El juicio del conocido caso "Forelan", celebrado en los Juzgados de Arrecife por la Audiencia Provincial de Las Palmas, se ha extendido a lo largo de dos jornadas. Durante el día del jueves, la juez escuchó las declaraciones de los acusados, así como de una larga serie de testigos entre los que se encontraban peritos, alumnos de los cursos para desempleados, profesores, inspectores, empresarios, representantes institucionales, y por supuesto, el denunciante, Gerardo Fontes (ex presidente de Aetur).
La fiscalía les acusa de delitos de "apropiación indebida" y "delito contra la Hacienda pública", por lo que ha solicitado una pena de diez años de prisión, multas de más de 500.000 euros y la devolución de 600.000 euros a Forelan (Fundación Insular para la Formación y Empleo). A esta petición, la acusación particular ha sumado cinco meses más por "utilización de documentación falsa".
CASO A CASO
En las conclusiones de la vista, el fiscal, Miguel Pallarés, ha solicitado a la sala una sentencia "valiente" y ha hablado de un "entramado empresarial para succionar toda la subvención" procedente del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo para la organización de cursos para desempleados. "Han visto el filón", ha asegurado el fiscal. "Controlamos Forelan y nos quedamos con un excepcional margen de beneficio". Para llegar a esta conclusión, Pallarés ha analizado las declaraciones de cada uno de los acusados, así como los datos que han revelado los testigos durante más de doce horas de juicio.
Según el fiscal, la declaración de Basilio González, que durante el año 1995 fue presidente de Forelan, ha revelado que trabajaba para dos empresas que tenían una relación directa con la Fundación, "con un sueldo muy por encima de la media", es decir, 300.000 pesetas mensuales. Estas empresas -Sergeslan y Copy Shop- estaban gestionadas, a su vez, por dos compañeros de la cúpula de Forelan: Elena Ángel (entonces secretaria) y Valetín Elvira (entonces administrador). El fiscal ha sido claro al señalar que "no existe constancia fehaciente de ninguna actividad laboral" por parte Basilio González y Eugenia Villalba (entonces vicepresidenta de Forelan), ambos contratados, en el seno de estas empresas.
La segunda acusada, Elena Ángel, reconoció ante la juez haber constituido Sergeslan para abrir una perfumería. Según el informe pericial del inspector de Hacienda Manuel González, Elena Ángel obtenía un margen de beneficio del 73 por ciento a través de los cursos que supuestamente impartía su empresa, "un margen que está fuera de todo parámetro empresarial si no hay nada más detrás", ha añadido el fiscal. La ex secretaria de Forelan también declaró ante la sala haber elaborado unos 30 ó 40 manuales para estos cursos, pero para el fiscal, "no hay ni una sola factura que pueda demostrar el valor añadido de estos manuales".
El fiscal ha admitido una implicación menos directa por parte de Eugenia Villalba en su papel de vicepresidenta de Forelan, "aunque estaba dando su conformidad a una práctica habitual de endosar los cursos a Elena Ángel". Además, según la fiscalía, su testimonio acredita que el domicilio de Sergeslan coincidía con el domicilio particular de Elena Ángel, donde Eugenia Villalba aseguraba ir a trabajar.
En el caso del cuarto acusado, Valentín Elvira, el fiscal ha asegurado que "iba cuadrando la necesidad económica de su empresa" con Forelan y que según el informe pericial no hay pruebas de la existencia de la librería y el centro de formación que supuestamente pertenecían a la empresa de la que era único administrador: Copy Shop. Por su parte, el acusado ha asegurado en todo momento que el inspector Mariano González no acudió a él para intentar buscar el domicilio de ambos locales, y que "todo el mundo en Arrecife sabía donde estaban la librería y la academia".
EL INFORME PERICIAL
El informe pericial elaborado por el inspector de Hacienda Mariano González ha sido uno de los puntos más polémicos de este juicio. Según uno de los letrados de la defensa, Manuel Fajardo, el perito "no era del Ministerio Fiscal, era el fiscal". El abogado ha intentado desacreditar el informe del inspector de Hacienda debido a una rectificación realizada después de emitir el primer informe. "El propio Mariano ha reconocido que se excedió en sus competencias, realizando valoraciones sobre los hechos", ha añadido la defensa. "Estaba convencido de que existía un fraude de subvenciones".
