El promotor Federico Díaz de Aguilar ha asegurado este martes, durante el juicio celebrado en el Juzgado Número 5 de Arrecife, que no conocía la existencia de problemas legales en el Plan Parcial Playa Blanca, y que por eso construyó y vendió viviendas sin advertir a los compradores de la situación. Así ha respondido al requerimiento de varios de estos compradores, que han acudido a los tribunales para reclamar que la inmobiliaria Agueri les devuelva el dinero que entregaron como entrada de las casas, que han sido declaradas ilegales.
El plan estaba extinguido y fue recurrido por primera vez en el año 2003 por el Gobierno de Canarias, pero aún así los promotores siguieron adelante con su construcción, y ahora aseguran que ni siquiera conocían los procedimientos judiciales que se habían abierto. Para desmentirles, el abogado de los compradores ha aportado durante el juicio las actas de la Junta de Compensación del Plan Parcial en las que, entre los puntos del orden del día, se incluía la "situación jurídica" del plan. Y entre las firmas de los asistentes, se encontraba la de Federico Díaz de Aguilar. "No lo recuerdo. Yo quizá he firmado sin mirar", ha respondido el promotor durante el juicio, al enfrentarse a esos documentos.
Incluso, en una de las Junta fue su propio hermano, Ignacio Díaz de Aguilar, quien expuso los "riesgos que amenazaban los intereses" de los promotores. Sin embargo, y pese a que también consta su firma en una de las actas, Federico Díaz de Aguilar ha asegurado que tampoco lo recuerda.
"Ignacio Díaz de Aguilar era asesor de la Junta de Compensación, es hermano de Federico Díaz de Aguilar y le asesoraba a él jurídicamente. Es inconcebible que no estuvieran al corriente de estos problemas jurídicos", ha defendido el abogado de los compradores durante el juicio. Por eso, sostiene que "la parte vendedora ocultó a los compradores información que, de haberla sabido, no hubieran dado su consentimiento para adquirir una vivienda".
Sin embargo, la defensa de los promotores ha cargado contra los compradores, a los que ha acusado "de invertir en viviendas en Lanzarote y, con la llegada de la crisis", querer que "se les devuelva el dinero".
"Nos dijeron que no nos afectaba"
En su declaración, Federico Díaz de Aguilar ha afirmado ante el juez que los promotores "pensaban que todo estaba bien" y que "tenían los permisos del Ayuntamiento de Yaiza y el visto bueno del Cabildo", pese a que los procedimientos contra este plan parcial se iniciaron en 2003. Precisamente ese año, el Gobierno de Canarias recurrió un acuerdo plenario del Ayuntamiento de Yaiza en el que se aprobaba los estatutos y las bases de actuación para constituir la Junta de Compensación.
Posteriormente, en 2004, el entonces alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes (imputado por cohecho y prevaricación entre otros delitos), autorizó el proyecto de urbanización del plan parcial, que fue recurrido por movimientos ecologistas y por la Fundación César Manrique.
Asimismo, el Cabildo remitió al Ayuntamiento un requerimiento de anulación a la autorización que había concedido el primer edil. Pese a toda esta cronología de los procedimientos jurídicos en contra del plan parcial, Federico Díaz de Aguilar ha insistido en que lo desconocía. "Nos dijeron que cualquier problema que tuviera la urbanización no nos afectaba", ha afirmado. Incluso, ha asegurado que a día de hoy "no conoce" la sentencia que declara ilegal el Plan Parcial.
Según su testimonio, tardó cinco años en enterarse de los problemas legales. "Hubo un momento en el que comenzaron los problemas y se fue al Cabildo a preguntar". "La presidenta Manuela Armas permitió seguir con la construcción de las viviendas", ha asegurado, pese a que la propia ex presidenta indicó en 2008 que "al detectar que se había disparado el desarrollo en la zona, se decidió solicitar medidas cautelares para evitar, entre otras cosas, que siguiera aumentando la lista de perjudicados".
