La denuncia de Pedro San Ginés contra Club Lanzarote podría volvérsele en contra, en caso de que realmente se acreditara la existencia de un delito contra el medio ambiente por supuestos vertidos contaminantes en Montaña Roja. Así lo advierte la Fiscalía de Medio Ambiente en un escrito emitido dentro de esta causa, en el que señala que "de concretarse la existencia de los parámetros gravemente contaminantes", no habría que buscar sólo "responsabilidad" en la empresa denunciada, sino también en "la propia entidad denunciante, por omisión de los deberes de inspección".
En su escrito, el fiscal se refiere expresamente al gerente del Consejo, que hasta hace unas semanas era José Juan Hernández Duchemín, y al propio presidente, Pedro San Ginés, que presentó esta denuncia contra Club Lanzarote el pasado mes de julio, diez meses después de la incautación y justo después de ser llamado a declarar como imputado por la querella presentada contra él por esa misma empresa.
En cualquier caso, la Fiscalía señala que en la denuncia de San Ginés y en las declaraciones realizadas hasta ahora en los Juzgados a raíz de esa denuncia "no se ha aportado ningún documento que indique el riesgo grave de contaminación, al no aportarse el dato fundamental de las analíticas supuestamente efectuadas". Sin embargo, advierte de que "de constatarse ese supuesto vertido contaminante, resulta patente que la labor inspectora de dicho Consejo ha brillado por su ausencia, al resultar poco probable que las deficiencias observadas a partir de septiembre de 2014 fueran repentinas".
"No es coherente"
Al respecto, cabe recordar que la Fiscalía también ha subrayado que "en modo alguno la protección del medio ambiente impulsó" la incautación de la desaladora y la depuradora de Club Lanzarote, que se produjo por hechos que nada tienen que ver con esta denuncia posterior. De hecho, ni el Consejo ni el Consorcio habían realizado inspecciones previas en las plantas para hacer un informe sobre su estado, según declararon los propios gerentes en los Juzgados.
Además, las únicas muestras sobre los supuestos vertidos las tomó la empresa Canal Gestión, después de que se produjera la incautación y se le entregara el control de la depuradora y la desaladora. Y aunque ese informe de Canal es de septiembre de 2014, y aunque también hay otro del Consorcio elaborado un mes y medio después, la denuncia de San Ginés no se presentó hasta julio de 2015.
"Al no ser coherente la existencia de tales graves anomalías con supuestas inspecciones anteriores, pero no documentadas", el fiscal pide que se investigue si realmente existía un "riesgo grave para la salud de las personas o el equilibrio de los sistemas naturales" y, de ser así, que se depuren no sólo las responsabilidades de Club Lanzarote, sino también las de "los responsables del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote ya aludidos, por ausencia de control". Y es que la Fiscalía recuerda que el Código Penal contempla también la posible comisión de delitos por omisión.
Con respecto a las muestras que tomó Canal Gestión, sobre las que el Juzgado ya pidió más detalles, el fiscal también se pronuncia en su escrito, advirtiendo de que podrían quedar invalidadas. Y es que recuerda que en otra causa se está investigando "si la incautación fue delictiva", por lo que si se determinara que esa medida fue ilícita y que se vulneraron los derechos fundamentales de Club Lanzarote, "las pruebas obtenidas del supuesto vertido podrían ser plenamente inválidas".
"¿Ahora se entera el Consejo de los riesgos?"
Respecto a otro presunto delito contra el medio ambiente que también planteaba la denuncia de San Ginés, relacionado con otras depuradoras privadas que habría dentro del plan parcial Montaña Roja, el fiscal se pronuncia en la misma línea. Así, aunque coincide con el juez (que sobreseyó las actuaciones por éste y otros tres delitos más denunciados por San Ginés) y señala que "ni un solo dato se aporta sobre los indicios de riesgos graves para la salud de las personas ni el equilibrio de los sistemas naturales", también agrega que "sorprende sobremanera que ahora el Consejo Insular de Aguas se venga a su vez a sorprender de tales riesgos".
"¿Ahora se entera?", se pregunta el fiscal, que plantea que "entonces habrá que investigar la eventual responsabilidad por omisión de su gerente y su presidente, si tenemos en cuenta la antigüedad de dicha urbanización y las competencias en materia de disciplina urbanística, salud pública y medio ambiente competencia del Cabildo".
Sobre este punto, cabe recordar que el juez planteaba incluso que de haber otras depuradoras de particulares en la urbanización, no podría achacársele por ello una responsabilidad penal a Club Lanzarote. Además, realizaba el mismo planteamiento de la Fiscalía sobre la falta de concreción de la denuncia en este punto. "La alusión a vertidos contaminantes es tan vaga, genérica, indeterminada y generalista que en modo alguno resulta procedente reclamar del órgano jurisdiccional que proceda una inspección total de dicha urbanización en la busca de esos vertidos peligrosos a los que se alude", concluye por su parte el fiscal.
Así, además de rechazar el recurso de San Ginés contra el auto del juez sobreseyendo las actuaciones por cuatro de los delitos, el fiscal pide que se aporte nueva documentación a la causa que sí se abrió por los supuestos vertidos. Entre otras cosas, ha reclamado que se aporten las muestras no sólo del agua de riego, sino también de los supuestos lodos y aguas que se vertían al subsuelo y a través de pozos, "si las hubieren efectuado", así como la documentación que tenga el Consejo Insular de Aguas "sobre las inspecciones y controles previos a la incautación de las instalaciones denunciadas de Club Lanzarote".
