31/may./2020

"ES LA SOLUCIÓN MÁS RÁPIDA", HA AFIRMADO

De Anta da un paso más para "agilizar" la regularización de la propiedad de las 70 viviendas de Valterra

La alcaldesa en funciones de Arrecife y el director provincial del ISM han suscrito el acuerdo para que el Ayuntamiento se haga cargo de la adjudicación a los vecinos

De Anta da un paso más para "agilizar" la regularización de la propiedad de las 70 viviendas de Valterra

La alcaldesa en funciones del municipio de Arrecife, Eva de Anta, y el director provincial del Instituto Social de la Marina (ISM) en Las Palmas, José Julián Suárez, firmaron este martes, en las dependencias municipales, el Acta de la reunión celebrada en mayo para regularizar la propiedad de las 70 viviendas de Valterra a favor de los vecinos.

“Este es un paso necesario para agilizar el procedimiento. Es la solución más rápida, que consigue el interés común y, sobre todo, la tranquilidad de los vecinos de las viviendas”, ha declara Eva de Anta, quien ha mostrado su "firme disposición" para que desde el Ayuntamiento se regularice la adjudicación a los vecinos.

Según ha informado el Consistorio, el acta señala que “dado que los terrenos sobre los que se ubica el grupo fueron cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento de Arrecife al ISM en 1951 y que los créditos otorgados para la adquisición de las 70 viviendas han sido totalmente amortizados, se propone la transmisión gratuita de las propiedades al Ayuntamiento de Arrecife”.

 

El Ayuntamiento se hará cargo de la adjudicación y de los gastos derivados


El Ayuntamiento de Arrecife afirma que se hará cargo de la adjudicación de las viviendas a los posibles beneficiarios y que correrá con los gastos y/o impuestos que se deriven de este procedimiento, en su caso. Para esta transmisión, indica que es necesaria la habilitación mediante disposición con rango de Ley.   

Según información difundida por la Delegación del Gobierno, "las 70 viviendas afectadas se construyeron en suelo donado por el Ayuntamiento de Arrecife financiándose por tres empresas conserveras, con el compromiso por parte de éstas -a través de un convenio con una duración de cuarenta años-, de que las viviendas fueran adjudicadas en atención a unas determinadas condiciones de pago a los trabajadores de las propias empresas conserveras y a trabajadores del mar". 

Al respecto, añade que el proceso judicial abierto para la resolución de este conflicto terminó en 2017, con una sentencia de la Audiencia Nacional por la que las viviendas pasaban a propiedad del patrimonio de la Seguridad Social.

 

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