El gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, negó durante su declaración ante el juez haber participado en la decisión de incautar la desaladora de Montaña Roja. Duchemín, que en esta causa se enfrenta a una nueva imputación por un delito de prevaricación, descargó la responsabilidad en el presidente del Cabildo y del Consejo, Pedro San Ginés, y en el abogado Ignacio Calatayud, al que San Ginés ha venido contratando durante su mandato como letrado y asesor externo de la Corporación.
"Yo no decidí sobre la incautación, supongo que el presidente se habría asesorado debidamente", respondió Duchemín a preguntas de la fiscal Laura Ordás. En su declaración, el gerente defendió que "la única participación que tuvo en el expediente" contra Club Lanzarote fue elaborar un informe previo, a petición de San Ginés.
A raíz de ese dictamen, el presidente firmó una resolución ordenando abrir un expediente sancionador a Club Lanzarote e incautar la planta como "medida cautelar". Sin embargo, Duchemín declaró ante el juez que él no propuso "medidas concretas a adoptar" y que eso "quedaba en manos del presidente". Efectivamente, Duchemín en su informe proponía abrir un expediente sancionador a la empresa por tres supuestas faltas leves y una menos grave y adoptar medidas cautelares, pero no concretaba qué tipo de medidas ni nombraba la palabra incautación. Esa palabra, apareció por primera vez en la resolución firmada por San Ginés al día siguiente, ordenando esa medida.
Después, el gerente sí firmó otra resolución para que se llevara a cabo la incautación y se entregara la planta a Canal Gestión, pero según él fue un acto "de mera ejecución". "Me limité a reproducir lo que había indicado el presidente", sostuvo ante el juez Jerónimo Alonso.
"No me consultó"
Según Duchemín, el presidente ni siquiera le "consultó las medidas cautelares que debían adoptarse". Sobre si San Ginés fue asesorado por el secretario del Cabildo, el gerente respondió que no lo sabe. Y también afirmó desconocer quién "acordó la decisión sobre la forma de llevar a cabo la incautación".
Tampoco "recuerda que se consultara al Consorcio" antes de ejecutar esta medida. Ni siquiera se visitaron previamente las instalaciones de Club Lanzarote. "Emití el informe el día 16 de septiembre y de mí no dependió lo rápido o no que se hizo después", respondió Duchemín al ser preguntado por la celeridad con la que se llevó a cabo el proceso, dado que entre su informe, la resolución del presidente y la ejecución de la incautación y la entrega de la planta a Canal Gestión, pasaron solo 48 horas.
Lo que sí se realizó según Duchemín es un informe posterior, tras haber incautado ya la desaladora. Al respecto, el gerente declaró que "le consta que había deficiencias", aunque "no recuerda exactamente las deficiencias que se detectaron".
San Ginés "puso a su disposición" a Calatayud
Junto al de Pedro San Ginés, el nombre que más repitió Hernández Duchemín durante su declaración fue el del abogado Ignacio Calatayud. Entre otras cosas, afirmó incluso que fue él quien le "asesoró" para elaborar el informe que dio lugar a la apertura del expediente a Club Lanzarote. Según el gerente, antes de abrir ese expediente, San Ginés "puso a su disposición al asesor jurídico del Consorcio de Aguas, llamado Ignacio Calatayud".
Entre otras cosas, dijo que Calatayud fue quien le "asesoró" para poner en ese informe que Club Lanzarote no tenía autorización para producir agua, porque se le había denegado la solicitud de prórroga "por silencio administrativo". En el auto en el que ordenó admitir a trámite esta querella, la Audiencia Provincial llegaba a tachar de "sorprendente" este argumento. "Escudar la ausencia de autorización en un previo incumplimiento no parece de recibo", sostenía, recordando que "la administración tiene obligación de resolver". Además, añadía que en cualquier caso la denegación no era firme, ya que la empresa tenía derecho a presentar un recurso en los tribunales.
Por este tema también fue preguntado Pedro San Ginés en su declaración, aunque él no apuntó a Calatayud, sino a Duchemín. "Creo que ese criterio me lo dio el propio gerente del Consejo Insular", señaló al ser preguntado sobre por qué puso ese argumento en su resolución ordenando la incautación. A continuación, agregó que en cualquier caso lo consideraba "irrelevante", porque en su opinión lo importante es que Club Lanzarote no tenía "autorización para la venta de agua a terceros".
Lo que sí admite Duchemín que hizo sin asesoramiento fue señalar en su resolución "ejecutiva" que la planta se entregaría al Consorcio y por tanto a Canal Gestión. Según su declaración, el Consorcio del Agua era "el órgano competente" para hacerse cargo de la desaladora", pero carecía de "personal propio", y por eso se entregó a Canal Gestión Lanzarote. Según él, lo hizo porque esa empresa "tenía una concesión" (tras la privatización de la antigua Inalsa) y "disponía de la capacidad necesaria para explotar las instalaciones".
Gerente al menos hasta el pasado viernes
En cuanto al expediente sancionador, Duchemín declaró en el Juzgado que inicialmente San Ginés le nombró a él como instructor, pero agregó que "se limitó a realizar unas primeras diligencias" y después fue sustituido por otro funcionario, ya que él se acogió a una baja médica. El expediente se abrió en septiembre de 2014 y Duchemín está de baja desde finales de enero de 2015, poco después de declarar como imputado en el caso Stratvs y de que la juez ordenara abrir nuevas diligencias contra él por presunta incompatibilidad en los distintos cargos que ocupa en el Cabildo.
En su declaración en el Juzgado, Duchemín aclaró que aunque se encontraba de baja, hasta ese viernes seguía siendo gerente del Consejo de Aguas. Cabe recordar que se acaba de nombrar un nuevo gerente para el Consejo, elegido por el procedimiento de "libre designación". El nombramiento se publicó este viernes en el Boletín Oficial pero ahora falta la firma del contrato para hacer oficial la designación.
