La concejal Emilia Perdomo no firmó realmente las dos facturas que le implican en el caso "Montecarlo", pese a que su nombre aparecía en ambos documentos. Así lo ha certificado ahora el Ayuntamiento, después de que la edil pidiera explicaciones sobre el tema, al saber que la Fiscalía había pedido su imputación en la causa por haber firmado esas facturas presuntamente irregulares.
Tras publicarse esta noticia, Emilia Perdomo pidió una copia de las facturas en el Ayuntamiento y comprobó que la firma nada tenía que ver con la suya. Sin embargo, debajo sí aparecía su nombre.
Fuentes del Ayuntamiento de Arrecife, que han confirmado esta información a La Voz, sostienen que se produjo "una equivocación" de un técnico del Consistorio, al agregar un nombre que no correspondía debajo de la firma. Según ha confirmado ahora el Consistorio, el verdadero firmante de las facturas era un trabajador del área de Barrios, Blas Cedrés.
Tras realizar esta comprobación a instancias de Emilia Perdomo, el Ayuntamiento se ha dirigido al Juzgado para "aclarar el error", cometido a finales de la pasada legislatura, durante el gobierno de PP-PIL-PNL. En el escrito que el Consistorio remitió la pasada semana al Juzgado, adjuntan otros dos documentos, en los que constan la firma de Emilia Perdomo y la del técnico, para evidenciar a quién corresponde realmente la rúbrica de las facturas que están bajo sospecha en el caso Montecarlo.
Un proyecto de Barrios
Las facturas investigadas forman parte de una de las piezas del caso "Montecarlo", relacionada con la empresa Tunera Producciones. Entre otros pagos a la empresa, se investigaban estos dos, por importe de casi 15.000 euros cada uno.
La otra firma que figura en esas facturas es la del entonces concejal de Barrios, el ex edil del PP Lorenzo Lemaur, ya que fue su área quien contrató a esta empresa. El fiscal también había pedido la imputación de Lemaur en la causa, aunque ni él ni Emilia Perdomo habían sido citados todavía. Ahora, a la luz del escrito presentado por el Consistorio en el Juzgado de Instrucción, todo apunta a que la imputación de Emilia Perdomo podría no llegar a concretarse.
Al igual que en otras piezas del caso Montecarlo, la vinculada a estas facturas investiga presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental. La Fiscalía sostiene que no se cumplieron los cauces legales establecidos para la contratación de esta empresa y que, incluso, cobró por servicios presuntamente no realizados.
