El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y el consejero de Medio Ambiente, Francisco Fabelo, serán citados como testigos para declarar en el juicio del caso Stratvs. Así lo solicita la Fiscalía en su escrito de acusación, en el que pide que en la vista oral comparezcan casi 80 personas entre testigos y peritos.
Entre ellos, además de estos dos políticos, se encuentran agentes del Seprona, agentes de la UCO, funcionarios del Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla y Madrid, trabajadores de la Agencia Tributaria y agentes de Medio Ambiente de la Apmun, pero también otros técnicos de las tres administraciones implicadas y especialmente del Cabildo de Lanzarote. Y en algunos casos, las personas que han sido llamadas a declarar como peritos han sido cuestionadas en los últimos años por el presidente o apartadas de los cargos que ocupaban antes en la Corporación insular.
Ése es el caso de la que era jefa de Patrimonio Histórico del Cabildo, María Antonia (Nona) Perera, que fue destituida de ese cargo al ser nombrada directora del futuro Museo Arqueológico (meses después fue apartada también de ese puesto y devuelta al área de Patrimonio, ahora como una funcionaria más). La Fiscalía también llama como peritos a otros tres técnicos de Patrimonio; así como a Leopoldo Díaz y Esteban Armas, por la labor que desarrollaron como técnicos de la Oficina del PIOT; y también al técnico Gustavo Navarro y a la jurista Joana Macías, que han elaborado informes a petición del Juzgado dentro de esta causa.
Estos dos funcionarios detallaron en sus dictámenes las ilegalidades de la bodega Stratvs. Además, Joana Macías cuestionó la validez del nuevo Plan Especial de La Geria, advirtiendo de que tiene "vicios de nulidad" y de que da un trato privilegiado a Stratvs frente al resto de bodegas. Tanto en un escrito remitido al Juzgado como en declaraciones públicas, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha cuestionado el contenido de ese informe, asegurando que otros juristas de la Corporación no lo comparten.
De abogado de un imputado a perito
Junto a más de una decena de trabajadores del Cabildo, también será llamado a declarar en el juicio el abogado Pedro Fraile, del servicio jurídico de la Corporación insular. Fraile ha sido hasta ahora abogado de uno de los imputados en la causa, el técnico de Actividades Clasificadas Manuel Jesús Spínola, cuya defensa corre a cargo del Cabildo.
Durante la instrucción, en la vista en la que se decidió el cierre cautelar de la bodega, Fraile llegó a adherirse, en representación de su cliente, a la solicitud de cierre formulada por la acusación particular y por la Fiscalía. Ahora, su citación en el juicio supondrá que tenga que renunciar a seguir siendo abogado de Spínola.
La declaración de Pedro Fraile, y también la de San Ginés y Fabelo, estaría relacionada con uno de los expedientes a los que se enfrentó Juan Francisco Rosa por las distintas obras realizadas en el "macrocomplejo" Stratvs, en este caso cuando la bodega ya llevaba años funcionando. En ese expediente, abierto en enero de 2013, fue Fraile el encargado de elaborar la propuesta de resolución.
En base a su propuesta, el Consejo de Gobierno insular acordó en julio de 2013 sancionar a la empresa con una multa de 12.000 euros por una infracción grave y con otra multa de 2.000 euros por una infracción leve, al haber destruido diez socos de parra "omitiendo el deber de conservación de los mismos". Además, se le obligaba a restituir los socos, devolviendo la zona a su estado anterior.
La resolución fue notificada el mismo día a Juan Francisco Rosa, que presentó un recurso el 23 de julio de 2013. Desde entonces, no se ha resuelto el recurso, ni se ha hecho efectiva la sanción, ni se ha "procedido por BTL Lanzarote a restituir el patrimonio histórico insular dañado a su estado primitivo", según señala la Fiscalía en su escrito.
Obras "sin ningún tipo de autorización"
Las obras que dieron lugar a este expediente se realizaron a finales de 2012. En mayo de ese año, Rosa solicitó al Servicio de Patrimonio Histórico autorización para trasplantar siete palmeras procedentes de diferentes lugares de la isla. En ese momento, la parcela estaba incluida en el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de sitio histórico a favor de La Geria-Testeyna, aunque posteriormente el Gobierno de Canarias declaró la "caducidad y archivo" de ese expediente.
En respuesta a la solicitud de Rosa, el consejero de Patrimonio Histórico del Cabildo dictó una resolución autorizando la intervención, pero de forma "condicionada". Entre otras cosas, establecía que no se plantaran más de tres palmeras y que "en ningún caso se destruyeran los socos de parras localizados en dicha parcela, dado su valor histórico y paisajístico".
Sin embargo, según la Fiscalía, "con claro menosprecio por dichos valores históricos de la isla de Lanzarote, y con pleno conocimiento de los mismos", Rosa "destruyó hasta diez socos cortavientos de parras o viñas de gran valor histórico, configuradores del paisaje agrario, paisajístico y cultural de La Geria". Además, aunque lo que tenía era un permiso condicionado para trasplantar tres palmeras, también llevó a cabo otras "obras de transformación del suelo", que en ese momento estaba afectado por el expediente de declaración de BIC, "sin ningún tipo de autorización".
Las obras consistieron, según relata el Ministerio Fiscal, "en la construcción de una cueva de piedra y un molino de viento a base de rocas, una canalización o cascada para agua finalizada con hormigón, así como la instalación de postes para la colocación de focos de iluminación y apertura de pista para facilitar el recorrido de visitantes, todo ello con el fin de instalar con carácter fijo y anualmente la representación de un nacimiento navideño como atractivo turístico de las instalaciones conocidas como Stratvs, así como una maqueta representativa del paisaje con aldea típica lanzaroteña".
En total, según el escrito de Fiscalía, se vio afectada una superficie de 970 metros cuadrados, donde se eliminaron los hoyos típicos de La Geria con sus correspondientes socos cortavientos, "rellenándose con arena roja procedente de otro lugar".
"Ninguna medida" de Presidencia ni de las consejerías
En enero de 2013 el Cabildo abrió un expediente sancionador por estos hechos y en julio de ese año elevó la propuesta de resolución, pero más de año y medio después el expediente sigue abierto y la sanción no se ha aplicado, al no haber respondido aún al recurso que presentó Juan Francisco Rosa.
Además, la Fiscalía subraya que "tampoco consta que se haya adoptado por la Presidencia, ni por las consejerías con competencias en materia de Medio Ambiente, Política Territorial y/o Patrimonio Histórico del Cabildo, ninguna medida tendente al restablecimiento del orden jurídico perturbado, o a exigir las correspondientes responsabilidades administrativas y/o penales a Juan Francisco Rosa como representante legal de la entidad infractora".
