Mario Pérez sigue sin declarar ante el juez en relación con el llamado caso Inalsa, que investiga la gestión y quiebra de la antigua empresa pública de aguas. El que fuera su consejero delegado entre 2005 y 2007 había sido citado en los Juzgados este martes, después de que su declaración como investigado en esta causa se hubiera suspendido ya dos veces. Sin embargo, esa declaración finalmente no se ha producido, ya que ha vuelto a suspenderse, por tercera vez.
Pérez, que actualmente ostenta el cargo de director insular de Educación, ha confirmado a La Voz que no ha llegado a desplazarse a los Juzgados, puesto que antes le han avisado por teléfono de que esa declaración no se produciría. El ex consejero delegado ha afirmado también que desconoce los motivos de la suspensión y que por el momento desde el Juzgado no se le ha citado en una nueva fecha. Tras estas tres citaciones frustradas, Mario Pérez ha aseverado que "en ningún caso" se han suspendido las declaraciones a petición de su defensa.
Junto con el actual director de Educación, que fue imputado el pasado mes de mayo, se había citado también al que en su día fue gerente de Inalsa, Pedro Márquez. Los nombres del político de CC y del ex gerente, se suman a los de Plácida Guerra, que también fue consejera delegada de Inalsa y Rafael Elorrieta, antiguo gerente de la empresa. Ellos fueron los primeros dos imputados que se conocieron en esta causa. Además, tanto Guerra como Elorrieta tienen ya una condena relacionada con su gestión de Inalsa, en este caso en la pieza del caso Unión por los pagos por servicios no prestados a Franciso Rodríguez Batllori, por la que ambos tienen una inhabilitación de 8 años para empleo o cargo público.
En el caso de Pérez, estuvo al frente de la empresa pública entre 2005 y 2007. Durante ese periodo, Inalsa fue condenada a pagar una cantidad millonaria a la Unión Temporal de Empresas Edam Janubio, por haber incumplido el contrato que suscribió con esa agrupación de empresas para la construcción de una desaladora en el sur de Lanzarote.
Esta causa surgió de una denuncia presentada por Alternativa Ciudadana, que está personada en el proceso como acusación popular. Entre otras cosas, el partido denunció que se destinara parte del dinero obtenido con la privatización de Inalsa a pagar las deudas de la empresa, de las que podrían haber tenido que responder personalmente los políticos que intervinieron en los últimos consejos de administración.
Dentro de este procedimiento, el Juzgado ya solicitó al Registro todas las cuentas de Inalsa desde el año 2006. Por su parte, la Fiscalía pidió, entre otras cosas, que se comprobara si había gastos no justificados y que se verificara si el dinero que se destinó a reparaciones se invirtió efectivamente en esos arreglos. El juez declaró la causa compleja el pasado mes de abril de modo que, según la nueva legislación, tiene desde entonces 18 meses para instruirla.