La declaración de un apoderado
Tras la declaración de Federico Díaz de Aguilar, ha entrado en la sala el apoderado de Agueri, Manuel Lago, que ha asegurado que el despacho de abogados de Ignacio Díaz de Aguilar comenzó a colaborar con este promotor "después del primer pleito que se inició" contra el Plan Parcial Playa Blanca. Cabe recordar que Ignacio Díaz de Aguilar está imputado en el "caso Reyes" por el presunto pago de sobornos al ex alcalde de Yaiza, supuestamente a cambio de la concesión de licencias ilegales.
En la misma línea que el promotor, Manuel Lago tampoco ha recordado si asistió a las Juntas de Compensación en las que se hablaba sobre los problemas jurídicos del plan parcial, pese a que su firma también consta en acta. "Quizá aparezco porque fui y firmé el acta, pero no me acuerdo", ha señalado. "Aparentemente el plan era espectacular, estaba casi acabado. A mí nunca se me ha informado de ningún pleito", ha indicado.
Según ha afirmado, coincidiendo con el testimonio de Díaz de Aguilar, se enteraron de la situación jurídica del plan "en mayo de 2008". "Les informamos a los compradores y les dijimos que el pleito estaba parado por parte del Cabildo, porque así era", ha afirmado Manuel Lago. "Les dijimos que les íbamos a entregar la casa con todos los papeles legales. La promotora estaba negociando con el Cabildo, hasta el punto de que el Cabildo paralizó los pleitos", ha afirmado, pese a que la realidad es que todos los recursos siguieron su cauce en los tribunales, que han terminado declarando ilegal el plan y las viviendas.
"Avisé a los compradores por teléfono"
Pese a la declaración del apoderado de Agueri, uno de los testigos ha asegurado que fue él quien avisó a los compradores de lo que estaba sucediendo. En aquellos años, estaba actuando como intermediario y vendía para Agueri estas viviendas en el País Vasco. Sin embargo, asegura que la promotora no le informó sobre estos procesos judiciales, por lo que no pudo avisar a los compradores.
"Yo también fui comprador de una de las viviendas. Me llegó en mayo o junio de 2008 el primer procedimiento cautelar. Entonces me dí cuenta de lo que pasaba. Me acerqué a la oficina de Agueri a preguntar, y me dijeron que no pasaba nada, que se solucionaría. Entonces, yo avisé por teléfono a los compradores para advertirles y que se enteraran", ha relatado.
Este testigo ha sostenido que "los vendedores eran conscientes de los problemas jurídicos antes de 2008". "Pienso que sí lo sabían", ha recalcado.
Otros testigos
Aunque tanto el promotor como el apoderado de Agueri han asegurado
que no conocieron los problemas legales del plan parcial hasta el año 2008, un testigo, ex secretario de la Junta de Compensación, ha reconocido que esta entidad conocía estos procedimientos desde 2004. "El asesor legal de la Junta era Ignacio Díaz de Aguilar. Él informaba de los problemas que tenía el plan", ha declarado.
Otro testigo, técnico del Cabildo de Lanzarote, ha asegurado que la Junta de Compensación tenía constancia de estos procedimientos desde 2003. "No sé si todos los miembros de la Junta conocían esta situación jurídica, pero supongo que deberían conocerla desde 2003", ha manifestado este testigo.
Este trabajador del Cabildo también se ha pronunciado sobre si existe la posibilidad de legalizar este plan parcial. "Los promotores lo tienen complicado porque ya hay sentencias firmes con licencias anuladas. El plan parcial está extinguido, por lo que entiendo que no se puede legalizar", ha insistido, al tiempo que ha dicho que "se podría llevar a cabo la demolición" de las viviendas, ya que eso es precisamente lo que plantea la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), fechada el pasado 27 de julio, en la que se confirma que todas las licencias del plan parcial son nulas y se abre la puerta a la demolición.
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