13/oct./2019

LA JUEZ PIDE A LLEÓ QUE ENTREGUE UNA FIANZA DE 1,3 MILLONES EN 48 HORAS

Fernando Becerra ratifica su confesión y acepta la pena que le pide la Fiscalía en la pieza de Costa Roja

El otro acusado en esta pieza de Unión, Luis Lleó, insiste en reclamar la supuesta nulidad de las pruebas, pero la juez ha ordenado la apertura de juicio oral. Además, le pide que deposite una fianza de 1,3 millones en 48 horas... 

Fernando Becerra ratifica su confesión y acepta la pena que le pide la Fiscalía en la pieza de Costa Roja

El Juzgado que instruye el caso “Unión” acogió este miércoles una audiencia preliminar sobre la pieza que dio origen a esta causa, por el intento de soborno de Luis Lleó a Carlos Espino para desbloquear la urbanización de la parcela de Costa Roja, utilizando como intermediario a Fernando Becerra. Y ante la juez Silvia Muñoz, el propio Becerra se ratificó en la confesión que realizó en su día y mostró su conformidad con la pena que solicita para él la Fiscalía, de un año y medio de prisión y 10 de inhabilitación, más una multa de 200.000 euros.

Así consta en el auto dictado tras esa vista por la juez instructora, que se ha hecho público a través del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En ese auto, la juez Silvia Muñoz ordena la apertura de juicio oral y, además, reclama a Lleó que deposite una fianza de 1.330.000 euros en un plazo de 48 horas "para asegurar las responsabilidades pecuniarias". En caso de no depositarla, se procederá al embargo de sus bienes. La juez aplica la misma medida al otro imputado, Fernando Becerra, al que le pide una fianza de 266.000 euros.

Por su parte, la defensa de Luis Lleó se mantuvo este miércoles en la misma línea, intentando que se declaren nulas las pruebas que existen contra él y que la causa no llegue a juicio. Entre otras cosas, Lleó sostiene que las escuchas telefónicas fueron “ilegales” y que no se respetó la cadena de custodia de los CDs. Sin embargo, Fernando Becerra no sólo no objeta las pruebas sino que ha confesado los hechos que se le imputan.

Tras escuchar su testimonio este miércoles, la Fiscalía, representada en esta vista a través del fiscal Ignacio Stampa, se ratificó en el escrito de acusación que elevó hace ya más de un año. En ese escrito, firmado por el fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de la provincia de Las Palmas, Javier Ródenas, se piden seis años de prisión para Lleó, una multa de un millón de euros y 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público.

En el caso de Becerra, que reconoce que actuó como intermediario de ese intento de soborno, la solicitud de pena fue rebajada al considerar como atenuante su confesión y “la colaboración con la Justicia", no sólo esta pieza sino en otras que fueron investigadas en el caso “Unión”.

 

Pendiente de otra vista preliminar


Ahora, antes de fijar la fecha del juicio, que se desarrollará con un jurado popular, aún deberá celebrarse otra vista preliminar en la Audiencia Provincial. Este órgano, que ya ha rechazado varios recursos de imputados en el caso “Unión”, será quien se pronuncie sobre la validez de las pruebas que obran en la causa, y que la defensa de Lleó pide que sean invalidadas. 

Cabe recordar que sí fueron anulados los autos judiciales de entrada y registro de las oficinas y la casa de Luis Lleó, porque por error el texto no se ajustaba a lo que se estaba ordenando, pero la Fiscalía ya contaba con ello y no incluyó ninguna prueba obtenida en esos registros en su escrito de acusación, formulado en mayo de 2013.

Al margen de las conversaciones grabadas por la UCO y otras pruebas obtenidas durante la investigación, en esta pieza se cuenta con el testimonio clave de uno de los imputados, Fernando Becerra, y con la denuncia del ex consejero socialista Carlos Espino, a quien Lleó ofreció el presunto soborno para que permitiera el desarrollo urbanístico de la parcela de Costa Roja, a la entrada de Playa Blanca.

 

Ofrecimiento de 600.000 euros


En el escrito de acusación que fue ratificado este miércoles, el fiscal repasa la cronología de Costa Roja, que se inicia en el año 2006, con la concesión de una licencia por José Francisco Reyes para construir “una macrourbanización de 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje”. En ese momento, el Cabildo presentó un recurso contencioso administrativo en los tribunales, que frenaron el desarrollo de ese proyecto, y el consejero Carlos Espino presentó una denuncia penal por estos hechos. Su querella dio lugar a otra causa que se sigue en los Juzgados de Arrecife.

Para intentar frenar esos procedimientos judiciales y desbloquear la construcción de Costa Roja, Luis Lleó “diseñó una estrategia criminal para ganarse la voluntad” de Espino, según el fiscal, a sabiendas de que en ese momento, “después de la presidenta” (Manuela Armas), él “era la persona que tenía mayor capacidad de decisión en el grupo de gobierno del Cabildo en materia de ordenación del territorio” y quien “fijaba la dirección política y estratégica” en ese tema.

Así, utilizando como intermediario a Fernando Becerra, Lleó ofreció hasta tres presuntos sobornos a Espino, que denunció los hechos y permitió a la UCO grabar las conversaciones que mantuvieron durante meses. En la primera, le ofrecieron una supuesta comisión de 400.000 euros, a repartir entre Espino y Fernando Becerra, a cambio de que el Cabildo se retirara del contencioso que había iniciado contra la licencia de Costa Roja concedida por Reyes.

En el segundo, la oferta subió a 600.000 euros, y le pedían que el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular que se estaba desarrollando en ese momento, incluyera los terrenos de Costa Roja como suelo urbanizable.

 

Regularizar los hoteles ilegales


Por último, Becerra trasladó una última propuesta a Espino, que incluía no sólo el desarrollo de Costa Roja, sino también la regularización de los hoteles ilegales de otros promotores. Al respecto, el fiscal señala que Lleó le hizo saber a Espino que existía “un acuerdo con los propietarios de hoteles ilegales para que compraran piezas de suelo en Costa Roja”, que a su vez “pondrían a disposición del Cabildo a título gratuito”, como supuesta compensación por la legalización de sus establecimientos Eso sí, “a excepción de la parte del terreno correspondiente al campo de golf y un residencial proyectado por Luis Lleó”, que se tendrían que autorizar.

A cambio, le prometieron a Espino no sólo los 600.000 euros a repartir con Fernando Becerra, sino también “un porcentaje del precio de cada una de las ventas que Luis Lleó hiciera a los titulares de los hoteles ilegales de Yaiza”.

En su escrito de acusación, la Fiscalía también hace referencia a las explicaciones que Fernando Becerra dio a Espino sobre cómo podría cobrar el soborno sin dejar huella. Para ello, entre otras cosas, le propuso “abrir una cuenta en un paraíso fiscal, como Suiza, para no dejar rastro alguno de la entrega del dinero”.

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