El consejero de Turismo del Cabildo, Echedey Eugenio, ha calificado este miércoles de "capricho" el acuerdo que se adoptó el pasado 28 de julio en el Pleno del Cabildo, por el que se insta a los Centros Turísticos a rescindir el contrato de alquiler de un local en el puerto deportivo Marina Rubicón, declarado ilegal por la Justicia.
La moción fue presentada por Podemos, que había llevado una iniciativa similar a Pleno en dos ocasiones anteriores. Pero hace dos semanas consiguió que prosperara, al lograr el respaldo no solo de Ciudadanos y Somos Lanzarote, sino también del Partido Socialista, que se desmarcó de su socio de gobierno. Y es que tras conocerse esa misma semana que la sentencia del caso Yate ya era firme, el PSOE decidió apoyar la petición de Podemos e instar a los Centros a rescindir ese contrato.
Sin embargo, tal como adelantó en el Pleno, Echedey Eugenio ha dejado claro este miércoles que no se siente vinculado por ese acuerdo. "El pleno adopta un acuerdo que interfiere en las competencias de otro órgano de contratación", ha sostenido, confirmando que ya ha pedido un informe a los servicios de la EPEL. Además, ha comparado este caso con el del cierre de la avenida marítima de Arrecife. "Lo digo en serio, le he pedido a los compañeros que me pasen el informe jurídico del Ayuntamiento por si me puede valer. Es exactamente el mismo caso. Un acuerdo plenario que impone algo a quien no tiene competencias", ha señalado, refiriéndose a la moción que instaba a la alcaldesa a reabrir la avenida al tráfico, y que fue respaldada por los concejales de CC.
"Nadie me ha sobornado a mí ni a los Centros"
Según el consejero, la petición de que los Centros dejen de alquilar un local en un puerto deportivo ilegal "es jurídicamente igual" a lo que ocurre en la avenida. "Nadie me ha sobornado a mí ni a los Centros Turísticos para alquilar este espacio", ha sostenido, respondiendo así a las críticas por lo que supone ese contrato, que vincula la imagen de los CACT a la corrupción que rodeó la construcción de este puerto. Y es que tal como considera probado la sentencia del caso Yate, los dueños de Marina Rubicón sobornaron al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, para obtener esa licencia ilegal.
"Nosotros hemos alquilado un local en un espacio que nadie me ha dicho que no pueda estar abierto, ni ninguna sentencia, creo", ha insistido el consejero, que ha cuestionado que se "mezclen las cosas" y se "intente hablar de sobornos, de corrupción". Así, ha defendido tanto el alquiler del local, utilizado como oficina del Museo Atlántico, como la propia construcción de ese museo submarino. Un proyecto que nació rodeado de polémica por instalarse frente a este puerto deportivo, desde donde salen las embarcaciones para realizar la visita.
Precisamente a eso ha apelado ahora Eugenio para defender la necesidad de que los Centros alquilen un local justo en esas instalaciones. "Estamos pagando 500 euros por un local en la marina desde donde salen los barcos para ir al Museo Atlántico", ha señalado, invitando incluso a que le presenten "una oferta" de un local a ese precio "en un puerto de donde salgan los barcos con los submarinistas".
En cuanto a la utilidad del local, Podemos también ha venido cuestionando su necesidad, dado que las entradas para acceder al museo no se venden directamente a los usuarios, sino a través de los clubes de buceo. Y la mayoría de los clubes se ubican en Puerto del Carmen, por lo que tienen que desplazarse a Marina Rubicón a recoger las pulseras. Sin embargo, Eugenio ha defendido que "el local sí hace falta", señalando no solo que en él "se venden las pulseras", sino también que desde allí "se controla la salida de los barcos" hacia el museo.
"Seguro que en Arrecife hay algún local a 300 euros, pero no tiene sentido"
Respecto al importe del local, cabe recordar que el alquiler es de 500 euros, aunque a esa cifra hay que añadir otros pagos que estipula el contrato. Entre otras cosas, los Centros tienen que abonar el IBI correspondiente a ese local, así como una tasa de "mantenimiento" a la propiedad, de 2,4 euros por metro cuadrado. Y aunque Eugenio afirmó en el Pleno que el local tiene 20 metros cuadrados, en el contrato se recoge que mide 120, por lo que los Centros pagarían otros 288 euros por esa tasa de mantenimiento, además de otros "gastos y pagos a terceros", como "tasas o precios de servicios públicos que no sean girados individualmente".
"Seguro que en Arrecife hay algún local a 300 euros, pero no tiene ningún sentido vender las pulseras del Museo Atlántico en Arrecife", ha sostenido el consejero, tras señalar que en la zona donde se ubica no hay locales por ese precio. "Lo más barato que hemos encontrado es en el centro comercial que está a la entrada y está en 3.200 euros", ha asegurado, añadiendo que "probablemente Puerto del Carmen estemos en los mismos precios de alquiler".
Por eso, ha afirmado que "el capricho de algunos miembros del Pleno del Cabildo insular le puede costar a los Centros Turísticos del orden de 30.000 euros más al año" si se busca otro local. En cualquier caso, en principio es algo que el consejero no tiene intención de hacer. "Cuando venga el informe que hemos solicitado, veremos de quién es la competencia y cómo se tienen que hacer los contratos", ha señalado.
En cuanto a la ubicación que se eligió para el museo, cuando zonas como Puerto del Carmen son las que atraen a la mayor parte de submarinistas que practican este deporte en la isla, el consejero ha insistido en que era "la mejor zona" y "la que recomendaban las mareas". "En un sitio que era un arenal y donde no había vida, empieza a haberla", ha defendido.
El segundo contrato se firmó tras la primera sentencia de Yate
El contrato con Marina Rubicón se firmó hace dos años, para alquilar dos locales que sirvieron de taller a Jason deCaires mientras elaboraba las figuras del museo submarino. Meses después de que el museo estuviera ya inaugurado, los Centros seguían pagando por esos locales, pese a las denuncias que venía realizando Podemos. Finalmente, el pasado mes de abril rescindieron el contrato, pero el mismo día firmaron otro, para seguir alquilando uno de los dos locales, que ahora es utilizado como oficina de información del museo.
Ese segundo contrato se firmó el pasado 28 de abril, una semana después de que se conociera la sentencia de primera instancia del caso Yate, que declaraba ilegal el puerto y consideraba acreditado que recibió su licencia a cambio de un soborno. Esa sentencia fue declarada firme el pasado mes de julio, que es cuando Podemos consiguió que se aprobara su moción para instar a los Centros Turísticos a rescindir ese segundo contrato.
"Ya se verá si atiende esa petición, bajo mi punto de vista totalmente fuera de lugar", advirtió en ese Pleno el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, que afirmó que la moción aprobada, y que fue respaldada también por su socio de gobierno, "no deja de ser una declaración política de intenciones".