Por su parte, Mariano González relató los hechos que tuvieron lugar a partir del año 1998, después de que Gerardo Fontes se dirigiera a Fiscalía para denunciar irregularidades en el seno de Forelan. González explicó que se había puesto en contacto con los cuatro acusados para solicitar una serie de documentación y comprobar las relaciones comerciales de Sergeslan y Copy Shop con Forelan. Según el perito, la firma de la vicepresidenta no aparecía en ninguno de los documentos aportados, tan sólo en una serie de nóminas que no estaban hechas en tiempo real, tal y como el cambio de tipo del euro demostró. Por tanto, y según explicaba González, no había constancia del desempeño de ninguna función en estas empresas por parte sus trabajadores.
Mariano González se refirió a la imposibilidad de localizar la librería y el centro de formación de Valentín Elvira, quien afirmaba que proveía de material y servicios (cursos) a Forelan. "En el año 1996 el único cliente de Copy Shop fue Forelan, y en los momentos en que se estaba facturando a Forelan no existía ninguna academia", afirmó González. Otro de los argumentos principales del informe pericial es la incongruencia entre material adquirido y vendido por parte de Copy Shop. Según González, hay facturas de venta de libros de idiomas, pero no existen facturas de compra de estos libros.
En cuanto a Sergeslan, Mariano González ha afirmado que a la empresa "se le adjudican una serie de cursos en cuya participación es simbólica ya que los cursos son facturados por terceras empresas". Según el informe, Sergeslan llega a facturar a Forelan más de 8.700.000 pesetas por la elaboración de material didáctico, y otra cantidad similar por el seguimiento y control de cursos. De estas cantidades, como hace eco el fiscal, "Sergeslan sólo cuenta con una factura de elaboración de manuales por importe de 400.000 pesetas".
En total, el Ministerio Fiscal acusa a Valentín Elvira de una apropiación indebida de más de 62 millones y medio de pesetas, "con la participación de Basilio González y Eugenia Villalba, contratados laboralmente por Copy Shop". Por su parte, Elena Ángel es acusada de una apropiación indebida de casi 38 millones de pesetas.
LOS CURSOS
Más de una decena de testigos han puesto en evidencia las supuestas irregularidades que tenían lugar en los cursos que supuestamente Forelan organizaba con la participación de otras empresas. Algunos alumnos que tan sólo acudieron a estos cursos las primeras semanas, aparecían después como aprobados en una serie de informes que se remitían al Icfem (Instituto Canario de Formación y Empleo).
Al parecer, los requisitos impuestos por el Icfem exigían un número mínimo de alumnos y de horas impartidas para conceder a Forelan las subvenciones procedentes del Fondo Social Europeo y el Gobierno de Canarias. Según la letrada de la acusación, estos informes se pudieron falsificar para conseguir estas ayudas.
Durante el juicio también declaró un inspector, Antonio Hernández, que habló de la supuesta "presión" que recibía a la hora de elaborar estos informes. Aunque poco después también declaró que las horas "fantasma" que nunca pudo registrar, se pudieron impartir durante los fines de semana. Algo que ninguno de los alumnos llamados a declarar pudieron constatar.
Por parte de la defensa, el letrado Manuel Fajardo ha insistido en la falta de representatividad de los testigos, que pertenecían a dos cursos impartidos por Forelan, de los 400 que llegaron a darse.
AETUR
Uno de los puntos señalados por la defensa durante las conclusiones del juicio ha sido la implicación de Aetur en el caso. Tal y como confirmó durante el juicio el ex presidente de la Asociación de Empresarios, Gerardo Fontes, la denuncia a Forelan partió de los "rumores de la calle" por supuestas irregularidades en el seno de la Fundación. Por ello, se solicitó un listado de las empresas relacionadas con Forelan, entre las que se hallaban Sergeslan y Copy Shop.
Sin embargo, la defensa ha insistido en que dentro de este listado existían otras cinco empresas vinculadas a Jerónimo Quevedo, miembro de Aetur que también había formado parte de Forelan. "A partir de que Forelan deja de dar estos cursos, Aetur es el gran beneficiado", ha asegurado Manuel Fajardo.
LOS ACUSADOS
Voz quebrada e impotencia a la hora de declarar por última vez ante la juez. Basilio González, Elena Ángel, Eugenia Villalba y Valentín Elvira han coincidido en señalar el "acoso" social y mediático que han sufrido durante casi diez años. "Y alguien ha tenido la complicidad de pasar todos los informes a los medios durante este tiempo", ha señalado Elvira durante su declaración.
"En un momento dado nos vimos en la necesidad de arrimar el hombro a través de una empresa que ya estaba constituida", ha afirmado Elena Ángel, desmintiendo cualquier ánimo de lucro. "Hemos dado formación a más de seis mil personas, quizá no hemos hecho las cosas bien administrativamente, pero en aquel momento nadie hacía contratos".
El juicio ha quedado visto para sentencia.
ACN Press
