La defensa de José Montelongo considera que el cierre de la instrucción del caso Montecarlo ha sido "prematuro y precipitado" y, según los recursos difundidos este martes por el todavía alcalde de Arrecife, no solo pedirá el sobreseimiento de su imputación. También, de forma subsidiaria, reclamará que se reabra la causa y se practiquen nuevas diligencias. En su escrito, la defensa recuerda además que la última vez que fue citado en los Juzgados, Montelongo se acogió a su derecho a no declarar, alegando que no había tenido tiempo de analizar la última documentación que se aportó a la causa, procedente del Ayuntamiento. Sí declaró en noviembre de 2013 y en junio de 2012, cuando se le citó por primera vez como imputado.
Entre otras cosas, con las nuevas diligencias que solicita, la defensa de José Montelongo pretende saber quién presentó la denuncia que dio origen a esta causa, que se inició por una denuncia anónima que llegó a Fiscalía. En el escrito, recuerda que recientemente ya planteó una solicitud y el pasado 1 de abril el Juzgado se dirigió al Ministerio Fiscal "pidiéndole que informara respecto de la identidad de la persona o personas que presentaron la denuncia" y "de si quedaba constancia en algún registro del funcionario que recogió la denuncia o cualesquiera otros datos por los que pueda identificarse a la persona denunciante".
En su respuesta, el pasado 19 de abril, la Fiscalía contestó que "no es posible facilitar datos de identidad de la persona que presentó la denuncia", dado que tal como consta en las diligencias, "se iniciaron como consecuencia de un escrito-denuncia anónimo". Aunque se desconoce la identidad del denunciante, los datos que aportó en la denuncia siempre han hecho intuir que partió de alguien que está dentro del Consistorio, posiblemente de un trabajador.
Ahora, la defensa del todavía alcalde insiste en este punto y considera que el Ministerio Fiscal debe "identificar al funcionario que recogió dicha denuncia-anónima" en los Juzgados, para que "declare en calidad de testigo y poder preguntarle, entre otras cosas", por qué no dejó constancia de la identidad del denunciante, ya que considera que eso "menoscaba o limita el derecho de defensa".
Pide que declare una veintena de concejales
Además, la defensa de Montelongo también considera necesario que se llame a declarar en calidad de testigos a más de 20 concejales que intervinieron en los Plenos en los que se reconocieron y se aprobaron los pagos de las facturas investigadas, por los que está imputado Montelongo como concejal de Hacienda.
"Resulta absolutamente insostenible, dicho sea con los debidos respetos, pero con la mayor contundencia, que se sostenga en el auto recurrido (dictado por el juez instructor) que mi representado indujo al resto de concejales del grupo de gobierno de la Corporación para que votaran a favor de dichos acuerdos, cuando esto ni por asomo es cierto, siendo ésta una conjetura o sospecha del instructor, que sorpresivamente introduce ex novo en el auto recurrido, cuando durante los cuatro años que ha durado la instrucción de la presente causa, ni el Ministerio Público ni la Acusación Particular ni ninguno de los cinco instructores que ha conocido de la causa (incluido el actual) ha reflejado en escrito, informe o resolución alguna lo que ahora inopinadamente se incorpora a una resolución tan trascendental como lo es el auto de transformación, y, más aún, cuando tal aserto carece de sustento indiciario objetivo alguno en las actuaciones", sostiene el escrito de defensa difundido por Montelongo.
En su auto, el juez señalaba que el interventor, Carlos Sáenz, y José Montelongo como concejal de Hacienda, "indujeron" a los ediles del grupo de gobierno a emitir un voto favorable, "aprovechándose de que no disponían materialmente de las facturas que iban a ser abonadas para comprobar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos, sino únicamente una relación con importes y beneficiarios, y las indicaciones verbales y escritas por parte de ambos de que el expediente, y los listados de facturas, estaban confeccionados conforme a la ley".
Según el juez, "así lo vienen a corroborar" las declaraciones de tres de los concejales que intervinieron en esos plenos (María Teresa Lorenzo, Blanca María Blancas y Juan Jesús González Docal), que fueron citados como testigos en esta causa. Sin embargo, la defensa de Montelongo reproduce parte de ésas declaraciones para asegurar que en ellas "se advierte todo lo contrario a lo que inusitadamente consigna el juez instructor". Así, insiste en que no hay ninguna "diligencia de investigación" que permita "sustentar, siquiera a título de hipótesis, que mi representado indujera al resto de concejales a obrar en tal sentido".
Al respecto, la defensa de Montelongo llega a afirmar que solo existe una "empecinada y obsesiva teoría conspirativa que argumenta la Fiscalía". Y en cuanto al magistrado, señala que en lo que respecta al alcalde, sus autos se basan "en meras conjeturas o sospechas" y "no se compadecen lo más mínimo con las diligencias practicadas y además no se ajustan a la realidad, y, por ende, no son ciertos en modo alguno". En esos autos, el juez señalaba que existen indicios de delito para llevar a juicio a José Montelongo por presuntos delitos malversación, fraude y prevaricación, exigiéndole además una fianza de 1,9 millones de euros.
"Si ellos no deben ser imputados, tampoco mi representado"
Según la defensa de Montelongo, su actuación como concejal de Hacienda fue "exactamente idéntica a la de todos los concejales que participaron en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Arrecife" donde se aprobó el pago de las facturas investigadas. "Si ellos no deben ser imputados, tampoco debe serlo mi representado", sostiene, asegurando que la única diferencia es que José Montelongo firmó después la orden de pago, cumpliendo el mandato del Pleno. Al respecto, el juez instructor mantiene que la participación de Montelongo se inició antes, al intervenir en la elaboración del listado de facturas que se llevaron a ese Pleno, junto con el interventor Carlos Sáenz.
Además, el magistrado señalaba que existía una advertencia expresa del tesorero, Antonio Cabrera Panasco, que informó por escrito de que se estaba incumpliendo el orden en que debían autorizarse los pagos. Por su parte, la defensa afirma que el juez "yerra" en su auto y sostiene que las facturas que fueron a Pleno "contaban con un informe favorable de Tesorería".
Algunas de esas facturas, según subraya la defensa, ya habían sido reconocidas previamente y aprobadas por el anterior concejal de Hacienda, y se llevaron a Pleno para "poder acogerse el Ayuntamiento a la financiación del Instituto de Crédito Oficial". Otras no lo estaban, por lo que se dejó el reconocimiento de esas facturas en manos del Pleno. "Con independencia de que no se respetaran las formas en la contratación por los respectivos concejales que suscribieron el gasto, todos y cada uno de los gastos incluyeron informes técnicos que confirmaban la realidad del mismo, lo que evidencia su absoluta legalidad", mantiene la defensa de Montelongo, que afirma que "a diferencia de lo que se dice en el auto recurrido sin sustento alguno", todas las facturas "contaban con todos los informes favorables para su pago".
