"No puede ser que casi exista un mayor porcentaje de ilegales que de legales". De esta manera se expresa el secretario de la organización empresarial Femepa, Juan Carlos Betancor, tras conocer que la Administración Tributaria Canaria, con la colaboración de agentes de la Policía Canaria, realizó un operativo y [detectó la existencia de hasta 35 talleres que podrían estar trabajando de forma ilegal en Lanzarote->77651]. Esta organización persigue que las empresas "cumplan con la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y con la prevención de riesgos laborales", entre otras normativas.
Betancor ha explicado en Radio Lanzarote-Onda Cero que a Femepa le "preocupa" la defensa de las empresas legales porque "las ilegales hacen una competencia desleal". "Los costes no son los mismo", señala. Pero, además, advierte de que en algunos casos las empresas son "totalmente ilegales", mientras que en otros son "parcialmente irregulares", ya que "cumplen con Hacienda pero no con la Seguridad Social o con la normativa obligatoria de Industria".
Betancor ha señalado que en esta "batalla" cuentan con el apoyo de los sindicatos, porque "en definitiva" lo que persigue es "proteger la actividad y a las personas". "Estas actividades que se ejercen de forma clandestina, ilegal o sumergida no sólo hacen una competencia desleal a otro empresario, sino que están haciendo un mal a la sociedad", ha advertido.
Y es que los talleres ilegales no pagan sus impuestos, "no están cubiertos por un seguro de responsabilidad civil y tampoco tienen un seguro por la posible responsabilidad con terceros por malas prácticas". Además, tampoco "cumplen con las obligaciones con sus trabajadores".
Seguridad de las personas
Pero, el secretario de Femepa también ha reconocido que "si el consumidor no aceptara esta actividad, no habría economía sumergida, ni competencia desleal". "Cuanto más al sur de Europa vamos, aumenta el porcentaje de economía sumergida. Un escandinavo no se lo plantea, tiene mucha conciencia de cómo son las cosas", ha indicado.
Y es que Betancort ha recordado que esta batalla no tiene sólo que ver con la competencia desleal, sino con la seguridad de las personas. "Hay cosas que son necesarias permisos especiales, como la manipulación de gas, porque son peligrosos para las personas, tanto para el que lo instala como para el que lo consume. El no hacerlo legal pone en riesgo a las personas", ha alertado.
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