por la Corporación, los pleitos tenían que ver con temas urbanísticos y, en especial, con reclamaciones de sumas millonarias al Consistorio por parte de propietarios de suelo. La mayoría de esos pleitos ya han culminado, dando la razón al Ayuntamiento y librándole de pagar más de 250 millones de euros.
Pendientes del informe de Intervención
A raíz de la denuncia presentada por Domingo García, la fiscal considera que los hechos "pudieran ser constitutivos" de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos, aunque sobre este último no concreta, al menos en el decreto pidiendo que se abran diligencias judiciales, los datos que le llevan a esta conclusión. En cuanto a la presunta prevaricación, señala que Manuel Fajardo Feo realizó las contrataciones a este letrado "con conocimiento" de la Ley de Contratos del Sector Público y "a sabiendas de su injusticia". Es decir, incumpliéndose algún supuesto trámite, aunque en ese escrito tampoco precisa cuál.
Ahora, una vez que la causa se asigne a un Juzgado y se abran diligencias, será la Intervención del Gobierno de Canarias quien informe sobre el procedimiento seguido para llevar a cabo esos contratos, tal como reclama la Fiscalía. En su escrito, la fiscal pide que se remita a este órgano una copia de la partida presupuestaria del Ayuntamiento destinada a gastos "jurídicos" y "contenciosos", así como "las propuestas de nombramiento de este abogado, los presupuestos, los decretos de Alcaldía con sus designaciones, los informes jurídicos y de necesidad y las facturas correspondientes a los servicios prestados". Esa documentación ya fue solicitada por la Fiscalía al Ayuntamiento y ahora, de admitirse esta diligencia, será analizada por la Intervención General.
En su denuncia, Domingo García llegaba a hablar de "indeterminación en el precio" facturado por el letrado y de la "innecesariedad de los encargos". Sin embargo, la fiscal no hace referencias al respecto en su escrito. De hecho, se han aportado los presupuestos presentados antes de la contratación y en cuanto a la supuesta "innecesariedad del encargo", en todos los casos respondían a contenciosos en los que el Ayuntamiento necesitaba contar con un abogado, para lo que siempre recurre a profesionales externos, al no contar con letrados propios para intervenir en pleitos.
Antes de acudir a la Fiscalía, García ya había cuestionado públicamente la contratación de este letrado, criticando que el servicio no se sacara a concurso. Al respecto, desde el Ayuntamiento respondieron en su día que para procedimientos que son especialmente delicados, en los que la institución se juega millones de euros, lo que hacen es recurrir a "profesionales de solvencia acreditada". Además, apelaron a los resultados obtenidos, dado que esos pleitos se ganaron, evitándose así desembolsos millonarios en indemnizaciones. En cualquier caso, desde el grupo de gobierno subrayaron que los contratos con éste y con otros letrados no superaban la cantidad que obliga a convocar una licitación.
