El Gobierno de Canarias y la Comisión de Asuntos Sociales de la Federación Canaria de Islas (FECAI) acordaron este viernes, reunidos en Fuerteventura, exigir al Gobierno central que agilice las pruebas óseas a los jóvenes inmigrantes llegados a Lanzarote para confirmar su minoría de edad, procedimiento previo que permite derivarlos a otras islas y atenderlos con dignidad.
La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, explicó que "de los 309 menores que hay en el Archipiélago -es una cifra variante porque cambia día a día-, 150 están en Lanzarote y, de estos, 120 todavía no tienen los resultados de la prueba ósea".
El resto han sido distribuidos ya entre las islas, pero para continuar con el reparto "es necesario que el procedimiento para establecer si un joven es o no mayor de edad sea más rápido, algo que no depende del Ejecutivo regional y que pospone el traslado de los jóvenes", apuntó la consejera.
Justo este viernes han partido hacia Tenerife 10 menores que ya tenían resultados de la prueba ósea, "pero el traslado debe hacerse con toda la prudencia, cumpliendo la ley y siguiendo las indicaciones que nos dicte la Fiscalía", precisó Valido. "No podemos meterlos en un avión sin determinar primero su minoría de edad, porque estamos convencidos, además, de que algunos que se declaran como menores de edad son adultos, y si esa realidad se confirma pasarían a otros dispositivos".
La consejera valoró "la colaboración de las distintas administraciones canarias, que ha puesto de manifiesto una vez más el espíritu de cooperación y acogida que caracteriza a la sociedad de las Islas".
En cambio, Valido volvió a mostrar su malestar por "la falta de sensibilidad por parte del Estado tanto hacia el Gobierno de Canarias como hacia el Cabildo de Lanzarote, que es la corporación que está dando la primera respuesta humanitaria ante la llegada de pateras con menores extranjeros a bordo".
Además, alertó de que el goteo de embarcaciones que se ha producido en los últimos tiempos "pone de manifiesto que el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) no está funcionando correctamente".
El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, se manifestó en el mismo sentido que la consejera. "Somos conscientes que tenemos que dar una respuesta a la acogida de los menores no acompañados, y en esa dirección vamos a seguir trabajando codo con codo para ofrecer un trato humano que no impacte negativamente sobre la población residente". Al mismo tiempo, "debemos exigir que el Gobierno del Estado esté aquí -porque no está- para hacer frente a una situación que todo apunta que va a seguir creciendo y a la que no se le puede dar la espalda como se ha hecho".
