La investigación de la Udef en el caso Yate no encontró pagos ni movimientos económicos que evidenciaran el cobro de comisiones ilegales por parte del ex alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, por lo que solo deberá responder por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística. Sin embargo en otra causa, el caso Unión, sí se encontró documentación sobre pagos vinculados a la "gestión" de al menos una de las licencias ilegales que harán sentarse en el banquillo a Hernández. Y se trata de pagos "oficiales", revestidos de "legalidad" e incluso con un contrato firmado.
Quien recibió ese dinero fue una de las empresas de Dimas Martín, Gestión y Desarrollo Gaida S.L., que cobraba por realizar "gestiones" para la obtención de licencias en Costa Teguise. Y todo ello en un periodo en el que el PIL gobernaba en el municipio bajo la Alcaldía de Juan Pedro Hernández, que en aquella época pertenecía al entorno más cercano de Dimas.
Sólo entre 2001 y 2003, la empresa de Dimas facturó al menos medio millón de euros por esos servicios de "gestión" de licencias, y la mayoría de los pagos fueron realizados por el empresario andaluz José María Rosell, dueño del Grupo Hoteles Playa y beneficiario de una de las licencias por las que está imputado Juan Pedro Hernández en el caso Yate, que ya ha entrado en la recta final para ir a juicio.
"Cuantos trámites sean precisos"
Rosell firmó un contrato el 22 de febrero de 2001 con la empresa de Dimas, en el que ésta se comprometía a "llevar a cabo cuantos trámites sean precisos ante los organismos correspondientes, especialmente Oficina del Plan de Ordenación de Lanzarote, dependiente del Cabildo de la isla, Consejerías de Política Territorial y de Turismo de Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Teguise, hasta conseguir la obtención de las licencias de construcción" en dos parcelas de su propiedad.
Ese mismo día, Rosell entregó dos pagarés por importe de 270.455 euros, que fueron ingresados en la cuenta de la empresa de Dimas Martín. Nueve meses después, Juan Pedro Hernández concedió a Rosell los permisos que solicitaba para una de esas parcelas, la 216. Y lo hizo sin contar con un informe jurídico ni técnico del Ayuntamiento y sin haber solicitado siquiera el informe de compatibilidad al Cabildo.
La licencia (prórroga de una anterior concedida también de forma ilegal en 1999) fue anulada después por los Tribunales y ahora es una de las que llevarán a juicio al ex alcalde por prevaricación.
Pagos a Fernández Camero por asesoramiento
Lo que sí tenía Juan Pedro Hernández cuando concedió la prórroga de esa licencia, según la UCO, era un informe que el abogado Felipe Fernández Camero había elaborado para la empresa de Rosell. En el caso Unión, los agentes encontraron incluso la factura por la realización de ese dictamen "sobre la vigencia de la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Teguise para construir un hotel de cinco estrellas en la parcela 216 de la urbanización Costa Teguise". Una vigencia que realmente no existía, tal como determinaron después los Tribunales.
La factura por los "servicios jurídicos" de Camero fue pagada directamente por la empresa de Dimas. En total, a través de la sociedad Adelfas 24 S.L., el abogado recibió dos pagarés: uno de 2.126 euros y el otro de 1.890 euros, correspondientes a las minutas por realizar el informe sobre la parcela 216 y otro sobre la 232, también propiedad de Rosell.
En el contrato firmado con José María Rosell, se establecía que los 270.455 euros que recibió la empresa de Dimas se destinarían a "los gastos que se produzcan como pago a los diferentes organismos por derechos o tasas de la obtención de licencias", quedándose el líder del PIL con unos "honorarios de un 10 por ciento de la liquidación final que resulte". Sin embargo, el único "gasto" que localizó la UCO vinculado a esas supuestas gestiones de la empresa de Dimas fueron los pagos a Camero.
En el caso Yate, Felipe Fernández Camero estuvo imputado como presunto "cerebro" de la trama de concesión de licencias ilegales tanto en Costa Teguise como, especialmente, en Playa Blanca. La Fiscalía le señalaba incluso como el inductor de la conducta presuntamente delictiva del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, aunque esa imputación se terminó archivando por falta de pruebas que acreditaran su asesoramiento.
Sin embargo, sí continúa imputado en una pieza separada de Yate por malversación, precisamente por el dinero que recibió del Ayuntamiento sureño sin que consten trabajos que justifiquen los pagos. Además, está imputado también en el caso Unión por su etapa como secretario del Consistorio de Arrecife.
Otras "intermediaciones" de Dimas
Al margen de los 270.000 euros que cobró la empresa de Dimas por las gestiones relativas a dos parcelas de Rosell, el líder del PIL también recibió otros pagos de cientos de miles de euros del mismo empresario por gestiones similares en otras de sus propiedades. Además, la empresa de Dimas firmó contratos con otras sociedades. Uno de ellos, con Urincasa S.A., que pretendía conseguir una prórroga de la licencia para construir 372 apartamentos en Costa Teguise.
En el contrato, Urincasa se comprometía a entregar 180.304 euros iniciales y otros 300.506 euros "previa presentación de la factura a la renovación definitiva de la licencia correctamente legalizada". El 1 de marzo de 2003, se ingresaron los 180.304 euros en la cuenta de Gestión y Desarrollo Gaida S.L., aunque no hay constancia del otro pago.
En la documentación que forma parte del sumario del caso "Unión" figura al menos una operación similar con otra empresa en Arrecife, donde en aquella época también gobernaba el PIL, bajo la Alcaldía de María Isabel Déniz. En aquel caso, se acordó por escrito una comisión de casi 50.000 euros por intermediar en la compraventa de una clínica, ubicada en una parcela a la que según la UCO, se le pretendía cambiar el uso en el Plan General.
